enero 12, 2022

El progresismo está atrapado en la telaraña institucional capitalista

por: Antonio Elías

Luego de la caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo real, sectores importantes de la izquierda abandonaron la concepción de la lucha de clases. La propuesta socialista fue sustituida por un discurso «izquierdista» que se declaraba huérfano de proyecto, por lo que terminó, sin cuestionar el capitalismo, privilegiando la conciliación de clases expresada en las políticas de Estado y en la alternancia de partidos en el gobierno.

La lucha por una «democracia social y económica» que resumía y sintetizaba esta perspectiva izquierdista respecto a una democracia política burguesa que se limitaba, en el mejor de los casos, a garantizar el derecho al voto, se transformó, para muchos, en mejorar el nivel de vida de la población –sin redistribuir la riqueza acumulada– a través de una profundización del modelo del capital.

La conquista del poder y una salida anticapitalista —que suponen una ruptura del statu quo— quedaron de lado, no solo como práctica socio político limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de muchas organizaciones de la llamada izquierda. Todo esto, por supuesto, con diferentes énfasis y niveles de profundidad en cada país.

En ese marco, en la primera década de este siglo –como contrapartida a la ofensiva neocolonial del capital y en el contexto de una importante crisis económica– los partidos de derecha fueron derrotados electoralmente por fuerzas políticas con raíces en la izquierda e importante base social en los trabajadores y en los pueblos originarios.

En los caminos de acceso al gobierno fueron cayendo y quedando de lado muchas banderas del programa histórico bajo el supuesto, nunca demostrado, de que no eran convenientes para la acumulación de fuerzas electoral. Se asumía así el axioma “politológico” de que las elecciones se ganan captando el centro del espectro político.

Las definiciones programáticas se fueron morigerando: primero, en forma ambigua, para acercar a sectores moderados; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado». Con ese objetivo se aceptaron cuatro principios: a) el mantenimiento y profundización de un orden constitucional y legal favorable al capital; b) la «política» no debe interferir las decisiones libres del mercado; c) la primacía de la democracia representativa sobre la participativa; d) el compromiso de garantizar la alternancia política, renunciando a los procesos de transición al socialismo.

Cuando los gobiernos progresistas asumen en su práctica dichos «principios» e impulsan la humanización gradual del capitalismo renuncian –en los hechos– a los objetivos históricos de la izquierda. Así de claro, así de rotundo, para quienes entendemos que este modelo concentra y centraliza la riqueza a la vez que produce y reproduce la desigualdad y la exclusión.

Los gobiernos progresistas del Cono Sur, con todas sus diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. En Brasil y Uruguay llegan al gobierno fuerzas de izquierda que renuncian a sus objetivos fundacionales y asumen las reformas de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y tratan de atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. Argentina, merece un análisis específico por múltiples razones, entre otras, porque aplicaron políticas económicas heterodoxas en disputa con los organismos multilaterales y mantuvieron un papel geopolítico de apoyo a los países progresistas más radicales. En los tres países, sin embargo, los cambios son fuertes en el plano electoral –con reiteradas victorias nacionales y regionales–, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional profundizaron el capitalismo.

En Bolivia, Ecuador y Venezuela, los cambios fueron profundos y se expresaron, entre otros aspectos, en reformas constitucionales que apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y construcción de poder social, a su vez, hubo avances importantes en el enfrentamiento con las empresas transnacionales restringiendo su capacidad de acumulación. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen.

Como consecuencia, en la mayoría de los países no se produjeron cambios significativos en el sistema de dominación –ni siquiera se avanzó en esa dirección– y en otros, donde se había avanzado mucho en una primera etapa ha habido frenos y retrocesos significativos. Todo ello en el marco de una heterogeneidad de situaciones que transformó el concepto “progresismo” en un gran paraguas que cubre a gobiernos cuyos procesos son distintos en contenido y profundidad.

Durante casi una década los precios de las materias primas que exportan estos países tuvieron precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento significativo de los recursos de que disponía el progresismo para llevar adelante sus proyectos de cambios profundos (Bolivia y Venezuela), los que avanzaron en una primera fase y luego quedaron a mitad de camino (Ecuador) y los que simplemente buscaron la legitimización social (Argentina, Brasil y Uruguay).

