noviembre 28, 2020

Los desafíos del TSE

por: Fernando Mayorga

Uno de los desafíos del Tribunal Supremo Electoral para afirmarse –“ser” y también “parecer” un órgano de Estado de similar rango a los tres poderes convencionales– era apuntalar la democracia intercultural.

Las instituciones importan. Más aún si se trata de construir un nuevo modelo de Estado. Con mayor razón si se trata de diseñar un Estado Plurinacional. Una de las novedades de la nueva Constitución Política del Estado fue proporcionar a la entidad electoral el rango de poder u órgano de Estado. Otra novedad fue establecida en la Ley de Régimen Electoral que encargó al Tribunal Supremo Electoral la tarea de delinear, construir e impulsar la democracia intercultural: una novedosa reforma institucional porque se reconoció a la democracia comunitaria como un elemento constitutivo del modelo político boliviano junto con la democracia representativa y la democracia directa y participativa.

Sin duda esa es una de las innovaciones institucionales del “proceso de cambio” boliviano, puesto que la democracia representativa es el elemento común a los regímenes políticos en la región y la democracia participativa o directa se ejerce en varios países, desde hace un siglo en Uruguay y, en la última década, en Venezuela y Ecuador, para citar un par de ejemplos recientes de refundación estatal y transformación política. Pero solamente en nuestro país se incluye y se reconoce a las instituciones políticas de los pueblos y las comunidades indígenas, a aquellas reglas de elección de representantes y autoridades que se definen como usos y costumbres o, bien, como normas y procedimientos propios. La combinación de las tres formas de democracia produce/define la democracia intercultural en una compleja relación de carácter variable y sin pautas generales ni estables en sus componentes. Un reto intelectual y normativo que precisa una continua reflexión, investigación y balance de avances e impedimentos.

Precisamente, uno de los desafíos del Tribunal Supremo Electoral para afirmarse –“ser” y también “parecer” un órgano de Estado de similar rango a los tres poderes convencionales– era apuntalar la democracia intercultural. Pero hizo muy poco, porque se limitó a la administración de los eventos electorales, su tarea primaria y convencional: y lo hizo de manera deficiente. Se trata de una tarea fundamental, por cierto, porque la legitimidad democrática empieza en las elecciones, es decir, se sustenta en la eficacia del voto ciudadano y en la transparencia del proceso electoral.

Ese hecho constitutivo de la democracia produce lo que se entiende como “legitimidad de origen” y es el punto de partida de la labor de una autoridad o representante político. El mal cumplimiento de esa tarea por parte del Tribunal Supremo Electoral provocó su debacle institucional y la erosión de su credibilidad; por suerte sus consecuencias no fueron más graves debido al ejemplar comportamiento de los/as ciudadanos/as en las urnas. Y por cierta madurez en las dirigencias partidistas, incluyendo a la oficialista que, finalmente, optó por presionar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral para su renuncia en coro o en catarata, bajo una atenta vigilancia de la opinión pública.

En estas circunstancias se está llevando a cabo la recomposición del Tribunal Supremo Electoral mediante la recuperación de la meritocracia como un criterio de selección de sus nuevos/as miembros. Algo similar a lo que ocurrirá en el Órgano Judicial cuando se encare su inevitable reforma. Este aspecto saca a relucir otro componente central de las virtudes que se pretende en el diseño institucional: la calidad de los recursos humanos. La meritocracia, precisamente. La contracara de la inclusión social que, después de una década de transformaciones, no puede ir por cuerda separada a la necesidad de mejoría en el ejercicio de los cargos públicos. En otras palabras, la renovación de las élites tiene que provocar un salto cualitativo en el manejo del Estado para no reproducir las rémoras del aparato estatal de antaño. Ese es otro reto del “proceso de cambio” y sus frutos en la construcción de una nueva institucionalidad estatal en todos los niveles de gobierno.

