abril 3, 2020

Bolivia: Los desafíos del escenario post referéndum

En Bolivia el bloque social que hizo posible esta revolución ha alcanzado peligrosos niveles de pasividad.

Bolivia ha cambiado radicalmente en diez años: cuenta con un modelo económico con capacidad de generar excedentes y redistribuirlos en beneficio de la sociedad a través de distintos mecanismos; en los últimos tres años (2013-2015) ha alcanzado el primer lugar en crecimiento económico en la región sudamericana y el segundo en América Latina; de un poco más de diez millones de habitantes cerca de dos millones de personas han salido de la extrema pobreza, y un millón han pasado a su condición de “clase media” [1]; registra una ampliación de la democracia en la que le gente ya no sólo vota sino que también elije (antes al presidente no designaba el Congreso), participa y decide; y, finalmente, existe un proceso inocultable de ampliación de derechos ciudadanos y comunitarios.

Sin embargo, aunque no con la misma intensidad ni con igual peligro, la Revolución Democrática y Cultural liderada por el presidente Evo Morales también atraviesa un momento difícil y la continuidad del proceso más profundo de la historia de este país, enclavado en el corazón de Sudamérica, ya no cuenta con las mismas garantías con las que contaba hasta 2014.

¿A qué se debe el hecho de que la continuidad de la revolución boliviana, con horizonte emancipador socialista comunitario, esté seriamente amenazada a poco más de tres años de que concluya el mandato constitucional del líder indígena campesino?

Está claro que no hay una sola causa. Parafraseando a Marx quizá sea oportuno subrayar que la realidad es la síntesis o expresión de múltiples determinaciones y no de una sola. En las próximas líneas intentaré sintetizar las causas que explican el estado de la situación del proceso político boliviano.

Elementos externos

Si analizamos los factores externos, Bolivia no es una isla como para estar al margen de los efectos provocados por la contraofensiva general del imperialismo estadounidense y las oligarquías locales en su objetivo de restablecer su control de América Latina. Contraofensiva que tiene como condición sine qua non la expropiación para beneficio de las transnacionales de los recursos naturales estratégicos de la región, fortaleciendo su estrategia de contención de China y de Rusia en el tablero mundial en disputa.

La contraofensiva imperial no es nueva. Sus orígenes se remontan casi a fines del siglo XX en clara y abierta reacción a la primera victoria de la izquierda en las urnas en medio del universo capitalista –salvo la heroica resistencia cubana en América Latina– en la que se apreciaba, sin embargo, un prematuro desgaste y fracaso del modelo neoliberal. El triunfo de Chávez en Venezuela en 1998 marcaba no sólo el punto de inflexión del consenso de Washington, sino el inicio en la constitución de gobiernos progresistas y revolucionarios en América Latina.

En dieciséis años, los gobiernos revolucionarios de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero también los gobiernos progresistas de Brasil, Argentina, Honduras y El Salvador han enfrentado, en distinto grado, un sistemático acecho de las fuerzas oligárquico-imperiales con algunas o todas las facetas de la guerra no convencional: boicot económicos; campañas de desabastecimiento; asesinato de dirigentes políticos y sociales; amenazas de ruptura constitucional y de división territorial; subversión ideológica a través de ONG con financiamiento norteamericano directo o vía algunas redes europeas; cerco mediático; e intentos de magnicidio. Lo que ha cambiado desde el 5 de marzo de 2013 (tras la muerte del Comandante Chávez) es un incremento de la ola contrarrevolucionaria contra los procesos de cambio que hasta ahora ha desplazado del gobierno al “kirchnerismo” en Argentina, y ha derrocado por la vía de un golpe congresal a Dilma Rousseff en Brasil.

