noviembre 24, 2020

Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz: Equilibrio de hegemonías

La adecuación y aprobación de la nueva reglamentación es la constatación fáctica de la cohabitación entre la hegemonía nacional del MAS y el Estado Plurinacional con la (contra) hegemonía local del Bloque político cruceño.

Para realizar una aproximación a los intereses y posiciones políticas que se dirimen con la aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña del texto modificado del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, es conveniente formar un pequeño modelo teórico-analítico de la realidad material y simbólica de la continuada configuración del Estado Plurinacional. Es decir, a partir de un esquema de las dimensiones que constituyen la existencia material, institucional, simbólica, relacional y subjetiva del Estado [1], podremos comprender las posiciones, avances, retrocesos, niveles de coordinación y logros alcanzados entre dos proyectos políticos que por más de una década (2004 al 2015) estuvieron polarizados y en confrontación. El modelo analítico basado en las dimensiones del Estado, nos permitirá visualizar las posiciones iniciales del proyecto de autonomía departamental original, diseñado por el abogado constitucionalista cruceño Dr. Juan Carlos Urenda y activado políticamente por el otrora Bloque Cívico Regional [2] con relación a la implementación del Estado Plurinacional, plasmado en los contenidos de la Constitución Política del Estado refrendada por voluntad popular en enero de 2009.

La adecuación y aprobación del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz

Siguiendo el modelo analítico propuesto, la primera dimensión tangible, objetiva y formal del Estado es la dimensión material-institucional, no solo compuesta por los órganos de gobierno en el nivel central, sino también por el diseño y conformación de órganos de gobierno ejecutivo y legislativo en el nivel departamental y municipal, además de su relación orgánica entre los niveles territoriales y topológicos del Estado. Es decir, el avance en el proceso de adecuación y aprobación del Estatuto Departamental de Santa Cruz permite continuar en la construcción de la materialidad institucional territorializada (tanto vertical como horizontal) del Estado Plurinacional, habida cuenta que el Estatuto Departamental cruceño es el instrumento legal de base que pone en vigencia el diseño del régimen autonómico en el nivel departamental y permite la coordinación con los otros niveles de Gobierno.

La adecuación y aprobación del Estatuto Departamental cruceño permite continuar con la construcción y consolidación del conglomerado de instituciones que conforman el Estado, pero a diferencia del proyecto original diseñado por el Consejo Autonómico del año 2004 y abanderado por el Bloque Cívico Regional, el documento recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental cruceña (ALD) y por 22 de los 28 asambleístas departamentales, (según Juan Carlos Urenda) recorta 70% de competencias establecidas en el Estatuto aprobado en el Referéndum del 4 de Mayo de 2008.

En una nota publicada en el Diario El Día de Santa Cruz (23 de julio de 2015), Juan Carlos Urenda lamentaba: “No hay nada que festejar y el tiempo nos dará la razón cuando no se vea nada de avance autonómico, porque ésta no es la norma que aprobamos los cruceños. Con todo esto, Santa Cruz habría tenido un estatuto aprobado por 86% de la población y este otro estatuto que quedará recortado en un 70% de sus competencias por estos 22 asambleístas. Y tendrán que ser firmados los 2 estatutos, promulgados por la misma persona, por el mismo Gobernador.”

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la adecuación, aprobación por la Asamblea Legislativa Departamental y la posterior presentación del Estatuto Departamental cruceño ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para el control de constitucionalidad permiten consolidar la puesta en vigencia de los niveles y asignaciones competenciales imprescindibles para el saneamiento institucional del Gobierno Departamental, que sin esta norma básica, en los hechos seguía funcionando como la antigua Prefectura. Por otro lado, más allá de toda inflamación mediática y posiciones exacerbadas de parte de las oposiciones regionales cruceñas, las negociaciones en torno al Pacto Fiscal recién podrán tener una base institucional certera y consolidad para avanzar de manera fehaciente.

Los imaginarios en torno al Proyecto / Estatuto Autonómico Departamental cruceño

La dimensión simbólica, intangible, de la subjetividad socializada y aceptada es otra de las dimensiones del Estado, en la que se dirimen ideas, valores, creencias, memorias y símbolos, configurados en sistemas de creencias, imaginarios y en el sentido común de la población. Estos sistemas de creencias, imaginarios y sentido común son plasmados como narrativas, esquemas de valores y cognitivos y como aceptación (flexible pero monopólica) del ordenamiento (histórico, social, político, económico y cultural) vigente.

