noviembre 24, 2020

A los medios de comunicación

Una rápida mirada a los titulares de los medios de prensa escritos y digitales publicados en la última semana dejan en claro que ni Zapata ni la empresa CAMC saldrán, por lo pronto, del centro de la atención de la opinión pública.

Es como si cada caso que se investigara abriera las puertas para nuevas vetas de información cuyo principal mínimo común denominador es, sospechosamente, que todas afectan negativamente la imagen del Presidente Morales y el gobierno que encabeza.

En la medida en que se vaya revelando más información sobre estos casos seguramente la discusión política sobre estos asuntos se hará más polémica, lo que implica que muchas personas desean captar réditos políticos por algo que esperan afecte negativamente a nuestros gobernantes.

Se pude suponer que tal actitud es natural en algunos actores políticos y que el ambiente competitivo de la política boliviana no permitiría otro tipo de comportamiento a sus actores. Es obvio que Doria o Tuto deben aprovechar cualquier hecho o instante de debilidad o dificultad en el gobierno nacional.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, más que los actores partidarios, son los medios de comunicación los que tienen la función protagónica en esta coyuntura.

La forma, y no sólo el contenido de su información, determinará quiénes saldrán perdiendo o ganando cada día que pase. Ante la aparente pasividad de las organizaciones sociales y el estado de aturdimiento que afecta a la mayor parte del oficialismo, uno podría pensar que esto coloca a los medios de comunicación como los principales ejes dinámicos de la política de estos días. Y es posible que sea así.

Aquella prerrogativa tan poderosa viene acompañada de una gran responsabilidad y peligros para los propios medios de comunicación. No olviden, señores (sí, ustedes, los de los medios) que las crisis de legitimidad no afectan solamente a la clase política de un país o a su Estado. Hace no muchos años nadie creía en muchos de ustedes, y esto podría volver a ocurrir.

Su función, por muy noble que sea, debe ser ejercida con la mayor rigurosidad posible, sobre todo cuando el oficio periodístico cuenta con más de 200 años de evolución, en los cuales se han desarrollado parámetros de calidad para la elaboración y emisión de la información que producen.

La confirmación y verificación de las fuentes, el respeto de la división entre el ámbito público y privado, y otras tantas condiciones que determinan la realización de un buen periodismo, deben cumplirse independientemente de la posición política de sus respectivas líneas editoriales.

Con esto no estamos pidiendo que no se ataque o no se investigue a aquellos que se encuentran en el poder hoy en día. Fiscalizar al poder, transparentar su gestión, mantener informada a la población sobre asuntos que la afectan en todas las dimensiones de su vida son obligaciones que deben cumplir en orden de mantener saludable nuestra democracia. Pero dicha fiscalización del poder debe hacerse buscando beneficiar a la sociedad, y no con el propósito de desgastar al gobierno.

Deben admitir que juegan un rol político, uno muy importante, por el grado de influencia que tienen sobre las personas. Por lo tanto, su posición política sí importa y esta debe ser transparente. Nosotros, desde La Época, asumimos abiertamente la defensa de este proceso de cambio. No la defensa de las personas que lo encabezan o dirigen, sino la defensa de sus ideas fundamentales: soberanía, desarrollo y dignidad.

Por otra parte, está claro que la oposición partidaria a este gobierno continúa siendo tan irrelevante como siempre lo ha sido. Aún después de la victoria del No no se puede hablar de un sólo nuevo militante de PDC, UN o Sol.bo. En eso, al menos, estamos tranquilos. Está claro que la nueva derecha no saldrá de aquellos partidos.

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