diciembre 5, 2021

El Pacto Fiscal: Una visión desde la economía política marxista

La forma distributiva del excedente generado con el trabajo concurrente y de carácter comunitario de toda la población boliviana debe tener una proyección social.

No es para nada casual que los analistas y tecnócratas con preferencia en los medios de comunicación convencionales, y un gobernador auto-declarado en huelga de hambre [1] que oculta así su incapacidad para atender las necesidades poblacionales en su región, re-planteen las virtudes del Pacto Fiscal insistiendo en la necesidad de materializarlo cuanto antes, con un afán de protagonismo político y en procura al menos como objetivo mínimo, de socavar al proceso de cambio y desmoralizara a la gran mayoría de los bolivianos.

En ese afán algunos analistas apelan a simplismos, obviedades y falacias, mezclándose con los nostálgicos de la vieja autonomía ajena al Estado Plurinacional y propia de las élites reaccionarias que instrumentaron una “autonomía” espuria y localista, manoseando los intereses populares no sólo en sus regiones, para así preservar su privilegio señorial y de burguesía rentista, explotadora del trabajo ajeno y depredadora de la naturaleza pero cual furgón de cola o socia menor y dependiente del capital transnacional.

Lo que se dice y lo que no

Nos dicen, por ejemplo, que el Pacto Fiscal “es simplemente un acuerdo entre el Gobierno Central y las entidades territoriales”, citando solamente a las “gobernaciones, municipios y universidades públicas, para traspasar responsabilidades con recursos suficientes” para el costeo de “la nueva responsabilidad, pero en el ámbito departamental”. [2] Pero se olvidan del artículo 269 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), que establece la organización territorial y en rigor político-administrativa de Bolivia “en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos”.

Es curioso ese olvido ya que en la alborada del siglo XXI, el sujeto indígena-originario campesino fue determinante para el advenimiento del actual proceso de cambio tal como lo fue en la larga lucha anticolonial y anti-racista, siendo además, hoy por hoy, junto a los trabajadores, sectores populares urbanos y las clases medias empobrecidas, uno de los actores fundamentales del bloque social revolucionario.

También es sugestivo afirmar que no puede consolidarse “el proceso autonómico… si no se procede a una nueva redistribución económica”, pretextando que “las 9 gobernaciones y los 339 municipios… están más cerca de la gente”. [3] ¿Es que puede estarse más cerca de la gente con una alianza con la oligarquía que hasta no mucho tiempo atrás entendía por “autonomía” y entiende como un Pacto Fiscal una nueva redistribución del excedente económico nacional para detentarlo y usufructuarlo de forma rentista y gananciosa para sí y en sí misma?

Estrategia oficialista

La forma distributiva del excedente generado con el trabajo concurrente y de carácter comunitario de toda la población boliviana, planificada por el Estado que asume también un rol productivo a través de las empresas estatales, tiene una proyección nacional y un alcance orientado prioritariamente a usarlo o re-invertirlo productivamente en todas las regiones del país, favoreciendo además a los sectores sociales más necesitados y en más situación vulnerable en cuanto al gasto propiamente para el consumo.

Por ello, entendemos, al momento de relevarla consistencia así como los resultados del modelo económico nacional, productivo y comunitario, en tiempos de “vacas gordas” y “vacas flacas” decimos parafraseando a dichos analistas, que el Vicepresidente [4] explicó, que “no puede haber un pacto fiscal sin un pacto productivo”, que no “puede haber un uso autonómico de los recursos sin capacidad productiva por parte de las gobernaciones y las alcaldías”.

Es cierto, para consumir y gastar más se debe producir y generar mayores ingresos. Al respecto cabe indicar que la tasa de crecimiento de la economía boliviana, medida por el PIB [5] y estimada por el Fondo Monetario Internacional, como un indicador del nivel de la producción e ingreso de un país y una institución internacional del gusto de la tecnocracia derechista, fue de 4.3% el 2015 y sería también de 4.3% hasta fines de 2016 [6], la más alta y segunda más alta, después de la tasa de crecimiento de Perú (5%), entre todos los países sudamericanos. A su vez la CEPAL proyecta un crecimiento para Bolivia en todo el 2016, medido también por la tasa de incremento del PIB, de 4.5%, mayor en 0.6 puntos porcentuales al de Perú y entre los países de nuestra región [7].

Esta realidad corrobora el éxito del modelo económico boliviano, destacado por el Vice- presidente, y demuestra lo espurio del Pacto Fiscal, para detentar más ingresos en unas regiones en desmedro de otras, parasitario y rentista,sin ningún esfuerzo productivo a cambio, o al menos con un compromiso serio y planificado acompañado de reinversión productiva de una parte sustantiva de los ingresos que tienen actualmente los gobiernos subnacionales, auto-generando más ingresos en y para sus regiones.

¿Pacto para qué?