Sin embargo, a pesar del cambio de las relaciones de fuerza y la difícil situación en la región, los gobiernos revolucionarios de Bolivia, Venezuela y Ecuador cuentan todavía con un capital político que abre la condición de posibilidad de resistir y revertir el complejo momento al que se enfrentan, cada cual en sus especificidades. Esto quiere decir que la derrota del “chavismo” en las legislativas de diciembre de 2015 y de Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero de 2016 para abrir la Constitución y posibilitar una nueva repostulación en diciembre de 2019, así como la forja de una candidatura presidencial de Alianza País sin Rafael Correa en Ecuador, no implican automáticamente la cancelación de estos procesos revolucionarios ni mucho menos victorias estratégicas de la derecha y el imperialismo. No lo son porque, a diferencia de los países en los cuales se instalaron gobiernos progresistas, en Bolivia, Venezuela y Ecuador se produjeron revoluciones en las que se materializó el desplazamiento de un boque de poder por otro, en las que se registró un cambio parcial en el sistema de creencias legado por el neoliberalismo y en las que se fue construyendo una nueva institucionalidad estatal. Todo esto les da a los gobiernos revolucionarios la condición de posibilidad de revertir el mal momento.

También es prudente anotar que el imperialismo y la derecha boliviana han desplegado con éxito una estrategia subversiva para el referéndum del 21 de febrero. Si bien la victoria fue pírrica, no menos cierto que encontraron al gobierno del presidente Evo Morales en un momento complejo y, a través de un método distinto respecto de los que usaron en diez años para derrotar al proceso de cambio, lograron su objetivo. Contra la revolución boliviana se desató la llamada Guerra de Cuarta Generación en base a una “novela” [2] bien construida que logró afectar la imagen, hasta ese momento intocable, del líder indígena Evo Morales. En una década no pudieron con la guerra económica, la guerra política, las batallas electorales y la guerra militar, pero obtuvieron lo que querían –evitar la aprobación de la modificación de la CPE para una nueva repostulación en las elecciones del 2019–, sobre la base de una estrategia de mentira, manipulación y miedo, y con las armas de los medios de comunicación y las redes sociales que el gobierno había subestimado.

Desafíos venideros

¿Ahora bien, desde dónde entender las dificultades por las que está atravesando la revolución boliviana? La respuesta a la interrogante desarrollaré incidiendo más en los desafíos que en el análisis de las causas. Esto no quiere decir que se haga vista gorda de las causas, sino que ellas están implícitas en el desarrollo de las tareas que la revolución boliviana deberá encarar.

Un primer factor a resolver es el restablecimiento del equilibrio o la “relación de correspondencia armoniosa” entre la Sociedad Política y la Sociedad Civil, es decir entre la dominación y la hegemonía. A diferencia de la primera gestión (2006-2009) donde incluso se enfrentaron amenazas reales de golpe de Estado, fractura territorial a partir del control de la ultraderecha de cinco de los nueve departamentos del país e intento de magnicidio, la revolución boliviana refleja en los dos últimos años un peligroso desencuentro entre el Estado y la sociedad, más por debilidades y errores del bloque en el poder y los movimientos sociales que por aciertos y fortalezas de la oposición de derecha.

Las relaciones de dominación, que existe en cualquier tipo de Estado, se construyen desde el Estado mismo a través de su aparato estatal y sus mecanismos institucionalizados. La hegemonía se construye y se amplía desde la sociedad. En ambos planos –Estado y sociedad– se producen relaciones de fuerza que definen el curso histórico de los procesos en marcha. Esa es una realidad teórica y práctica irrebatible.

Desde esa perspectiva, hay coyunturas en las que el predominio de la dominación es mayor a la hegemonía, pero es particularmente preocupante cuando se le otorga al Estado el papel de sujeto y, por tanto, de único organizador de la hegemonía en la sociedad. Es preocupante porque por lo general, como dice Álvaro García Linera, el Estado tiende a la concentración y monopolio de decisiones, mientras la sociedad tiende a una mayor democratización de las decisiones cuando hay sujeto histórico que la dirige.

En la coyuntura política boliviana, debido a cierta “fetichización del poder”, quizá más en la sociedad otrora conducida por la fuerza organizadora y movilizadora de las organizaciones sociales pero también en ciertos niveles del Estado, lo que se observa es la disminución o quizá aún pérdida en la capacidad de dirección de los llamados a construir hegemonía. Es decir, aquel bloque indígena-campesino-obrero y popular que ya era dirección antes de ganar las elecciones de diciembre de 2005 y luego dominante después de desplazar del poder al viejo bloque oligárquico-burgués vinculado al imperio, ha dejado de ser tal y lo que produce es un vació de dirección en la sociedad, dando paso al surgimiento y desarrollo de una corriente contrahegemónica conservadora contraria al proyecto emancipador de horizonte poscapitalista.

