septiembre 28, 2022

Aborto, iglesia y estado

Arduo fue el debate en la Asamblea Constituyente sobre si nos declarábamos o no un estado laico. Finalmente, nos atrevimos y lo escribimos. Bolivia es un Estado laico desde entonces. Está establecido en el Artículo 4.

Sin embargo, a pesar de estas declaratorias, parecería que la iglesia católica ha decidido ignorar aquello y sigue inmiscuyéndose en los asuntos del Estado Plurinacional, creando desinformación y caos.

Para hablar del aborto y su despenalización, deberemos hacerlo a la luz de los derechos de las personas; derechos fundamentalísimos que no deben ser ignorados o subordinados a escalas valóricas subjetivas. Las religiones, los dogmas, son vividos de manera muy personal y particular por quienes los practican, pero el Estado no puede considerarlos a la hora de dictar políticas que favorezcan a su población. La ley y las políticas son para todos, buscan el bien común y deben basarse en los derechos humanos; en un estado democrático y de derecho como el nuestro y a la luz de una Revolución Democrática y Cultural como la nuestra, esto sería un contrasentido muy grave. Las leyes y las políticas deben darles a todos las y los ciudadanos las mismas posibilidades, oportunidades y prerrogativas, independientemente de su preferencia política, sus creencias religiosas o su color de piel. Nadie dice que no se deban observar valores y principios acordes a los dogmas o las religiones que cada uno profesa, por supuesto que sí bajo el marco del respeto mutuo, sin embargo, estos dogmas religiosos no pueden ni deben constituirse en los argumentos que guíen las políticas de Estado. Y es ahí donde radica la confusión.

Bolivia ha sido – hasta 2008 – un país que reconocía como “oficial” la religión católica cristiana, subordinando al Estado a las reglas de la iglesia, siendo que las leyes canónicas y las leyes de un Estado, son dos cosas completamente distintas, porque ambas obedecen a principios diferentes. Esto ha hecho que durante años el Estado y los gobiernos de turno, se muevan al compás de estas normas religiosas, olvidando que también tenían que gobernar para gente que no profesaba religión alguna.

El debate sobre el aborto iniciado a raíz de la puesta en marcha de un nuevo diseño del Código Procesal Penal, ha reactivado un viejo debate político-religioso que imbrica peligrosamente estas dos vertientes: la religiosa y la política. Incestuosa relación que por siglos ha conculcado derechos humanos básicos en el nombre de la moral cristiano judaica. Convengamos aquí que cada uno de los lectores y lectoras puede tener una creencia religiosa o no y una posición clara sobre el aborto; sin embargo, al momento de practicárselo, la mujer toma una de las decisiones más íntimas y personales de su vida, ya sea sola o acompañada con su pareja, e independientemente de sus creencias religiosas o morales, debería poder tener la posibilidad dada por el Estado, de elegir libremente y sin sentirse culpable, la mejor opción para sí misma y para su vida futura. En otras palabras, debería ser libre de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, independientemente de lo que opinen los demás. En suma, debería esa mujer con un embarazo no deseado a cuestas, poder decidir sin que la sociedad le tire encima los hombros un fardo de culpas de millones de años de antigüedad. Pero no es así. Seguimos debatiendo si es permitido, correcto moral y políticamente, que un ser humano pueda tomar decisiones de manera libre y soberana sin que el Estado la penalice.

Como bien lo decía Simone de Beauvoir, las mujeres siguen siendo un segundo sexo subordinado al hombre por culpa de su corporeidad implicada en la maternidad; la emancipación de la mujer por lo tanto, pasa porque el Estado entienda que la mujer puede y debe liberarse de la maternidad como hecho fáctico que le da un lugar en la sociedad y un significado a su vida. La mujer es mucho más que un útero; cuenta, existe y es más allá de su deseo o no de ser madre. Este es el debate de fondo. Bolivia a pesar de ser un estado laico, aun no puede asumir que la maternidad debe ser una opción, nunca una obligación. Por lo tanto, el aborto y la salud sexual y reproductiva de las mujeres son derechos adquiridos y es así como debemos entenderlos.

También se trata de un hecho de salud pública; en Bolivia, diariamente, se practican más de 100 abortos clandestinos y los abortos mal practicados en condiciones insalubres, se constituyen la tercera causa de mortalidad, en un país cuya razón de mortalidad materna sigue siendo escandalosamente alta. Hemos avanzado en muchas cosas, sin embargo, en los derechos de las mujeres, el avance el lento y pesado.

Este falso debate sobre el aborto, es tan solo una cortina de humo para naturalizar lo privado como lo femenino, cuando lo que hay que hacer en realidad, es desnaturalizar este enclave privado, poniendo de manifiesto que en él se desarrollan relaciones de poder y violencia. El aborto también es consecuencia de estas relaciones de poder entre hombre y mujer que son violentas y que pretenden perpetuar el poderío del macho sobre la mujer sumisa y objeto.

Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia, debe encarar el tema del aborto a la luz de estas consideraciones; como un problema de salud, ni duda cabe, pero también dejando de un lado el falso debate de valores morales que no llegan al fondo del asunto. Hay que entrar al meollo mismo del tema; la existencia de un de un país y una sociedad profundamente machista y patriarcal que se niega a comprender las cosas más allá del manto de la ignorancia milenaria en la que la iglesia quiere mantener sometidos a sus fieles, especialmente a la mujer, la que, adornada por las virtudes cristianas de abnegación, sumisión y amor desinteresado sin esperar nada a cambio, emulando a María la madre de Dios, ha sido sometida durante siglos a la peor de las esclavitudes, aquella que no le permite ser sujeto, sino objeto.

Kate Millet dice que la relación sexual es una relación de poder, por lo tanto política, queriendo significar que las decisiones sobre la sexualidad y la reproducción se ubican en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, caracterizadas por ser relaciones subordinadas, donde la mujer no puede tomar decisiones libremente, entre ellas, la de abortar.

Es importante también aquí mencionar que el debate sobre el aborto es parte acompañante de la reconstrucción y profundización de la vida democrática de Bolivia y que está obviamente atravesado por las tensiones inherentes a los procesos de transformaciones culturales profundos que está viviendo ahora la sociedad boliviana. Este debate por lo tanto debe ser amplio, porque permite la construcción de democracia, ciudadanía y participación social. Asuntos de suma importancia en un Estado Plurinacional naciente y donde los dogmas religiosos no tienen cabida.

Como Estado, como sociedad y como país, tenemos una deuda pendiente para con la vida de las mujeres, que suman casi la mitad de la población boliviana.

Deberemos entonces caminar sin detenernos hacia una integralidad de políticas a favor de las mujeres; a ubicar, reconocer y aceptar el aborto inseguro como un gravísimo problema de salud pública, de equidad y de justicia social; a reconocer a los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de Estado y como derechos humanos fundamentalísimos y el derecho a decidir de las mujeres, como un asunto de democracia y ciudadanía.

El aborto como derecho debe pasar a integrar la agenda política junto con los grandes temas nacionales y sacarlo de una vez por todas de la esfera netamente privada.

Ese es el punto final. Ahí es donde vamos, ahí es donde debemos llegar.


*       Médica especialista es Salud Pública. 

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