diciembre 3, 2020

Territorio, áreas protegidas y desarrollo

por: Gonzalo Omar Zambrana Ávila

La responsabilidad social del Estado no puede admitir que poblaciones indígenas tengan elevados indicadores de mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo, con la distorsionada máscara del respeto cultural.

Desde una perspectiva ecosocialista la crisis ambiental es una fase autodestructiva de la evolución del capitalismo como expresión extrema del fetichismo de la mercancía que hace más de un siglo ya nos mostraba Marx y que hoy se manifiesta en un modelo de consumo insostenible para la sobrevivencia humana. Por tanto, las acciones de defensa de la Madre Tierra son parte de la construcción del socialismo.

Algunos apuntes epistemológicos

Los fenómenos de conservación y desarrollo están determinados por los procesos sociales debido a que su conocimiento requiere una combinación de interpretaciones tanto biofísicas como socio-culturales y bajo una integración sistémica. Si se revisa la información generada sobre la temática en los últimos tiempos, se encontrará abundante retórica sobre la gestión integral del ambiente y desarrollo. La limitación más importante ha sido el enfoque que ha marcado el conocimiento sobre la realidad de la conservación y el desarrollo, que se ha caracterizado por situar los problemas ambientales aislados de los procesos que los determinan, desarticulando los temas de conservación de su contexto complejo.

Para la interpretación adecuada de los fenómenos de conservación y desarrollo, es necesaria la comprensión de carácter complejo de la realidad, por lo que los procesos de conocimiento e intervención sobre estos fenómenos de la realidad deben tomar en cuenta, como indica Enrique Leff, las estrategias de articulación de las ciencias, a partir de un ejercicio transdisciplinario sistemático que permita establecer puentes de conocimiento entre las diferentes disciplinas relacionadas con la conservación y el desarrollo, que debe avanzar hacia la conformación de espacios interdisciplinarios.

La ideología de la conservación y el desarrollo

Desde la teoría del conocimiento, es evidente que, en la comprensión de los fenómenos sociales o ecosociales, no existe ni puede existir objetividad por lo que, como afirma Zemelman, debemos considerar que los sujetos cognoscentes son a su vez objetos de estudio y sujetos históricos, entonces, cualquier comprensión de los fenómenos de la realidad no puede sino responder a esquemas de interpretación diferenciados basados, explícitamente o no, en ideologías y, nuevamente con Zemelman podemos indicar que los fenómenos sociales, por tanto los fenómenos ecosociales, por su carácter multisémico pueden tener múltiples interpretaciones, tantas como los colores del cristal ideológico con que se los mire.

Debe quedar claro que no existen posiciones ideológicas neutras en favor o en contra de la defensa de la Madre Tierra, todas las posiciones expresan una posición política y/o partidista; eso se ha ido manifestando gradualmente en la polarización que se ha producido desde la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, pues en realidad, más que posiciones de defensa del TIPNIS o los derechos indígenas, se han manifestado posiciones de apoyo o contrarias al Gobierno.

En este ámbito es muy relevante observar el comportamiento político de algunos dirigentes indígenas que han manifestado posiciones políticas pragmáticas basadas en una lógica culturalista y de derechos territoriales, aparentemente al margen de ideologías, pues han tenido un papel político protagónico, estableciendo las TCOs, luego han tenido una participación activa y militante en el ascenso y posterior gobierno del MAS, incluso en cargos de asambleístas y ejecutivos, como los casos de Pedro Nuni, Bienvenido Sacu, etc., que luego se convirtieron en opositores al Gobierno. Otro caso notable es Adolfo Chávez, que antes de la 8ª marcha logró una cuestionada reelección como principal dirigente de la CIDOB, con apoyo del aparato del MAS, pero luego rompió con el MAS y suscribió un convenio con Rubén Costas, Gobernador de Santa Cruz.

Si bien, estos comportamientos de dirigentes indígenas son totalmente legítimos, desde el punto de vista de los derechos humanos e indígenas, es necesario interpretar la verdadera magnitud de estas acciones políticas, particularmente sus alianzas con organizaciones políticas oligárquicas y racistas que históricamente han sido responsables de la pobreza y subyugación cultural de los indígenas.