Un segundo factor, causa y efecto del primero, que de manera urgente deberá resolver la revolución boliviana es la reconstitución del sujeto histórico que hizo posible resistir y derrotar al neoliberalismo y abrir la experiencia revolucionaria más profunda de la historia de este país. Ese sujeto indígena-campesino-obrero y popular no existe en la Bolivia de hoy. Por diversas razones que van desde la “ilusión” de “tomar el cielo por asalto” hasta el retorno a sus intereses corporativos de corto plazo, pasando por la “fetichización” o “enajenación” del poder, los movimientos sociales, particularmente urbanos, han abandonado sus intereses estratégicos de largo plazo y, por tanto, su visión universal.

Cuando eso sucede, el “sentido común” en torno al cual se articulan las luchas, resistencias y avances del bloque de las clases subalternas elevadas a la condición de bloque en el poder, se debilita y corre el riesgo de fragmentarse de manera irreversible. Es decir, se producen varios “sentidos comunes” particulares, de corto alcance y muchas veces en contradicción con los otros hasta el punto que pueden llegar a ser antagónicos.

El sujeto histórico se constituye en la lucha, no está predestinado ni mucho menos se configura en la pasividad. El nivel de conciencia para enfrentar las tareas que requiere el momento histórico, en la laboriosa e irrenunciable misión de construir una nueva sociedad, se adquiere o no en dependencia del papel protagónico o no que se tenga en la lucha cotidiana. El sujeto histórico no sólo existe cuando resiste, sino cuando resiste en articulación con otros sectores sociales desde una perspectiva nacional, y cuando encarna la agenda o programa del cambio. Resistir-construir-resistir es un triángulo permanente en la lucha contra el capital y en el desafío de edificar una sociedad más allá del capital.

Desde esa perspectiva, en Bolivia el bloque social que hizo posible esta revolución ha alcanzado peligrosos niveles de pasividad. Es decir, ha pasado de ser constructor de su propia historia a constituirse en actor pasivo de lo que se hace o no desde el Estado. Esa pasividad y retorno a los intereses particulares denotan un retroceso en el nivel de conciencia y expresan un proceso destituyente del sujeto histórico. Habida cuenta de la objetiva subsunción real y formal al capital en la globalización capitalista de hoy, cuando se produce ese retroceso, esos hombres y mujeres adquieren solo la condición de “capital variable” y no de sujetos históricos de una revolución poscapitalista.

Un tercer factor es lograr un “desdoblamiento articulado del sujeto histórico”. Esto significa que el bloque indígena-campesino-obrero y popular se piense asimismo y se comporte en su doble condición:

Por un lado, como “bloque en el poder político del estado” y que, por tanto, con la enorme responsabilidad de ser portador de una concepción universal del Estado y de representar el interés general de todos y todas, de superar sus visiones corporativas o sectoriales al momento de diseñar y aprobar las políticas públicas y de generar las condiciones institucionales necesarias para una efectiva participación en la construcción del poder. El sujeto histórico es el más interesado en alcanzar niveles de eficiencia y productividad en la gestión de las empresas públicas, pues de ello depende asegurar la generación de excedentes para su redistribución por diversos mecanismos.

Por otro lado, como protagonista o actor político y social estratégico en la construcción de la hegemonía entorno al horizonte de visibilización del proyecto histórico. Este bloque entonces deber ser portador de una visión universal del mundo y de un “sentido común” que articule a los “otros sentidos comunes” de los pueblos que apuestan, desde distintos niveles de desarrollo de la conciencia social, a la superación de las relaciones antagonizadas y de subordinación creadas por el capital. Como reflexiona Gramsci en sus escritos, la construcción de hegemonía es incorporar de los otros aquellas ideas que no alteren o cambien el rumbo del proyecto que se está ejecutando.