La caída de los precios de las materias primas, la recuperación del valor relativo del dólar –con las consiguientes devaluaciones– y el retraimiento de la entrada de capitales afecta económicamente y desestabiliza políticamente a los gobiernos progresistas.

Hay una tendencia al descenso de la actividad económica: desaceleración, estancamiento y, en algunos casos, recesión con lo cual se genera la caída del ingreso nacional y un aumento considerable del déficit fiscal. En contextos críticos, como los señalados, caen los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios públicos y a políticas asistenciales dirigidas a los sectores más desprotegidos, lo que provoca una pugna distributiva entre trabajo y capital y el creciente empobrecimiento de sectores sociales que dependen de subsidios del Estado. Lo anterior genera condiciones objetivas para la agudización de la lucha de clases, pero no existen condiciones subjetivas tales como conciencia, organización y dirección para poner en cuestión el dominio del capital.

En este proceso de retroceso económico el progresismo tiene reveses importantes: triunfó Mauricio Macri en Argentina (22/11/2015); en Venezuela obtuvo mayorías parlamentarias la oposición (06/12/2015) y obtuvo las firmas necesarias para cumplir con la primera etapa del Referéndum revocatorio; en Bolivia fue derrotada la propuesta de reforma constitucional para posibilitar la reelección de Evo Morales (21/02/2016); en Brasil, luego de la aplicación forzada de los mecanismos constitucionales para destituir sin causas legitimas a Dilma Rousseff su partido, sufre una fuerte derrota en las recientes elecciones municipales (02/10/2016).

La situación es particularmente compleja porque lo que queda del progresismo, luego de perder el gobierno en Argentina y Brasil, debe enfrentar una agudización de las agresiones imperialistas –por diversos métodos– para desplazarlos de las posiciones de gobierno. El objetivo principal e inmediato sigue siendo el gobierno de Venezuela –el que más esfuerzos hizo para fijar para fijar un horizonte socialista y una integración regional antiimperialista– al que se trata de aislar internacionalmente a la vez que se desarrolla una masiva campaña mediática buscando crear condiciones para legitimar todo tipo de confrontación interna y/o agresión externa.

En cualquier caso no puede ignorarse que las derrotas electorales, la ofensiva del capital y las agresiones imperialistas han sido facilitadas, en mayor o menor medida, por insuficiencias internas, tales como: el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y, fundamentalmente, por profundas desviaciones ideológicas. Tampoco puede desconocerse que no se ha logrado la transformación de la base productiva y que aumentó la primarización, la extranjerización y la vulnerabilidad de nuestras economías.

Todo este proceso se encuadra dentro de una ofensiva estratégica del capital –que lleva décadas– por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la decaída tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los trabajadores de los países periféricos. Para ello necesitan: a) reducir al mínimo las fronteras y las regulaciones económicas a través de Tratados de Libre Comercio y de Protección de Inversiones cada vez más invasivos y lesivos para la soberanía nacional; b) aplicar políticas de ajuste para bajar los costos del Estado y de la mano de obra con políticas restrictivas de diverso tipo.

Los límites del progresismo y las condiciones para su desplazamiento quedaron establecidos cuando se aceptaron las instituciones políticas y económicas del sistema capitalista. La ofensiva actual para sustituirlos por fuerzas políticas totalmente sometidas a los designios del capital se explicaría, en gran medida, porque los gobiernos progresistas tienen contradicciones internas importantes y no garantizan el cumplimiento de los objetivos económicos y geopolíticos de los Estados Unidos.

El acceso al gobierno, para los sectores de izquierda, era un camino que permitiría acumular fuerzas para avanzar hacia un horizonte socialista. Lo cual no fue así, seguramente, porque las clases dominantes mantuvieron el poder que deviene de la propiedad de los medios de producción y de la hegemonía mundial del neoliberalismo.

Cabe preguntarse, entonces, en qué medida estos gobiernos acercan, estancan o incluso alejan a las clases dominadas de la posibilidad de realizar transformaciones estructurales a favor del trabajo y en contra del capital. Esa es la cuestión que juzgara la historia.

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