diciembre 3, 2020

Crítica a la representación y la política

por: Boris Ríos Brito 

La lucha de los pueblos y naciones indígenas iba cargada de un horizonte anticapitalista y generaba una práctica subversiva al orden establecido.

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Hablar de democracia en abstracto, como un concepto universal, ha sido parte del discurso (neo) liberal en busca de mantener las relaciones sociales y lo que desarrollan, bajo ciertas condiciones, como un abstracto inaprehensible e inconmensurable, justo y como la economía de libre mercado se les aparece a los (neo) liberales como un ser sobre natural capaz de auto regularse y establecer -como una perversa ilusión- la igualdad entre los individuos, negando las desigualdades y en concreto el trabajo humano.

La institucionalidad, esa paradoja de los procesos sociales, como la defensa del orden establecido, es incapaz de situarse en un momento histórico diferente al que le permitió establecerse como razón y sentido. Para el (neo) liberalismo, la defensa intransigente de la “institucionalidad” representa la defensa del carácter de su visión y reproducción del mundo y de la vigencia del propio capitalismo.

En cada momento de lucha de los últimos 25 años, se contrapuso la democracia popular, indígena, campesina y obrera a la democracia formal y representativa. Pudo “electoralizarse” la potencia social en 2005 y este hecho abre la necesidad permanente de recuperar permanentemente esa potencia.

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El proceso acumulativo de luchas sociales en Bolivia en el último periodo -digamos desde la década de los 90s a discutiblemente nuestros días-, que es como cuando el Estado de excepción se hace regla para Benjamín, para los (neo) liberales aparece como anomalía. [1] El Sistema de Partidos Políticos, no es sólo la iluminación intelectual (o el descubrimiento de la seudociencia política), sino el resultado de la victoria política, material e ideológica del (neo) liberalismo sobre el sentido común popular emancipatorio; encarna la institucionalización de un mecanismo destinado no solamente a “representar” la voluntad popular y la interlocución de la sociedad frente al Estado, sino a enajenar la capacidad política de la gente y cuyo momento más crítico se encuentra en las elecciones y en la emisión, formal, del voto, reduciendo la política a un privilegio y una prerrogativa de “los políticos” como de una casta social se tratase y de los partidos políticos, como dueños de este privilegio.

Es por esto que el avance de los movimientos sociales fue tomado por los (neo) liberales con escepticismo en la década de los 90s y como un peligroso desorden (chenko en quechua) en la primera década de los 2000, que acechaba a la institucionalización democrática. Claramente, la lucha de los pueblos y naciones indígenas iba cargada de un horizonte anticapitalista y además de un sentido común que generaba una práctica subversiva al orden establecido bajo asumir la política e identificarse como actor político.

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Entre el 2005 y la realización de la Asamblea Constituyente entre el 2006 y el 2007, lo que para los (neo) liberales fue “crisis del Sistema de Partidos Políticos de Bolivia”, fue un importante momento donde se puso de manifiesto las desprivatización de la política misma y cuyos sentidos son todavía no del todo aprehensibles. Sin embargo, si bien se hace evidente que la política no es patrimonio de una casta sino el derecho del pueblo, y sin caer en el paradójico razonamiento de “legalizar” una práctica social necesariamente, sólo en el sentido revolucionario, autónoma del poder estatal, si ésta pierda su sentido de horizonte y de articulación de un sentido común, tenderá a funcionalizarse al poder estatal y su cualidad transformadora/reflexiva.

Si algo se puede advertir en esta década del llamado Proceso de Cambio es que la fuerza creadora, la vitalidad de movilización y relacionamiento de los movimientos sociales más importantes del país, en donde el campesino indígena asumía la vanguardia, se ha ido atrofiando a tal punto que el entretejido social entre diferentes actores se ha deshecho casi por completo. Como ejemplo de este proceso se ha engendrado la práctica sindical burocrática en algunas organizaciones y movimientos sociales donde el pragmatismo, el electoralismo, el interés personal de algunos dirigentes y el corporativismo como práctica y consigna son el principal rasgo.

Empero, no se trata de que una organización u otro movimiento social asuman una agenda sólo para su sector sin horizonte revolucionario, sino que éste hecho representa una competencia desigual en desmedro de los demás por favorecerse de la estructura estatal y que genera una visión y una práctica contraria al propio Proceso. Este sindicalismo burocrático ha parido ya varias candidaturas y también ya ha cobrado una factura de desilusión que ha ido desquebrajando espacios ganados.

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La visión de modernidad, por lo menos la citadina, vinculada con el progreso, no necesariamente moderna ni modernizante, que se enlaza por la tradición de dominación con el racismo y la búsqueda de los sectores medios desesperados por alienarse para encontrar una identidad propia ajena a lo estigmatizado como no moderno, aunque muchas veces sus raíces se encuentran más en lo nativo que en cualquier otro lado, se contrapone con la visión de reivindicación cultural; estas son dos visiones del mundo: una que mira afuera y la otra, respectivamente, que mira adentro.

Este aspecto ha jugado un papel importante en este último periodo por lo menos en dos ejes fundamentales. El primero, el asidero de “progreso” que se asume en grandes sectores sociales es el que se ha generado por la modernidad (y la posmodernidad), es decir por el capital, por tanto conlleva un carácter contrario al horizonte revolucionario y al propio Proceso de Cambio. El segundo, se torna como horizonte y como sentido común de manera política por los sectores de derecha (reaccionarios, oligarquía y clases medias enriquecidas) que elaboran un discurso y cuando pueden desarrollan acciones (como el enero negro de 2007 en Cochabamba) bajo la dicotomía campo/ciudad, rural/citadino, indio/blanco, sucio/limpio, salvaje/civilizado, etc.

Estas características muestran un momento de inflexión política, en donde lo avanzado por lo popular (indígena, campesino, obrero y popular) pone en riesgo su proyecto original y sus propias conquistas ganadas con sangre y la endeble, racista y capitalista apuesta de la derecha boliviana, que aún de manera desorganizada y débil socialmente, logra incluir en la mesa del debate público nacional, sus criterios de “institucionalidad”, como en el caso del Tribunal Supremo Electoral con la destitución y nueva elección de tribunos, sometiendo el sentido de la política del Proceso al formalismo, sobreviviendo y atacando cuando le es posible, pero sin cuajar un proyecto común o un horizonte que aglutine.


* Sociólogo y militante guevarista.

1 Una importante parte de los hacedores de opinión (entre ellos periodistas e “intelectuales”) se volcaron a dar loas a los beneficios del (neo) liberalismo, tanto en economía como en educación, política y otros aspectos centrales. Es cómico recordar cómo algunos de estos “intelectuales” veían a los movimientos sociales como los nuevos actores sociales que reemplazaban, en la teoría y en la práctica, a las clases sociales, en desmedro del marxismo, y, por último, de la posibilidad del socialismo, o cómo tildaron como “neopopulismo” la incursión del sujeto social campesino en las arenas políticas, quebrantando el orden institucional.

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