Otro aspecto destacable de este proceso de selección de “notables” es la búsqueda de consenso entre el oficialismo y la oposición. Se trata de una regla informal que caracteriza a la democracia cuando adquiere carácter deliberativo, esto es, cuando los argumentos se imponen sobre los cálculos. Una tarea difícil, sin duda, pero se trata de un importante avance porque expresa un cierto grado de intención pluralista que incorpora matices al manejo monocolor del poder. Es difícil que se cumpla esta pauta debido a la desconfianza que rige en las interacciones partidistas, sin embargo, la regla del consenso puede producir resultados más positivos en la consecución del objetivo de recuperar y fortalecer la institución electoral mediante la selección de los y las mejores postulantes. Se trata de un requisito para encarar los desafíos que enfrentará el nuevo TSE aparte de recuperar su imagen institucional.

Aparte de la construcción de la democracia intercultural –un objetivo a mediano plazo– es imperativo garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los procesos y eventos electorales a partir de la consistencia profesional y de la capacidad de ejercicio de autonomía de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, con mayor razón si en el horizonte político se avecina un probable referéndum para aprobar o rechazar una reforma parcial constitucional referida a la reelección presidencial. No obstante existen otras tareas que configuran una agenda institucional mínima entre las cuales se destaca el impulso y la diseminación de una cultura cívica en clave de diversidad e interculturalidad para fortalecer las instituciones de la democracia en sus tres facetas. Asimismo es fundamental retomar los escasos esfuerzos realizados –gracias al apoyo de IDEA Internacional y el Programa de Fortalecimiento Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– para la elaboración de una ley que regule y fortalezca el funcionamiento de las organizaciones políticas bajo pautas de democracia interna y transparencia en su gestión organizativa, puesto que, desde hace quince años, existe un vacío normativo al respecto y no se han actualizado las normas estatutarias para adaptarlas al nuevo entorno político e institucional. Otra vez, las instituciones políticas –en este caso los partidos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones indígenas– importan. La elaboración y aprobación de una nueva Ley de Organizaciones Políticas, o como se designe esa norma, es una tarea ineludible del nuevo Tribunal Supremo Electoral porque, también, permitirá establecer su autonomía y autoridad respecto a los partidos políticos y, por esa vía, a su par institucional: la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Otra tarea, aparentemente secundaria –porque es un tema descuidado o escasamente considerado– es el fortalecimiento institucional de los tribunales electorales departamentales con criterios de descentralización y coordinación para realizar todas las tareas anteriormente mencionadas con relación a la entidad rectora a nivel nacional, puesto que la forja –a largo plazo– de subsistemas políticos departamentales no puede tomar un rumbo positivo si no está acompañado de un robustecimiento de las unidades departamentales. En otras palabras, la democracia intercultural como parte constitutiva del Estado Plurinacional debe plasmarse a diversa escala, regional y local, y esa es una labor que involucra directamente –o debe involucrar– a los tribunales departamentales como órganos estatales en el nivel subnacional.

Me limito a una enumeración de tareas cuyo cumplimiento dependerá en cierta medida de la calidad de la media docena de tribunales seleccionados/as con base en los criterios mencionados: los méritos de los/as postulantes y el procedimiento para su selección. Por lo pronto, se ha reducido el número de postulantes por incumplimiento de requisitos y por las impugnaciones en curso. Es deseable que este proceso no se trunque debido a la adopción de posiciones cercanas al ejercicio de un veto indirecto a ciertos candidatos/as. Lo hizo el oficialismo y lo hace la oposición en un ejercicio convencional de medición de fuerzas, no obstante ese ejercicio corre el riesgo de traducirse en un bloqueo mutuo –en la comisión legislativa respectiva– que puede derivar en la evaporación de la posibilidad del consenso.

