diciembre 4, 2021

La discusión inevitable

Hablar del pacto fiscal hoy en día es pertinente. Las gobernaciones y los municipios se verán cada vez más afectadas por la caída de los precios de los combustibles en el mercado mundial. Un golpe como este se hace más doloroso luego del periodo de bonanza disfrutado hasta solamente unos cuantos años. Se trata de un cambio negativo que será notado por todos.

Pero la intransigencia no puede cambiar las condiciones objetivas del país. El problema es que esta observación no es muy persuasiva para las autoridades sub nacionales, que ven amenazados sus presupuestos y sus propias carreras políticas.

Desde ENATEX hasta los recientes reclamos de gobernaciones como las de La Paz o Tarija, pasando por los recortes para proyectos en Pando, los bolivianos nos vamos haciendo la idea de que se vienen tiempos difíciles. Lo razonable, ahora, es pensar cómo afrontarlos.

La discusión del pacto fiscal fue pospuesta por razones políticas. Se trata de un tema demasiado delicado, que puede desestabilizar hasta el orden más institucionalizado. Pero al parecer, se trata de un tema que será cada vez más difícil de evadir. Y mientras más tiempo pase, más duro de afrontar.

Los peligros no son pocos. Al oportunismo de algunos políticos que desean aprovechar esta situación como un trampolín de relanzamiento se le debe añadir que no son sólo los intereses de algunas personas preocupadas por su futuro en las esferas del poder, sino de regiones enteras, de sus economías, de intereses particulares, y por lo tanto, peligrosos.

Después de todo, la demanda autonómica tuvo el empuje que tuvo debido a que el gobierno central de aquel entonces no pudo satisfacer las necesidades de muchas regiones. Si el gobierno actual no llega a estar a la altura de este reto, procesos de conflictividad social por la distribución de los recursos fiscales no deberían parecer improbables.

Por todo esto, la discusión del pacto fiscal debe ser abordada seriamente, al margen de las siempre presentes ambiciones de muchos dirigentes y autoridades. La estabilidad del país podría jugarse en ello.

En primer lugar, debatir sobre la distribución de los recursos actuales es muy difícil, en vista que no habrá ni siquiera un pequeño municipio dispuesto a ceder lo que se considera un derecho.

En segundo lugar, y en consecuencia, la discusión debe concentrarse en nuevas formas de financiar las necesidades de las entidades autónomas sin afectar la distribución actual del IDH. Sea mediante la promoción de emprendimientos productivos o nuevas formas de tributación para entidades como las gobernaciones.

En tercer lugar, y esto parece inevitable, se deberá priorizar entre los muchos objetivos incluso del gobierno nacional. De hecho, se deberá priorizar todos los objetivos del país. Y esto solamente en base a criterios técnicos de rentabilidad y sostenibilidad.

Esto que parece tan amenazante puede bien ser una oportunidad para construir un modelo fiscal boliviano acorde a los retos de las próximas décadas. Por ello, el debate no debe ser evadido, sino abordado con racionalidad (no política) y espíritu nacional.

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