enero 13, 2022

En Brasil se juegan los destinos de la Patria Grande

por: Daniel Araújo Valença

La burguesía continental dirige sus golpes contra el gigante del sur con la finalidad de acabar de raíz con una Latinoamérica que se dispuso devolver las riquezas a sus pueblos.

Todo el mundo vuelve la mirada a Brasil, por vez primera el Parlamento funcionará un día de domingo. Ese acto chistoso, creado con el objetivo de permitir a la prensa empresarial hacer una gran cobertura sensacionalista para el golpe de Estado, no es la única trama del proceso.

Límites y vacilaciones del PT en el poder

Las diversas fracciones burguesas –incluida las financieras– aceptaron el gobierno “petista”, comenzado en 2003 con Lula, pues con el desarrollo del mercado consumidor interno ganaban no sólo los trabajadores sino también empresarios y rentistas. Se puede decir que la candidatura de Lula y su gobierno fueron anti-neoliberales, pero no necesariamente orientados por una estrategia democrático-popular y socialista. Hubo muchos avances en términos de inclusión y recuperación del Estado, pero poco en cuanto a organización, concientización, movilización popular y democratización del Estado.

Con la crisis estructural del capitalismo de 2008, sin embargo, los sectores derechistas comenzaron una fuerte presión por la reducción del valor de la reproducción de la fuerza de trabajo. En las elecciones de Dilma en 2010 ya era posible ver el movimiento de sectores de las burguesías contrarios al proyecto “petista”.

En 2011 y 2012, cuando el gobierno llevó las tasas de interés más bajas de la historia, la reacción del sistema bancario privado creció, así como la presión de las élites. Al año siguiente se sucedieron las “Jornadas de Junho”, un conjunto de manifestaciones populares que, en general, apuntaban el comienzo de la disputa de las calles por las derechas. Posteriormente nacieron “movimientos” como el “Vem Prá Rua” y el “Movimento Brasil Livre”, cuyos orígenes son completamente desconocidos por la ciudadanía; ligados a partidos de oposición y grupos empresariales, hay fuertes indicios de participación norteamericana en su orientación y capacitación.

La derecha toma la iniciativa

Después de las elecciones de 2014 la oposición no reconoció el resultado del escrutinio y pide nuevo conteo. Confirmada la elección, la presidenta Rousseff desde un inicio debe hacer frente a la desestabilización callejera.

Al mismo tiempo una operación de investigación de corrupción en Petrobrás, a “Lava-Jato” –comenzada en 2014–, tuvo malas consecuencias electorales para la bases de apoyo parlamentario del oficialismo. Mediante el recurso jurídico de la “delación premiada” ciertos sectores del sistema de justicia empezaron una caza sin precedentes al gobierno, sus adherentes y particularmente a Lula, el principal líder popular de la historia brasileña.

En el presente año, por medio de las masivas manifestaciones de la derecha –con toda la cobertura e incentivo en tiempo real de la prensa empresarial para la participación social– y el avance opositor en el Parlamento, la “Lava-Jato” toma la delantera del golpe. En un primero paso hay la conducción coercitiva contra ex presidente Lula, algo muy similar a una prisión, con el objetivo de infundir en el imaginario popular la idea de que el líder obrero iba a ser condenado. Una acción completamente ilegal en tanto el Código de Proceso Penal permite ese trato exclusivamente en caso de negación de atendimiento del investigado, lo que no era el caso. Así, mediante la cobertura de la prensa, se intentó convencer a la población de que Lula era corrupto, como todo su partido y el gobierno.

Ofensiva popular y contraofensiva golpista

Lula y el PT respondieron de manera contundente las infamias. El mismo día de su retención, a sus setenta años, Lula charló con colectivos de prensa, con mucha firmeza y muy emocionado, denunciando la parcialidad del sistema judicial, participando, luego, durante toda la noche, en un acto con los trabajadores en el histórico sindicato de los bancarios.

En días posteriores hubo intensas movilizaciones populares de ambos bandos. Hasta que, en determinado momento, Dilma decide llamar a Lula para su gabinete. El juez de la “Lava-Jato” había intervenido no sólo del teléfono de Lula sino también el de sus abogados. La acción, visiblemente ilegal, se tornó aún peor al escuchar los audios de la charla entre Lula y Dilma, filtrados por el juez a la red O’Globo, la principal articuladora del golpe.

La gente fascista salió a las calles en São Paulo y Brasilia y hubo conflictos. Los audios, sin embargo, no tienen nada extraño en su contenido, al contrario, Lula señala que no le gustaba la idea de ser ministro porque para la gente seria asumir una culpa. Añadiendo que sólo aceptaría en caso que el PMDB, partido del Vicepresidente y con mayoría en el Parlamento, decidiera permanecer en la alianza de gobierno.

Ante la posibilidad del retorno de la normalidad democrática, el juez decidió hacer públicos, violando la Constitución, audios que involucraban a la Presidenta. Como reacción, los partidos de derecha intentaron en la justicia impedir la posesión de Lula como ministro. Un juez de primera instancia aceptó. En menos de media hora se descubrió que era, también, un militante pro impeachment, de acuerdo con sus charlas en las redes sociales. El gobierno venció tal acción pero en la Corte Suprema, por sorteo, cayó la responsabilidad al juez Gilmar Mendes, abiertamente opositor. Como estaba previsto, Mendes aceptó la acción contra Lula, dando paso al primer caso en que otro poder del Estado interviene en la soberanía del Ejecutivo.

Luz verde al “golpe suave”

Con el golpe de Estado en acción la población reaccionó. Las izquierdas convocaron dos actos masivos de calle, uno el 18 de marzo y otro el 31 del mismo mes. Intelectuales, artistas, universidades, centrales obreras, movimientos feministas, indígenas, afros, gays, o sea, toda la gente organizada se sublevó.

Ciertamente del otro lado también hay posición pública: la federación de los empresarios de São Paulo, la federación de los bancos privados, la confederación de los latifundistas. Además la mayoría de congresistas que apoyan el golpe y al Vicepresidente, quien encabeza la investigación de supuesta corrupción. 

Contra Dilma Rousseff no hay un crimen, requisito de la Constitución para el impeachment o juicio público que busca su inhabilitación. La oposición creó un nombre para intentar criminalizar un artificio fiscal: “pedaladas fiscais”, en otras palabras, se acusa al gobierno por el retraso en el pago de intereses para mantener políticas públicas.

En estos momentos hay plazas ocupadas por trabajadores y estudiantes. Hasta Brasilia llegan miles de militantes de izquierda, demócratas, que prometen una gran participación popular. La derecha también intenta sacar su gente a las calles, pero es perceptible que perdieron fuerza y ahora apuestan a montajes mediáticos y las acciones golpistas de la mayoría congresista.

Todo el apoyo, nacional e internacional, es fundamental en este momento. Los golpistas ya declararon su programa de gobierno: mirar a los Estados Unidos, recortar derechos laborales y restablecer un Estado mínimo en cuanto a políticas públicas y máximo en cuanto a represión a los movimientos sociales y a los pobres. Así como en otros países de Sudamérica, el Imperio y las elites basileñas avanzan en el derrumbe de las conquistas de comienzos del siglo XXI.


* Profesor de Derecho en la Universidad Federal Rural del Semiárido/Brasil y militante del Partido de los Trabajadores (PT).

Sea el primero en opinar

Deja un comentario