noviembre 25, 2020

Hay que separar la política de la acción de las grandes empresas

En Chile hay un consenso bastante elevado respecto de la necesidad de cambiar la Constitución de 1980, promulgada por Pinochet.

Rodrigo Ruiz, director del periódico chileno El Desconcierto, de visita en nuestro país, se detiene unos minutos para conversar con La Época acerca de la coyuntura política chilena: los casos de corrupción que afectan a La Moneda, las movilizaciones de estudiantes y docentes, el juicio de La Haya y la necesidad de refundar el país.

Javier Larraín (JL).- En la última encuesta CADEM realizada en Chile se señala un 24% de aprobación al gobierno de la presidenta Bachelet, cumpliendo con ellos 35 meses a la baja, ¿a qué se debe tan bajo apoyo?

Rodrigo Ruiz (RR).- Se debe principalmente al llamado “caso CAVAL”, en el que su hijo aparece directamente involucrado en una compra de terrenos en una localidad cercana a Santiago obteniendo un crédito de 10 millones de dólares del Banco de Chile, institución que pertenece al principal grupo económico chileno y sobre el cual siempre se ha dicho, y hay antecedentes bastante fundados, de que tiene unas relaciones con el gobierno actual bastante profundas y podríamos decir –estirando un poco el término– incestuosas.

Entonces este caso muestra al hijo de Bachelet vinculado a operaciones bancarias de una manera bastante turbia, a lo que habría que sumar el muy mal manejo comunicacional de La Moneda en esta situación.

JL.- Un segundo caso que ha puesto en jaque a la clase política de ese país es el “caso SOQUIMICH”, ¿cuál es su profundidad?

RR.- Ese caso es bien curioso y bien importante porque precisamente SOQUIMICH, que es una empresa que explota minerales no metálicos en el norte de Chile, fue privatizada por Pinochet y dejada en manos de quien entonces era su yerno, Julio Ponce Lerú.

Actualmente la empresa es una especie de poder fáctico, tiene en sus archivos las boletas y los pagos a una cantidad importante de políticos y si quisiera tomar la decisión de hacerlos públicos podría echar por tierra la carrera de más de uno.

La cuestión se complicad cuando una empresa privada, con ese tipo de vinculaciones familiares, tiene en su poder semejante capacidad de afectar la estabilidad del sistema político chileno. Ahora, el problema es mucho más de fondo y tiene que ver con que en Chile, y esa es una de las transformaciones neoliberales, se encareció mucho la vida política, la carrera política, no cualquiera puede ser político y la forma de acceso a la política institucional era, entre otras, el dinero y el dinero estaba en las empresas privadas, no había formas de financiamiento estatal o muy menores. Eso hace que asumamos el comportamiento de la sociedad chilena según rasgos neo oligárquicos donde el poder del dinero se expresa sobre el conjunto de la sociedad con mucha profundidad.

Hay que construir una política nueva, bajo nuevas bases, hay que refundar la política chilena, y uno de sus primeros rasgos que vemos con más claridad es éste, separar la política de la acción de las grandes empresas.

JL.- Recientemente la presidenta Bachelet habló de cambiar la Constitución, ¿cuáles son los mecanismos que se prevén?

RR.- En Chile hay un consenso bastante elevado respecto de la necesidad de cambiar la Constitución de 1980, promulgada por Pinochet. Es una estaca clavada en el corazón de la democracia chilena, no se puede hablar de una auténtica democracia con una Constitución dictatorial, de modo que es más o menos amplio el acuerdo de que es necesario cambiar la Constitución.

Donde la discusión se pone árida es en los mecanismos. Desde los sectores más conservadores se han planteado que esos mecanismos estén secuestrados por elementos de la institucionalidad política como el Congreso, aspectos que por lo demás están bastante desprestigiados y son muy poco representativos. En el otro extremo, que es el más de izquierda y de los movimientos sociales, está la Asamblea Constituyente.

En la cadena nacional de hace algunas semanas atrás Michelle Bachelet dijo que en septiembre de este año van a activar un mecanismo constitucional –la palabra es bien extraña–, pero no se la jugó por ningún mecanismo en particular, habló de cabildos y de que van a escuchar a la ciudadanía, sin nombrar mecanismos.

JL.- ¿Cuánto pudiera agravarse la crisis de credibilidad y legitimidad del sistema político chileno si la nueva constitución se realizara por medio de un mecanismo excluyente?

RR.- Es relativo, la cuestión constituyente es un tema de amplio reconocimiento pero la necesidad de que sea un mecanismo participativo, abierto, de soberanía popular, no está lo suficientemente extendido en la sociedad chilena como para que sea un factor decisivo en términos de cómo se dirime la legitimidad del Ejecutivo, de la Presidenta en particular.

Hoy día la crisis política tiene que ver más con la cuestión de la corrupción, con los turbios manejos de dinero y política que con un cierre en el tema constitucional. La mayoría del pueblo chileno todavía no ha abrazado el tema de la constituyente y es ese el principal desafío que tenemos los que pensamos que tiene que haber una Asamblea Constituyente.

JL.- En estos días hemos visto movilizaciones de profesores y estudiantes, ¿cuáles son las demandas en el área educativa que Chile no ha logrado resolver?

RR.- Hoy día lo que está ocurriendo es que la reforma a la educación no ha logrado funcionar como debe, entonces tienes distintas trabas, por un lado una que tiene que ver con la indisposición de los gobiernos a escuchar a los movimientos sociales –y los estudiantes reaccionan mucho frente a eso–, y por otro, una crisis en el mundo de los profesores que está conducido por un Partido Comunista que forma parte de las fuerzas gubernamentales pero que empieza a perder su propia conducción del gremio en la medida en que los docentes comienzan a cuestionar las medidas que el Ejecutivo está planteando en términos de las reformas, en este caso el conjunto de medidas específicas que ahora se están discutiendo.

Hace pocos días el ministro de educación le dijo que los reclamos que tuvieran los fueran a hacer al Congreso, en otras palabras, que no le vayan a decir nada, que el Ejecutivo no está abierto a la conversación.

JL.- Como director de un medio periodístico, ¿cómo has visto lo de La Haya?

RR.- Primero, en el gobierno prima la política de las encuestas. Pienso que es un gobierno suficientemente cobarde como para notar que si las encuestas mayoritariamente consignan una indisposición de la ciudadanía al tema de ceder mar con soberanía ellos van a guiarse por ahí.

En segundo lugar, creo que el gobierno, y particularmente el Canciller, ha tenido una actitud matonesca, han acusado al presidente Morales manipulando los argumentos; cuando Bolivia dice que lo que quieren es sentarse a conversar ellos replican diciendo que lo que Bolivia quiere es quitarle territorio, inventan una cantidad de argumentos muy extremos, descalificativos.

Para resumirlo de algún modo creo que este gobierno, aparentemente socialista, está llevando a este respecto una política de derecha, lisa y llanamente no tiene otra calificación.

JL.- ¿Qué mensaje le darías los lectores de La Época?

RR.- Saludo grande a los lectores de Bolivia. Como chileno que está por la integración, como muchos otros chilenos, los que queremos efectivamente mar con soberanía para Bolivia, es un enorme agrado estar acá, conversar con los medios bolivianos, y que vean que en Chile efectivamente hay distintas voces, lean la página www.eldesconcierto.cl y van encontrar ahí editoriales, reportajes, notas donde estamos abordando el tema latinoamericano desde una perspectiva distinta a lo que hace la prensa hegemónica en Chile.


* Javier Larraín P., Director de La Época.

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