A inicios del siglo XXI, durante la etapa de polarización antagónica pluri-institucional y policéntrica de tendencia centrífuga; es decir, con el enfrentamiento radical entre el proyecto de Autonomía Departamental del Bloque Cívico Regional conservador y el proyecto del Estado Plurinacional del Bloque indiano originario campesino, obrero, popular y vecinal progresista, ante el devenir del Estado en crisis, ninguna entidad política territorializada podía reclamar para sí la definición de contenidos, control y administración de la dimensión simbólica del Estado. Más bien había dos ejes simbólicos en confrontación y en competencia exclusiva y excluyente. Sin embargo, a partir de una serie de acontecimientos y hechos políticos desde el año 2008 en adelante, paulatinamente se ha ido configurando el nuevo eje simbólico del Estado en torno a los contenidos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, lo cual nos manifiesta que ningún actor (o actores) político(s) al interior del campo político boliviano puede disputar por el intercambio del capital simbólico por fuera del sistema de asignaciones acordadas en la CPE.

Sin embargo, dicho lo anterior, podemos constatar a través de múltiples ejemplos de la cotidianidad, cómo el capital simbólico y el sistema de asignaciones de valor aceptados son flexibles, mutantes, configurados por procesos sociopolíticos dinámicos e influidos permanentemente por el mapa de relaciones de poder. Por ende, a pesar del progresivo vaciamiento de contenidos políticos y discursivos del proyecto original de autonomía departamental, han habido concesiones mutuas, desde la inclusión del régimen de autonomía departamental en el diseño del Estado con Autonomías del proyecto de Estado Plurinacional (a pesar de que fue duramente combatido y resistido desde el oficialismo de Gobierno del MAS) hasta la aceptación del nuevo ordenamiento constitucional, político, económico y social vigente en todo el territorio nacional.

Es precisamente en el campo simbólico donde su pueden apreciar los mayores deslizamientos políticos, ya que la posición política oficial de la actual Gobernación y Asamblea Legislativa Departamental cruceña no abandera la posición del proyectista original de la Autonomía Departamental, Dr. Juan Carlos Urenda, quien mantiene que se debe modificar la actual Constitución Política del Estado para acomodar el régimen autonómico contenido en el Estatuto redactado por el Consejo Autonómico, habida cuenta que “41 competencias propuestas en el Estatuto de 2008 no son cubiertas por los límites que impone la CPE, sólo se incluyen 10 competencias a plenitud y 15 competencias con limitaciones porque son compartidas con otros niveles del Estado.” En otras palabras, “El Estatuto aprobado no refleja la autonomía por la que se votó en 2008”.

Sin embargo, matizando la posición política de Urenda, el también abogado constitucionalista cruceño, Dr. José Luis Santistevan acepta la realidad fáctica de la vigencia de la Constitución aprobada y refrendada en enero de 2009 como también la necesidad de que el Estatuto autonómico cruceño se adecúe a la CPE. Las palabras de Santistevan no solo expresan un punto de vista técnico o jurídico, sino que condensan el deslizamiento de los imaginarios políticos de lo aceptable o posible y no aceptable/no posible, ya que muestran una mutación en lo simbólico y en la forma de percibir, racionalizar y justificar la realidad política, luego de largos y difíciles procesos políticos. Una nota de prensa del Diario El Deber afirmaba que “el Estatuto aprobado el 17 de julio de 2015 incluía 12 áreas de actuación especial (educación, seguridad ciudadana, comunicación, cooperación, recursos naturales, desarrollo rural y agropecuario, entre otros). Santistevan sostiene que estas 12 áreas mantienen el espíritu del Estatuto del 2008”.

La dimensión del Estado como correlación(es) de fuerzas territorializadas, relaciones hegemónicas y contra hegemónicas

La actual adecuación y aprobación del Estatuto Autonómico cruceño no está exenta ni es ajena a la profunda influencia de las correlaciones de fuerzas entre los Bloques de Poder en disputa durante los últimos 10 años. Sin embargo, las disputas en términos de correlaciones de fuerzas no sólo han sido entre los Bloques Políticos del Estado Plurinacional y de la Autonomía Departamental, sino también al interior del Bloque Cívico Regional que impulsaba la agenda de la autonomía departamental.