En otras palabras, se puso de manifiesto la división entre oficialismo y oposición denotando las dificultades que enfrentará la vigencia de esa regla informal del consenso, puesto que una intención de veto –indirecto, sutil o mediático– impedirá que se dé una virtuosa convergencia de criterios. No está demás mencionar que el acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria en torno a la regla informal del consenso puede considerarse como una victoria opositora habida cuenta que sus votos son prescindibles ante la mayoría calificada de la bancada oficialista; de esta manera, su influencia en este proceso de selección puede demostrar que las razones se imponen a la aritmética cuando existen puntos de interés común.

Asimismo el oficialismo se beneficiará con este procedimiento porque demuestra que puede adecuar su accionar a las demandas y críticas de la opinión ciudadana, así como anteponer la legitimidad a la legalidad en la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral dejando de lado su mayoría calificada para abrir un espacio de deliberación. Todos los actores –y la democracia en general– pueden salir victoriosos si se impone la deliberación y prevalece el criterio de legitimidad.

Democracia intercultural

Democracia intercultural es un término que da cuenta de configuraciones institucionales que expresan nuevas prácticas políticas que exceden la democracia representativa porque provienen de nuevos actores sociales (movimiento indígena, mujeres, ecologistas) que cuestionan el catálogo convencional de los derechos ciudadanos, la orientación de las políticas de desarrollo, la calidad de la representación política y el desempeño de la gestión pública.

La democracia intercultural es afín al Estado Plurinacional porque surge en un conjunto de leyes y reglamentos derivados de la Constitución Política y tiende a convertirse en un sistema de creencias que ordena el campo político aunque su sentido es todavía impreciso porque forma parte de la mutación institucional en el Estado. Se trata de una combinación entre la construcción de nuevas instituciones estatales y la renovación de las instituciones existentes en el anterior modelo estatal. Es una expresión de la transición estatal bajo pautas de continuidad histórica porque no elimina instituciones del pasado sino que las reinventa y las enriquece para proporcionarle más eficacia y calidad representativa.

El lazo entre lo democrático y lo intercultural se traduce en el vocablo democracia intercultural, un término que no está consignado en la Constitución Política y fue incorporado en la Ley de Régimen Electoral de 2010 donde se la define de la siguiente manera: “la democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria” (Art.7).

Las elecciones de 2009 y 2010 marcaron el inicio de la instauración de la democracia intercultural por la combinación de reglas de democracia comunitaria y representativa en la elección directa de diputados y asambleístas indígenas (al margen de la cantidad en cada ámbito y departamento).

La democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional “real” y tampoco tiene un sujeto específico (la ciudadanía, el pueblo, los pueblos indígenas), sino que es una relación, un conjunto de relaciones que varían en el tiempo y en el espacio. Las relaciones entre las tres formas de democracia son asincrónicas porque se combinan de manera distinta y variable dependiendo del ámbito político y el momento de su concreción.

Esa combinación de reglas e instituciones debe propiciar la articulación de la diversidad social pero buscando la complementariedad y evitando que se produzca una situación de dualismo en la representación política o en la toma de decisiones. En general, se trata de plantear distintas formas de articulación transformadora a partir de un ejercicio complementario y en igualdad de condiciones evitando que su resultado provoque un dualismo en el sistema de representación política o ineficacia en el proceso decisional.

El ejercicio de la democracia intercultural es complementario pero parcial porque se produce entre algunas instituciones de las tres formas de democracia dependiendo del tópico o acontecimiento en juego. Asimismo, la igualdad de condiciones de las tres formas de democracia es un punto de partida pero su nexo puede implicar –en cada caso– el predominio de una institución democrática sobre otra –ya sea en representación política y decisión gubernamental– en función del equilibrio general del sistema político.

La democracia intercultural es un proceso porque las relaciones entre las tres formas de democracia irán ampliándose y diseminándose a medida que se consoliden las nuevas entidades estatales. Así, esta forma de democracia –la democracia intercultural– es un proceso incremental de ajuste e innovación institucional que se renueva de manera constante al igual que la diversidad social que caracteriza nuestra realidad nacional.


* Doctor en Ciencia Política, docente de la Universidad Mayor de San Simón.

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