La consideración de los aspectos ideológicos es fundamental a la hora de reconocer la legitimidad y la base ética de las acciones de defensa de la Madre Tierra y los derechos indígenas, que últimamente se han puesto de moda entre diferentes segmentos de la sociedad e instituciones y más aún cuando todos los opositores al gobierno se han convertido en “ambientalistas” e “indigenistas” y, en las ciudades, han crecido los movimientos ambientalistas “light” que logran reunir miles de personas para protestar contra el maltrato a un perro, pero que no dicen nada sobre las violaciones a menores que se producen cada día.

Perspectiva territorial de las áreas protegidas y las TIOCs

Uno de los temas más relevantes de los procesos sociopolíticos bolivianos de los últimos lustros y que todavía no ha sido completamente resuelto desde el punto de vista de las políticas públicas, ha sido el tema territorial; entre las dimensiones más importantes de la problemática territorial están las Entidades Territoriales Autonómicas, los Territorios Indígena Originario Campesinos, áreas protegidas, áreas de explotación de recursos no renovables, áreas de aprovechamiento de recursos renovables, etc. Cada uno de estos componentes ha tenido una construcción histórica asociada a reivindicaciones económicas, sociales, culturales y políticas y, por tanto, han sido factor de conflictos, principalmente por los derechos de acceso a los recursos.

Durante el periodo neoliberal, se han fraguado tres políticas territoriales muy relevantes, compatibles con ese modelo: las autonomías municipales, las áreas protegidas y los territorios comunitarios de origen; cada uno de estos temas, aunque con diferente dinámica y dirección, ha tenido una efectividad significativa, pues, más allá de la validez de sus enfoques y los grados de solidez de su institucionalidad, en los tres temas se ha avanzado con mucha fuerza y se han consolidado las autonomías municipales, se ha establecido una institucionalidad para la gestión de áreas protegidas y el derecho sobre territorios comunitarios de origen ha tenido un avance creciente aunque neutro desde el punto de vista gubernativo.

Desde la formulación de la nueva Constitución Política del Estado y otras normas jurídicas, las autonomías, como esquema institucional y gubernativo estatal subnacional, se han consolidado y ampliado y se han establecido esquemas de gobierno autónomo indígena originario campesino, con un respaldo constitucional vigoroso. Sin embargo, se están observando limitaciones en los avances autonómicos, como el caso de algunos procesos de conversión de Municipios a TIOCs, que se han detenido.

La complejidad de la problemática territorial define que ya no es suficiente declarar la importancia de los valores de la biodiversidad y/o los derechos territoriales autonómicos indígenas per se. Tanto la gestión de áreas protegidas como los territorios indígenas en tierras bajas son los escenarios de mayor debilidad en su gestión y están enfrentados a diversas amenazas y, paradójicamente, una de las principales son las prioridades del gobierno, debido a que los responsables de la planificación del desarrollo sustentable no han sido capaces de articular la conservación con el desarrollo en una perspectiva territorial.

Responsabilidad prioritaria del Estado para el alivio a la pobreza

Uno de los argumentos de defensa de los derechos indígenas que con más fuerza ha sido utilizado, a veces forzando una relación natural con áreas de conservación, es aquel que afirma que “los indígenas defienden sus territorios porque ahí saben vivir en maravillosa armonía con la naturaleza y no necesitan que nadie les lleve ningún desarrollo, por tanto ellos saben lo que hacen y se debe respetar su derecho a vivir tal como viven.”

Estas posiciones, representadas por algunas instituciones ambientalistas internacionales y locales, han sido acuñadas como la contraparte ambientalista dicotómica del atolondrado modelo de desarrollo consumista y se han expresado en Bolivia, por las áreas protegidas y las TCOs, entre otras, que no han sido prioridades de los sucesivos gobiernos neoliberales y cuyo desarrollo se ha favorecido por la crónica ausencia del Estado a lo largo del territorio de Bolivia.

Actualmente se ha establecido un Estado fuerte y se ha modificado completamente la concepción de la participación estatal, promoviéndose explícitamente la presencia del Estado a lo largo del territorio nacional y más allá de la efectividad en el logro de esta presencia estatal, su fortaleza se ha mostrado a través de las políticas públicas y el énfasis en la distribución del excedente.