Por eso llama la atención que se pida a través de un Pacto Fiscal una nueva re-repartija de los recursos fiscales a escala regional, cuando “no existe una sola empresa productiva en las alcaldías y los municipios más grandes” que llevan ya “20años de funcionamiento [autonómico] y [cuando no existe en ellos]… un emprendimiento que les genere recursos” [8], propios y genuinos.

En su pedido, varios analistas acusan también al Estado Plurinacional de “centralista” y apelan a la muletilla del “centralismo republicano”. ¿Acaso la CPE no contempla autónomamente a lo regional? Por cierto, y aunque no esté inscrita en piedra, es el marco histórico y transicional del proceso de cambio al socialismo comunitario. Fue impuesta a sangre y fuego por la gran mayoría del pueblo boliviano para superar la dependencia externa y el saqueo de los recursos naturales, erradicar al racismo y al colonialismo, y para eliminar la explotación del trabajo, honesto y productivo.

¿No hay una “Ley marco de autonomías”, coherente y consistente con la CPE? ¿Es que el Pacto Fiscal no está inscrito en ellas, ni en la Agenda 2025? Otro analista, en afán falaz y oportunista, nos responde al interrogante apelando a la propia CEPAL que dice: “el Pacto Fiscal forma parte de un acuerdo político [entre] los distintos sectores para definir la visión de país. Es decir, [para] ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir”, con una “visión consensuada… que define las políticas públicas que deben ejecutar todos los niveles del Estado” [9].

Coincidimos con la CEPAL en ello, aunque no nos sorprenda que se apele al concepto cepalino para atacar al modelo productivo estatal y social comunitario, donde no hay duda que el empresariado nacional asume un papel en la llamada economía plural. El artículo 306 de la CPE indica que “el modelo económico boliviano es plural…” y que “la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa” [10].

Tampoco es novedoso el clamor de la tecnocracia neoliberal por un Pacto Fiscal por “motivos de eficiencia económica”, para “modificar el sistema impositivo… hacerlo más progresivo y, en consecuencia, más justo”, “asegurar los equilibrios fiscales… verticales y horizontales”, “priorizar la inversión y el gasto público recogiendo datos de la realidad socioeconómica”, en pro de “la igualdad, justicia, institucionalidad” y apelando a “la teoría de los juegos” [11].

¡Vaya paladines de la ciencia económica y la ética! No en vano Marx diferenciaba y ponderaba a los economistas políticos como Ricardo y Smith de la economía vulgar. El argentino Néstor Kohan concibe al neoliberalismo en general como una vulgaridad de la teoría económica neoclásica y sus políticas correspondientes [12], pudiéndose decir además que es una suerte de hipocresía e impostura política.


* Economista.

1 El pasado 25 de julio, el gobernador de La Paz inició una huelga de hambre, hoy por hoy fracasada, pidiendo que le asignen al margen de las normas vigentes para el efecto, el 4% de la coparticipación tributaria nacional o el 15% del aporte tributario departamental.

2 “Pacto Fiscal ¿está en la agenda de los políticos?” por Teófilo Caballero. Página Siete 23.07.2016.

3 Textual del artículo ya citado.

4 En una conferencia de prensa efectuada el pasado martes 9 de agosto.

5 El Producto Interno Bruto (PIB) como medida del nivel de producción de una economía, es la sumatoria o la agregación del valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía nacional en un periodo de tiempo, en éste caso de un año. Asimismo el valor del PIB equivale al total del ingreso obtenido en ese año, es decir que es igual al ingreso total (PIB = Y).

6 “Boletín del FMI”, en www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/…htm, citado en “Después de la Cumbre de Trabajadores y Movimientos Sociales”; Humberto S. Zambrana C.; publicado en el “Observatorio Económico” suplemento de “La Época”; 5 de junio de 2016.

7 Citado en “La CEPAL y las proyecciones de crecimiento para Bolivia y América Latina”; Leonardo Ascarrunz Martínez; publicado en el “Observatorio Económico” suplemento de “La Época”; 7 de agosto de 2016.

8 De la conferencia de prensa citada en la nota 4.

9 “Pacto fiscal y vacas flacas” por Iván Arias. Página Siete 08.08.2016.

10 Que si el “modelo productivo estatal y social comunitario” sea conceptualmente y/o en los hechos, distinto al “modelo de economía plural”, lo dirá la historia. Nosotros lo dejamos al debate con los analistas.

11 Ver: “Por qué es necesario un Pacto Fiscal en Bolivia” por Herbert Müller, en http//pactobiencomun.com.bo

12 Estas fueron concebidas a fines del siglo XIX, precisamente como una respuesta a la economía política marxista y aplicadas en los países llamados actualmente desarrollados. La crítica a la neoclásica en cuanto a teoría y política económica consecuente, fue planteada por J. M. Keynes entre otrosya desde las primeras 3 décadas del siglo XX.

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