enero 17, 2022

¿Puede la Constitución negar derechos establecidos en Tratados ?

Podría ser una discusión bizantina si no estuviera de por medio el hecho de que se habla de los derechos de las personas. En cualquier otro caso la primacía de la Constitución es indiscutible. Sin embargo, por lo establecido en el mismo bloque de constitucionalidad, este tema tiene características particulares que deben ser tomadas en cuenta precisamente en el fortalecimiento y la profundización de una verdadera democracia, donde finalmente sea el ciudadano, el que determine quién quiere que lo gobierne a través de su voto, sin ningún tipo de limitaciones propias de un sistema pseudodemocrático liberal.

Es posible comprender un texto constitucional que incluya aspectos que vayan en contra de Declaraciones y Convenciones Internacionales sobre derechos fundamentales o derechos humanos y que el Estado, y la sociedad, no tengan la capacidad de enmendar esta situación, solo porque algunos mal llamados doctrinarios del derecho u otros leguleyos apegados a la “letra muerta” de la ley, piensen que aquello es antidemocrático.

El ordenamiento jurídico boliviano ha incorporado precisamente en el procedimiento constitucional, el recurso abstracto de inconstitucionalidad, como un mecanismo por el cual determinadas autoridades pueden observar la constitucionalidad de una norma y desde luego su aplicabilidad.

La Constitución Boliviana en su artículo 410, parágrafo II, además de declarar que es la norma suprema del ordenamiento jurídico (gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa), establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado; es decir, retomando la concepción kelseniana, se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica como principio y fundamento de todas las demás normas.

En segundo lugar se encuentran los Tratados Internacionales, que pueden ser suscritos en cualquier materia por las autoridades legitimadas al efecto, respondiendo a los fines del Estado “en función de la soberanía y de los intereses del pueblo”, como lo señala el artículo 255 parágrafo I, dado que, una vez ratificados, también llegan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango de leyes, como establece el artículo 257 parágrafo I.

Es diferente la situación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, porque, una vez ratificados, éstos prevalecen en el orden interno, dado que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse conforme a ellos, según expresa el artículo 13, parágrafo IV y cuando dichos tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”, así lo manifiesta el artículo 256, que consagra el Principio “pro homine”.

El recurso

Con el recurso se pretende establecer si algunos artículos de la ley del sistema electoral, los artículos 52, 64, 65, 71 y 72 de la Ley 026; asimismo, los artículos 156, 168, 255 y 258 de la Constitución Política del Estado, no se encuentran en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por el Estado boliviano en 1993. Una resolución favorable del Tribunal Constitucional reivindicaría los derechos a ser elegidos sin limitaciones no solo al presidente o al vicepresidente, como maliciosamente ha expresado la oposición, sino también a asambleístas nacionales y departamentales, gobernadores, alcalde y concejales municipales.

No se trata pues de modificar, ni menos reformar la Constitución Política del Estado, como malintencionadamente se ha señalado desde la oposición mediática con la única finalidad de mostrar al gobierno como antidemocrático. El recurso busca establecer si los señalados artículos de la CPE limitan o no el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido sin limitaciones, que está establecido por el Pacto de San José. Si es así, pues no queda otra que señalarlo de manera concreta y establecer su inaplicabilidad, modificando las disposiciones legales que a partir de este articulado se han llegado a generar, como las establecidas en la ley 026. Esto no quiere decir en absoluto, y hay que recalcarlo, modificar o reformar la Constitución. En adelante habrá que pensar también en aquello, con los propios mecanismos que plantea la misma Constitución, puesto que la Constitución como cualquier otro producto de la creación humana no es perfecta, pero si perfectible y como producto de la dinámica social e histórica de los pueblos y los estados, su revisión y actualización, en el marco de su propio procedimiento, es una responsabilidad fundamental.

Solo para recordar

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente desde 2009, tras su aprobación en referéndum constitucional, fue producto de una larga brega entre el Movimiento al Socialismo y los grupos de esa neoliberal, desplazada del control del aparato estatal y que vio como se le esfumaba cualquier atisbo de volver al pasado. El surgimiento del nuevo estado era irreversible.

Sin embargo, si bien el Movimiento al Socialismo contaba con mayoría en la Asamblea Constituyente, no sucedía lo propio en el senado, que fue desde se organizó la resistencia conservadora y reaccionaria a la nueva Constitución y, por ende, al nuevo Estado. Esta resistencia se materializó de diversas maneras, desde la batalla en sus medios de comunicación hasta con movilizaciones violentas en la sede de la Asamblea. Si bien todas estas fueron superadas por la corriente emergente, la batalla de las batallas quedó en manos nuevamente de la circunstancial mayoría, resabio del neoliberalismo, en el Senado, donde el texto constitucional fue a ser negociado. Varios puntos expresados por la voluntad del constituyente fueron cambiados por un grupo de parlamentarios que habían perdido legitimidad en su representación, pero que lamentablemente guardaban para sí un mínimo margen de legalidad que les permitió la maniobra y el chantaje. El resultado es el que estamos observando, pese a que la Constitución marca un hito en la historia boliviana, con la creación del Estado Plurinacional, dando lugar además a una nueva era de constitucionalismos en Latinoamérica y en el mundo, constituyéndose en pionera en muchos campos, se puede establecer que subsistieron o se incorporaron subrepticiamente algunas contradicciones o incoherencias que deben ser abordadas como tal, tomando en cuenta siempre el bien mayor tutelado.

Conclusión política

La conclusión de este debate no va ser finalmente jurídica, sino como es lógico, política. La oposición va a utilizar todos los argumentos supuestamente jurídicos para deslegitimar este recurso y los resultados que se generen desde el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero el fondo de la cuestión es otro. La única forma de evitar que Evo Morales vuelva a ser elegido por el voto popular como presidente de Bolivia, es impidiendo su candidatura a como dé lugar. Los opositores saben que ni juntos ni revueltos podrán ni siquiera acercarse a la votación de Morales, seguro ganador en primera vuelta. Ese es el quit de la cuestión, lo demás son solo argumentos sin sostén que pretenden confundir a la ciudadanía, con adjetivaciones y medias verdades.

La constitución ni las leyes no están escritas en piedra y deben ser adecuadas al desarrollo histórico de los pueblos. Su actualización y mejora es responsabilidad histórica de todos y cada uno de nosotros. Más que una responsabilidad jurídica es, por sobre todo, una responsabilidad política que no podemos dejar de asumirla.

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