En trabajos de John Rawls y Amartya Sen, se ha establecido científicamente que cuando existen segmentos de la sociedad que se encuentran en un estado de pobreza y limitaciones crónicas en sus capacidades de acceso a los satisfactores de sus necesidades básicas, sus expectativas son reducidas porque están relacionadas directamente con su pobreza; asimismo, de acuerdo a la teoría de las necesidades, la demanda de satisfactores es creciente e infinita y está determinada por el estado de los ingresos y el modelo de consumo de base cultural específica. Por ello, la responsabilidad social del Estado no puede admitir que poblaciones indígenas tengan elevados indicadores de mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo, etc., con la distorsionada máscara del respeto cultural.

La superación de la pobreza es una de las prioridades fundamentales e impostergables del Estado, más aún cuando el modelo de desarrollo propuesto en la Constitución Política del Estado y aplicado por Gobierno actual, es una combinación simultánea de crecimiento y redistribución de la riqueza hacia las necesidades de los segmentos más pobres de la población, con una participación determinante del Estado. La mayoría de la población que habita dentro las áreas protegidas es pobre, este es un problema de prioridad para las políticas públicas que el Estado no puede dejar de abordar con urgencia hasta que estos segmentos de población superen los umbrales de pobreza.

Esta necesidad prioritaria indudablemente requiere un permanente flujo de recursos financieros y sin duda alguna la matriz productiva basada principalmente en la exportación de materias primas no puede ser sustituida en el corto y mediano plazo a través de una diversificación productiva, peor aún cuando existe una reducción en las cotizaciones internacionales de las materias primas. Es por ello que la necesidad de acceder a nuevas fuentes de hidrocarburos es una prioridad urgente para el gobierno; desconocer esto y tratar de imponer un ambientalismo fanático que se oponga a la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas no corresponde a la realidad.

La falsa dicotomía entre las actuales áreas protegidas y el desarrollo

El argumento de defensa fanática de la intangibilidad de las áreas protegidas actuales cae por si mismo cuando recordamos que la definición del tamaño, la delimitación y la zonificación de las áreas protegidas que data de hace 20 años ha tenido como variable fundamental la protección de zonas en mejor estado de conservación; hoy día la dinámica territorial y los criterios para la definición de áreas y magnitudes de relevancia para la conservación de la biodiversidad, se han desarrollado ampliamente y ahora se debe partir del concepto de Sistemas de Vida definido en la Leyes de protección de la Madre Tierra y considerar el estado de estos sistemas de vida, su funcionalidad y endemismo.

En efecto, en la comparación de prioridades entre áreas protegidas y desarrollo o específicamente entre áreas protegidas y explotación de hidrocarburos o minerales, no se puede efectuar una priorización excluyente de aplicación general, sino se deben efectuar priorizaciones que combinen conservación y desarrollo y en función de las particularidades de cada caso; esto quiere decir que no existe el dilema apocalíptico entre la conservación en las actuales áreas protegidas y la explotación de recursos naturales no renovables, esto depende de cada caso.

Así como se debe considerar la posibilidad de recategorización, desafectación o rezonificación interna de las actuales áreas protegidas, también se debe considerar la posibilidad de mantener zonas de intangibilidad estricta o ampliación de las áreas protegidas, en función de los impactos sociales, culturales y ambientales claramente identificados en las tecnológicas de exploración o explotación, pues existe una diferencia muy grande entre realizar pruebas sísmicas 2d o 3d respecto a perforar pozos de exploración o explotación.

Hoy el desafío es la redefinición territorial que compatibilice la extracción de recursos no renovables con la viabilidad, funcionalidad y endemismo que caracterizan a cada área protegida y los derechos territoriales indígena originario campesinos.

El criterio de buen estado de conservación debe dar lugar a criterio de viabilidad de sistemas de vida a partir de una definición de magnitudes mínimas de funcionalidad de ecosistemas complementadas con esquemas de conservación que no restrinjan la conservación de la biodiversidad a las áreas protegidas. Este es un desafío de planificación territorial que no ha sido abordado adecuadamente por el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y ahora se ha expresado en los últimos decretos como el 2366, que pretenden parchar el vacío de planificación territorial que desde el año 2005 debió efectuarse compatibilizando dimensiones territoriales, como áreas protegidas, TIOCs, ETAs, entre otras, bajo los fundamentos ecosistémicos y sociales expresados en los sistemas de vida.


* Economista del desarrollo equitativo y armónico con la Madre Tierra.

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