noviembre 24, 2020

Acerca del derrumbe del Tribunal Supremo Electoral

No hubo el criterio institucional suficiente para incorporar la noción de interdisciplinariedad en el tratamiento de los temas y conflictos para no reducirlos a temas jurídico-administrativos.

La labor del Tribunal Electoral Plurinacional se ha detenido intempestivamente. Como un castillo de naipes la institucionalidad precaria se ha derrumbado producto de la incapacidad personal de los Vocales para entender el sentido estratégico de su misión en torno a la construcción institucionalizada de la Democracia Intercultural. Sin embargo, los síntomas del descalabro han transcurrido a través de la vida institucional a lo largo de estos casi cinco años de gestión, en los que podríamos señalar algunas afecciones evidentes desde el principio.

Para empezar, no se definió en equipo colegiado de Vocales las tareas estratégicas que tocaban impulsar, no hubo una introducción necesaria al tamaño de la responsabilidad que les tocaba desempeñar y cada uno de ellos asumió la tarea de aparentar que sabían y conocían lo que debían hacer, bajo pena de ser vistos como no “los mejores para desarrollar esa responsabilidad”. Menos aún se organizó equipos de trabajo con el personal, para acometer y pensar los desafíos. Lo que ocurrió es que en este contexto rápidamente se impusieron las jerarquías y los privilegios como una suerte de justificación de que el poder otorgado es un privilegio ganado y no un servicio.

En ese camino, no se definieron los objetivos colectivos y las responsabilidades individuales que debe poseer toda institución. Existió una carencia total de liderazgo interno que se tradujera en un liderazgo institucional en la opinión pública. Los niveles de decisión no se encontraron definidos, en parte por la ausencia de reglamentación, que permita que los canales jerárquicos fluyan a través de la estructura de decisión acordada y no a través de las ocurrencias personales de cada vocal. No se logró una adecuada compatibilidad entre capacidad profesional y oportunidad (problemática planteada en la CPE) que permitiera que la mejor gente asuma mayores responsabilidades en la construcción institucional, sin dejar de lado la oportunidad de que sea nueva gente la que tenga la posibilidad de trabajar y aportar.

El personal de la antigua CNE, y también el nuevo puesto por cuoteo, no tuvo compromiso con el naciente OEP, porque además no se los buscó involucrar por falta de liderazgo en la institución, y asumieron como prioridad la mantención del espacio laboral, antes que proponer e innovar. Los sectores más conservadores y el personal antiguo encontraron más viable la sostenibilidad de lo anterior, que en la práctica defiende y multiplica la misma manera de hacer y organizar el trabajo.

No existió una adecuada comprensión de las responsabilidades de área, que respete la especificidad y la especialidad sobre determinados campos, y en definitiva, áreas administrativas llegan a tomar decisiones sobre temas comunicacionales o de capacitación. En estas y otras áreas hubo demasiados espacios de improvisación ya que cada vocal se asumía como experto en estrategias y anulaba la opinión de los equipos profesionales, generando que los procesos en temporalidad nunca fueran oportunos. No hubo el criterio institucional suficiente para incorporar la noción de interdisciplinariedad en el tratamiento de los temas y conflictos para no reducirlos a temas jurídico-administrativos, que era muy propio del antiguo proceso.

Esto ocurría en el espacio nacional pero, además, como parte de esta inseguridad institucional, se centralizó todavía más el nivel de decisión y dependencia respecto a los TEDs. En la etapa final este desencuentro generó problemas electorales. Es el caso de Chuquisaca (consultas van y vienen y nadie decide). También en el de aplicabilidad de resoluciones como la 71, que tuvo votación dividida en Cbba. para su aplicación, amenazando el TSE con sanciones graves a las vocales disidentes.

Claro, el contexto político de este inicio institucional no era de los mejores, pues en un país donde es evidente la construcción hegemónica de una mayoría, las minorías políticas buscaban impugnar al árbitro y echarle la culpa de sus derrotas pasadas y futuras. No hubo capacidad de respuesta institucional, por la imposibilidad de acuerdo interno, más aún, se sucedieron los errores y las salidas individuales de cada vocal para darle la razón a los interpelantes sobre la incapacidad mezclada con parcialidad del Tribunal Supremo Electoral.

De esta manera, era un misterio para la opinión pública el perfil institucional de la OEP, más allá de lo que la ley dice. No existió una estrategia comunicacional que posicionara temas porque no había acuerdo al respecto y, más que un plan referencial, se improvisaba sobre la marcha en función de los procesos electorales. Así, el apoyo inicial ofrecido desde distintos espacios, terminó al margen y confundido, desde la cooperación internacional que deseaba apoyar para el impulso democrático de la Democracia Intercultural, hasta organizaciones e instituciones de la sociedad civil que buscaban canales de acompañamiento voluntario para involucrarse y que nunca se abrieron desde el TSE, a no ser de forma muy limitada desde el SIFDE.