El sólo comportarse como bloque en el poder político lo enajena y lo separa de la sociedad en la que también se libra la disputa contra el sistema de creencias del capitalismo, lo cual le deja abierto un espacio a las fuerzas conservadoras para reagruparse y construir condiciones de un proyecto contrahegemónico al que se tiene desde 2006. Asimismo, el sólo comportarse como actor político y social estratégico, sin ninguna participación en las estructuras estatales o niveles de decisión, abre un camino para el desarrollo de las corrientes oportunistas generalmente hábiles para penetrar en las altas esferas, pero también empuja al actor político a migrar o refugiarse progresivamente en sus intereses corporativos de corto plazo.

En ese sentido, un correcto y adecuado “desdoblamiento articulado del sujeto histórico” implica estar con la iniciativa estratégica ininterrumpida y de cambiar la lógica conservadora del poder, pues eso conduce “desde arriba” y “desde abajo” a la construcción de un poder radicalmente distinto del que hace gala el capital.

En cuarto lugar está el desafío de lograr un equilibrio entre la gestión y el trabajo político desde el Estado y mejor aún desde fuera del Estado. No cabe la menor duda que Evo Morales ha cambiado radicalmente Bolivia pues ha logrado materializar las agendas pendientes de los siglos XIX y XX, y encarar la agenda del siglo XXI. No hay antecedentes de un impulso tan fuerte al proceso de modernización del país y al mismo tiempo de ampliación de derechos colectivos y de construcción plurinacional.

Sin embargo, los resultados de la gestión, altamente valorados por la población, no se traducen ahora por efecto automático en un incremento de apoyo político al gobierno, en intención de voto por el MAS y mucho menos en una toma de conciencia de que sólo un proceso con horizonte socialista y comunitario ha sido capaz de lograr cosas que no se hicieron o quedaron pendientes desde la fundación de la república y además garantizar futuro de país. Las grandes y pequeñas obras que el Presidente Evo Morales presenta todos los días fueron una novedad ampliamente valorada hasta el 2014 que sí se traducía en votos y apoyo político, pero ahora no sucede lo mismo. La gente piensa que es una obligación del Estado hacer lo que se hace y son los jóvenes los que más ignoran lo mucho que se ha tenido que luchar para hacer posible este proceso de cambio.

Un quinto desafío es acelerar la construcción de la institucionalidad estatal plurinacional. Con la nueva Constitución Política del Estado, surgida desde el proceso constituyente, se ha registrado un cambio parcial de la organización del Estado. Desde concebir a los “poderes” como “órganos” –pues el poder es único y reside en el pueblo-hasta cambiar los nombres del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. La revolución ha empezado a “bañar” todos los ámbitos de la realidad con su “sentido común” entre 2009 y 2014. Pero la tarea ha quedado inconclusa pues la dinámica, la técnica, muchas normativas y la lógica de la vieja estatalidad todavía se mantienen inalterables. Además de haber incorporado lo “plurinacional” en las diferentes instancias del Estado, lo que no es poco desde lo simbólico y político, todavía queda mucho por cambiar y reformar el estado.

Uno de los rasgos centrales de la tarea pendiente en términos de construcción de la estatalidad es que el nuevo bloque histórico –entendido como aquellos intelectuales y técnicos que organizan la administración pública y representan el vínculo entre la estructura y la superestructura-, encuentra resistencia y veces sabotaje en el viejo bloque histórico. Este fenómeno es comprensible pues le ha tocado incluso a las revoluciones cuya vía para la “toma del poder” fue por la violencia revolucionaria apelar a los burócratas del viejo estado. Desde la revolución bolchevique hasta la revolución cubana al principio se ha tenido que recurrir a intelectuales y técnicos de gobiernos del pasado para administrar el estado. Y los tiempos políticos en revoluciones surgidas desde la lucha electoral son mucho más largos y llenos de complicaciones, aunque el mismo tiempo complejos por la exigencia rutinaria de corto plazo de revalidar su legitimidad en las urnas cada cinco años. Y en Bolivia ha sido aún mucho más complejo debido a una población mayoritariamente excluida de la educación y una intelectualidad altamente funcional al viejo orden. Pero a diez años de iniciado el proceso de cambio, no contar con cuadros políticos y técnicos con capacidad de conducir las distintas instancias del Estado Plurinacional refleja una gran debilidad.

Entonces, llevar adelante una nueva estructura de los “órganos” del Estado y terminar de desplazar a la burocracia de la vieja estatalidad para sustituirla por un nuevo bloque histórico, es una tarea central desde la perspectiva revolucionaria boliviana.