En primer término, los clivajes que afectaron al Bloque de Poder cruceño entre los años 2008 al 2010 se pueden agrupar en hechos electorales, como ser los resultados y efectos posteriores del Referéndum Revocatorio de agosto de 2008 y la promulgación del nuevo texto constitucional en enero de 2009. Por otro lado, hubo tres hechos de fuerza que afectaron las correlaciones de fuerza: la toma de instituciones o el golpe de fuerza de septiembre de 2008, la masacre en Porvenir durante la misma época y el caso de terrorismo contra el Estado de Eduardo Rózsa Flores en abril de 2009.

A lo anterior se suman algunos hechos políticos institucionales como la cumbre política en Cochabamba luego de la toma de instituciones y también el momento en el que el Congreso Nacional devino en constituyente ante la premura de cerrar el ciclo de la Asamblea Constituyente abierto en el año 2006.

Dichos clivajes políticos significaron el fin del proyecto político de alcance nacional y la agenda de la autonomía departamental según su versión original, ya que se quebrantó lo que en algún momento Juan Carlos Urenda caracterizó como la “ingeniería constitucional impecable” (o la ruta institucional formal-legal de la autonomía departamental compuesta por Asambleas, Cabildos, Referéndums, marchas, huelgas y otras medidas legales y legítimas), ya que la facción maximalista y radicalizada del Bloque Cívico Regional tomó la dirección política luego de los fracasos para la oposición del Referéndum Revocatorio de agosto de 2008. En otras palabras, se dividió al Bloque Cívico Regional en dos facciones políticas (moderados o institucionalistas y radicales o secesionistas), resultando a la postre la derrota política-militar de la facción radicalizada.

Sin embargo, a pesar de la derrota política-militar de la facción radicalizada del Bloque Cívico Regional y la autoclandestinización de sus principales dirigentes, el Bloque político cruceño que permaneció en la región articuló el espacio departamental como territorio de sobrevivencia, resistencia y reciclaje, logrando una serie de acercamientos y concesiones con el Gobierno del MAS, que redundaron en el mantenimiento y reproducción de la base material de la clase dominante cruceña.

El pragmatismo del Bloque político cruceño ha permitido a éste adaptarse para cohabitar con la presencia monopólica del MAS en lo nacional, pero manteniendo la administración de hegemonía local relativamente intacta. En otras palabras, la adecuación y aprobación del Estatuto de Autonomía Departamental cruceño es la constatación fáctica de la cohabitación entre la hegemonía nacional del MAS y del Estado Plurinacional con la (contra) hegemonía local del Bloque político cruceño, a pesar del incremento del apoyo electoral al actual oficialismo cruceño agrupado en torno a la conducción del MDS y el Gobernador Rubén Costas. [3]

En resumen, se puede decir que la adecuación y aprobación del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz pone (formal, legal e institucionalmente) fin a un ciclo de correlaciones de fuerzas en empate catastrófico, ya que según la visión del proyectista original del Régimen Autonómico, Juan Carlos Urenda, el Estatuto ha sido “mutilado” por los propios asambleístas de la ALD cruceña, haciendo directa referencia a la bancada del MDS de Rubén Costas:

“Se ha enterrado el Estatuto (del 2008); con esto se ha consolidado el centralismo competencial. Se ha renunciado al principio de una autonomía de verdad. Con este Estatuto no hay posibilidad de hacer autonomía, esto sólo va consolidar ese centralismo. Para dicha del centralismo gubernamental, el país nunca ha estado más centralizado que hoy. (…En vez de enfrentar con valor una lucha desigual con un gobierno centralista, lo que hemos hecho es entregar dócilmente las armas. A este proceso que empezó con cabildos y concluyó con un referéndum, se le ha puesto la lápida.” [4]


* Politóloga cruceña

1 Modelo Teórico – Analítico del Estado, basado en Marx, Weber, Lenin, Gramsci y Bourdieu, encontrado en García Linera, Álvaro: Estado y Proceso Revolucionario. En Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia.(García Linera, Rivadeneira, Sader y Torres) Vicepresidencia del Estado Plurinacional y Centro de Investigaciones Sociales – CIS. La Paz, Bolivia. 2015.

2 Compuesto en su momento ante la crisis del sistema político partidario de la democracia pactada, por la estructura económica corporativa cruceña y por los remanentes partidos políticos, representativos de la clase dominante y elite política cruceña.

3 Apoyo electoral al oficialismo cruceño expresados en las siglas APB, VERDES y MDS: año 2005 con 47,88%; año 2010 con 54% y año 2015 con 60,05%

Estatuto aprobado no es por el que votaron los cruceños. El Día 23 de julio de 2015.

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