noviembre 25, 2020

El Estado laico en Bolivia

La tensión entre laicisimo y Estado confesional es una constante en la historia boliviana.

La relación entre Estado y religión ha sido una de las más complejas en la historia moderno-europea del Estado. Una buena parte de la teoría política ha tratado esta relación. Así, Jean Bodin (1530-1596) propuso un monarca neutral que garantice la paz sin tomar partido por ningún credo religioso. Thomas Hobbes (1588-1679) propuso que la máxima autoridad del Estado (el Rey) se inmiscuya incluso a los asuntos de índole religiosa. John Locke (1632-1704) propuso que ningún individuo sea obligado a pertenecer a una Iglesia concreta, sino que la escoja libremente. Francois-Marie Arouet más conocido como Voltaire (1694-1778) condenó la intromisión de la religión en los asuntos públicos.

A momento de la revolución norteamericana y francesa la separación del Estado y la religión fue retratada bajo el denominativo de Estado laico y/o laicismo.

Por laicismo se entiende a la neutralidad religiosa en la vida pública, pretendida prácticamente con la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales. Dieter Nohlen señala que el laicismo es la “doctrina defensora de la estricta separación entre Estado e Iglesia, así como también entre el individuo o la sociedad en el ámbito educacional frente a toda influencia obligatoria eclesiástica o religiosa” (Nohlen, 2006: 811).

La primera Constitución boliviana de 1826 tomó como base esencial el proyecto de constitución remitido por Simón Bolívar. En el discurso de Constitución del Congreso de Bolivia de 25 de mayo de 1826, Bolívar señala:

¡Legisladores! Haré mención a un artículo que según mi consciencia, he debido omitir. En una Constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa: porque, según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, ésta son las garantías de los derechos políticos y civiles y, como la religión no toca a ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social, y pertenece a la moral intelectual. La religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo: sólo ella tiene derecho de examinar la conciencia íntima. Las leyes, por el contrario, miran la superficie de las cosas: no gobiernan sino fuera de la casa del ciudadano. Aplicando estas consideraciones, ¿podrá un Estado regir la conciencia de los súbditos, velar por el cumplimiento de las leyes religiosas y dar el premio o castigo, cuando los tribunales están en el cielo y cuando Dios es el juez? La inquisición solamente sería capaz de reemplazarlas en este mundo. ¿Volverá la inquisición con sus teas incendiarias? La religión es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la anula porque, imponiendo la necesidad al deber, quita el mérito a la fe que es la base de la religión. Los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, luminosos y de evidencia metafísica; todos debemos profesarlos, mas este deber es moral, no político. Por otra parte, ¿cuáles son en este mundo los derechos del hombre hacia la religión? Ellos están en el cielo; allá el tribunal recompensa el mérito, y hace justicia según el código que ha dictado el legislador. Si todo esto de jurisdicción divina, me parece a primera vista sacrílego y profano mezclar nuestras ordenanzas con los mandamientos del señor. Prescribir, pues, la religión no toca al legislador; porque éste debe señalar penas a las infracciones de las leyes, para que no sean meros consejos. No habiendo castigos temporales, ni jueces que los apliquen, la ley deja de ser ley. El desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador; luego que este desarrollo llega a lograrse el hombre apoya su moral en las verdades reveladas, y profesa de hecho la religión, que es tanto más eficaz, cuanto que la ha adquirido por investigaciones propias. Además, los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia sus hijos. Los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo: el ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús es el maestro más elocuente de su divina moral; pero la moral no se manda ni el que manda es maestro, ni la fuerza debe emplearse en dar consejos. Dios y sus ministros son las autoridades de la religión que obra por medios y órganos exclusivamente espirituales; pero de ningún modo el cuerpo nacional que dirige el poder público a objetos puramente temporales (Bolívar, 2011: 170- 171- 172).

Sin embargo, como señala Ciro Félix Trigo:

Los constituyentes de 1826 incorporaron al Código Fundamental el artículo 6, concebido en los siguientes términos: ‘La Religión Católica Apostólica Romana es la de la República, con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias’. Si se proclama el principio de libertad de creencias, ¿por qué se excluía a todo otro culto? En este punto incurriéndose en un manifiesto contrasentido, fácil de explicar debido al criterio de intolerancia religiosa que a la sazón primaba (Trigo, 2003: 60).

Esta tensión entre el laicismo y el Estado confesional se mantendrá en parte de la historia constitucional boliviana.

En 1844, mediante ley de 11 de noviembre [1], se declaran vigentes los concordatos celebrados entre el Rey de España con la Corte de Roma [2]. Asimismo, en el Artículo 2 de la reforma de 1871 se señala que: “El Estado reconoce y sostiene la religión Católica, Apostólica y Romana. Se prohíbe el ejercicio público de todo otro culto, excepto en las colonias que se formaren en lo sucesivo”. La aparición de esta tolerancia se relaciona con el fomento a la migración y el desarrollo de las zonas despobladas. Luego será suprimida en la reforma de 1878, pero será restaurada en el texto constitucional de 1880. Veinte años más tarde, por ley de 27 de agosto de 1906, se autorizó el ejercicio libre de cualquier otro culto.

En 1920, José Carrasco propuso el siguiente texto para su inclusión en la Constitución: “Ningún culto o Iglesia gozará de subvención oficial ni tendrá relaciones de dependencia y alianza con el Estado”. En 1947 Carlos Walter Urquidi propone otro texto para su inclusión en la Constitución: “No hay religión oficial en Bolivia. Todas pueden establecerse en ella, a sola condición de no contrariar la ley y las buenas costumbres. Ninguna de las reformas constitucionales tomó estas propuestas”. La Iglesia en Bolivia pidió la tolerancia a otras creencias, así se llevan a cabo las reformas constitucionales de 1967, 1994 y 2004, sin ninguna variante significativa en alguna de ellas. Recién en el proceso constituyente del año 2006 retornan los debates sobre Estado Laico, aunque, desde mi opinión el resultado no fue la constitución de un Estado Laico, sino de un Estado con pluralismo religioso.

Una resumida introducción, pero muy documentada, se encuentra en el breve texto del Dr. José Luís Baptista denominado: Supresión de la religión oficial del Estado, de donde se han tomado estos datos.

Bibliografía

• Baptista, José Luís. 2006. Supresión de la religión oficial del Estado. La Paz – Bolivia: Publicación de Católicas por el derecho a decidir.

• Bolívar, Simón. 2011. Discurso de Constitución del Congreso de Bolivia 25 de mayo de 1826, en Hugo Chávez presenta a Simón Bolívar. 2011. La revolución bolivariana. Madrid – España: Akal.

• Nohlen, Dieter. 2006. Diccionario de Ciencias Políticas. D.F. – México: Porrúa.

• Trigo, Ciro Félix. 2003. Derecho Constitucional Boliviano. La Paz – Bolivia: Fondo Editorial de la Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional.


* Abogado.

1 Mediante esta ley también se declararon vigentes las leyes de la Recopilación de las Indias y de Castilla.

2 Estos son los concordatos celebrados el 11 de enero de 1753 entre el papa Benedicto XIV y el Rey de España Fernando VI (Baptista, 2006).

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