También nos referimos claramente a los señalamientos de la propia ley que dice relación a la necesidad de coordinar responsabilidades con los otros órganos del poder público que sólo se limitaron a instancias de negociación con el TGN sobre los recursos de funcionamiento. Esto, sin embargo, fue otro factor limitante para desplegar la labor del naciente OEP al nivel de la misión que se le otorgaba, pues se mantuvieron serias limitaciones administrativas –por falta de perspectiva– que fiscalizaban el presupuesto en función de la antigua CNE y su administración electoral y no del OEP. Es decir que el propio Estado, en otras instancias, no entendía el rol estatal que debía realizar el OEP, limitándose a negociar recursos electorales, dejando prácticamente de lado una real inversión en Democracia Intercultural, situación claramente complementada con la incomprensión institucional del Tribunal Supremo Electoral.

En definitiva, se ha optado por un proceso de acomodamiento respecto a lo realizado anteriormente por la CNE. No se han generado los espacios de reflexión, debate y propuesta para crear un proceso de transición institucional hacia la tarea constitucional encomendada. Una visible consecuencia de ello es que se privilegiaron las compras de lujo antes que las necesidades institucionales. Nuevas movilidades, personal de servicio para cada vocal, tour de viajes al exterior e interior del país, mientras la mayoría de la institución carecía de computadores modernos o recursos para impulsar ideas nuevas de un organismo en construcción. Lo propio ocurría con el presupuesto para las TEDs donde se realizaba efectivamente el trabajo electoral y de construcción institucional local.

En este mar de problemas estructurales que devienen del principio y que generaron un proceso acumulativo, se puede entender la consecuencia final. Como dice el dicho y para “no arrojar al niño con el agua sucia”, o sea, confundir a la naciente institucionalidad de la Democracia Intercultural con el fracaso institucional de quienes fueron sus administradores, es conveniente admitir algunos avances que se realizaron en este periodo y que deben ser ponderados y tomados en cuenta en la nueva etapa que se impulsa con el nombramiento de nuevos Vocales al TSE. Nos referimos, por ejemplo, a que en estos cinco años se ha reglamentado la participación equitativa de género en las candidaturas de los partidos a las elecciones nacionales y subnacionales. También el TSE ha administrado la primera elección de magistrados supremos con reglas que son un esfuerzo de encuentro en Democracia Intercultural, donde el resultado de los candidat@s elegid@s es otro tema a evaluar como parte de la crisis de la justicia y que nos permite reflexionar en que no es suficiente cambiar a las personas, si ello no se acompaña de cambios reales en la institucionalidad y la gestión.

Otro evento importante es que se ha realizado el primer proceso de acompañamiento en Consulta Previa del TIPNIS, como otro aspecto institucional nuevo en Democracia Intercultural. En ese camino de la nueva actoría política de los IOCs y de la Democracia Comunitaria, se ha realizado el acompañamiento presencial y de gabinete de los cinco procesos de autonomía indígena en proceso en el país, generándose las condiciones para que dos de ellas puedan realizar su referéndum en septiembre, como etapa final del proceso.

Con algunos sobresaltos se aprobó el nuevo mapa circunscripcional del país. Aunque habría que admitir que no se registró ningún avance propuesto por el TSE para cambiar la condición limitada de las circunscripciones indígenas. Además, se ha organizado por primera vez la votación masiva de nuestros compatriotas en el exterior en 36 países donde tenemos presencia consular, apoyando el orgullo de la identidad y de ciudadanía de bolivianos /as que ya no viven en el país pero siguen siendo parte del mismo.

Se ha inaugurado el Instituto para la Democracia Intercultural (IDI) por parte del SIFDE, en el que se trabajará la temática de manera académica y como centro de formación ciudadana. De esta manera se acompañó la creciente demanda de las Organizaciones Sociales y Partidos Políticos para impulsar procesos de formación de ciudadanía política e Intercultural en Democracia Intercultural. Desde este mismo Instituto se realizó el acompañamiento y la propuesta para que finalmente se institucionalice la Democracia Intercultural en la curricula escolar con el Ministerio de Educación. Falta aún desarrollar los contenidos propuestos.

Durante más de un año, y con el apoyo de organizaciones internacionales, el SIFDE con una alianza muy amplia, elaboró, con amplias consultas y consensos, un borrador final de Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas que lamentablemente no fue tratado por la antigua TSE y aguarda su tratamiento deliberativo para seguir construyendo una Democracia cada vez más Intercultural.

Finalmente, a través del SIFDE se han publicado y distribuido decenas de libros referidos a la temática de la Democracia Intercultural, así como cientos de folletos y publicaciones para el debate democrático. Se han organizado a nivel nacional foros deliberativos entre candidatos/as, encuentros de líderes e intelectuales IOCs para profundizar su participación política. Lo propio con organizaciones de mujeres y de jóvenes para reforzar su actoría política.

De cara al proceso que reinstitucionalización que vivimos será conveniente realizar una adecuada evaluación del proceso anterior para recuperar algunas pistas y reconocer los errores cometidos para entonces trabajar las propuestas que, vuelvo a insistir, no sólo se tratan de aplicación de la ley –que además deberá ser modificada en el futuro para dar lugar a una normativa más intercultural– sino de voluntad política institucional de quienes siendo nuevos Vocales sean capaces de recrear la institución para devolverle legitimidad y un liderazgo necesario para avanzar en la construcción de la Democracia Intercultural.


* Juan Carlos Pinto Quintanilla, Sociólogo. Ex Director Nacional del SIFDE-OEP / Sociólogo. Ex Director Nacional del SIFDE-OEP

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