Finalmente, un sexto factor a resolver favorablemente a la revolución boliviana, que también es una tarea pendiente para las revoluciones del siglo XXI, es encontrar la fórmula para trascender la camisa de fuerza que representa la democracia representativa y que subsume las ricas y dinámicas democracias directa y participativa-comunitaria que han sido incorporadas a la Constitución Política del Estado por el sujeto constituyente (sujeto histórico) en el marco del proceso constituyente.

El reconocimiento de las democracias directa, participativa y comunitaria como espacios de constitución, organización, toma de conciencia y movilización del sujeto histórico de las revoluciones posliberales y poscapitalistas, no implica que la democracia representativa haya dejado de ser el espacio principal de disputa entre la dominación y la emancipación. Esto no es malo en sí mismo, pero tampoco se debe perder de vista que en esa disputa las fuerzas sociales antagónicas e interesadas en establecer su visión de organización de la vida social no ingresan al campo de batalla en las mismas condiciones. Las fuerzas revolucionarias deben hacer mayor esfuerzo por conocer y manejar mejor las reglas de una democracia forjada a imagen y semejanza de la burguesía, pero también para no ser atrapadas por su tendencia enajenante. En realidad, se debe aprehender la democracia representativa para luego transformarla radicalmente como espacio de concreción de las otras democracias.

Dos son los rasgos centrales de la democracia representativa bajo conducción liberal-conservadora: por un lado, la de producir una línea de separación entre gobernantes y gobernados a partir de los intereses de clase, lo que en Bolivia implicaba hasta antes del gobierno de Evo una racialización del poder y de la lucha de clases. Por otro lado, el mecanismo de la alternancia –prejuicio liberal que incidió en algo en el resultado del 21 de febrero- y no de la alternativa. Durante dos décadas en Bolivia la alternancia se dio entre los partidos políticos de la misma alternativa: el neoliberalismo.

Entonces, desde una perspectiva revolucionaria el desafío es cómo las democracias participativa, directa y comunitaria se proyectan a través de la democracia representativa. Esto quiere decir que el sujeto histórico debe producir siempre su condición de mayoría social, de mayoría política y de mayoría electoral aún antes del ritual del sufragio. Y esa su condición lo hace construyendo hegemonía en la lucha con ideas para la profundización del cambio, propuestas, estrategias, caminos, etc.

La revolución boliviana cuenta, para enfrentar esos desafíos y rectificar los errores y equivocaciones cometidas, con un líder extraordinario, Evo Morales, quien forma parte del triángulo victorioso –fuerza organizada del pueblo, líder y proyecto alternativo- que se requiere para avanzar. El imperialismo no hace sino su tarea, intentando derrotar y destruir nuestros procesos, nunca dejará de hacerlo. La tarea nuestra es hacer un balance lo más objetivo de lo que hicimos en diez años de revolución para enmendar lo que está mal, consolidar lo que estamos haciendo bien y construir una nueva subjetividad convertida en fuerza material revolucionaria para seguir el camino victorioso de la emancipación.


1 La definición de “clase media” debe der debatida en la izquierda, particularmente en los gobiernos revolucionarios y progresistas. Sin negar que se haya ampliado esta clase media, se corre el riesgo de confundir mayores ingresos para los trabajadores con su “traslado” a otra clase social. Quizá sin darnos cuenta lo que hacemos es ideológicamente convertir a trabajadores que tienen mayores ingresos en clase media, con todo lo que a veces significa el términos de modificación de posición política y cultural, con lo que más que fortalecer el campo de la revolución se lo debilita.

2 A dos semanas del referéndum un periodista y ex director de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Zamora, y una fuente permanente para los servicios secretos de EE.UU. según se constata en los cables filtrados por WikiLeaks, lanzó una denuncia de tráfico de influencias contra el presidente Evo Morales. Supuestos contratos firmados entre una empresa china y el Estado entre 2013 y 2015 con la presencia de una ex pareja del presidente en 2007, además de la existencia de un hijo, fueron parte de la trama que se desmontó en mayo de 2015. Nunca hubo tráfico de influencias y no existe prueba física del niño.

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