Hace unos días, dos cadenas de televisión nacionales han difundido datos de encuestas de opinión sobre diversos temas, entre los que han destacado los niveles de aprobación de las máximas autoridades del gobierno nacional y de todos los gobiernos subnacionales. También se ha conocido lo que la gente consultada piensa del Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado por un grupo de legisladores –oficialistas y opositores-, para levantar la restricción de participación en las elecciones nacionales y subnacionales.
Como es obvio, el debate central de esas encuestas ha girado en torno al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, tanto en el campo de la gestión como en su proyección al 2019 si el recurso termina con una sentencia favorable en el Tribunal Constitucional, cuyos integrantes serán removidos de sus funciones después de las elecciones judiciales del 3 de diciembre. El debate ha sido, como también se esperaba, duro y a veces demasiado optimista tanto por el lado del gobierno como de la oposición.
Una de las encuestas –de la que no se conoce si hubo o no apego a la base estadística- permite apreciar que mientras hay un 68 por ciento de gente que no está de acuerdo con el recurso constitucional interpuesto, hay un 30 por ciento que si lo respalda. De los resultados señalados, llama la atención el alto nivel de apoyo en la ciudad de El Alto a la gestión como al mecanismo elegido para posibilitar la repostulación del presidente Evo Morales.
Los que apuestan a la continuidad del proceso de cambio mediante la conducción de Morales, deberían tener algo de preocupación pues se nota que en la opinión de la gente hay una distancia importante entre el nivel de aprobación (57%) y el apoyo al recurso para hacer posible su reelección. Es verdad que 30% traduce el sentimiento de un punto de partida del núcleo duro del gobierno, lo que no es poca cosa cuando no hay que ser brujos para afirmar que ninguno de los partidos y jefes de la oposición cuenta con ese nivel de apoyo. Por lo demás es poco probable que la oposición se una y tenga un solo candidato.
Una síntesis que se toma de ambas encuestas es que el nivel de intención de voto por Morales está entre el 35 y el 39%, a lo que se debe sumar el nivel promedio de votación que el presidente indígena ha tenido en las zonas rurales a partir de las elecciones de 2002. Las encuestas tomaron muestras de algunas zonas del área rural y ciudades intermedias, es verdad, pero es de presumir que la mayor parte de las boletas se usaron en las nueve ciudades capital y El Alto.
Sin embargo, los desafíos para el gobierno y el principal partido del país no han terminado, sobre todo si se asume que la oposición hará todo lo posible para contar con el respaldo de factores de injerencia externa con el objetivo de crear situaciones políticas que impidan la candidatura de Morales o su posterior reelección si el TCP emite sentencia favorable.
Por un lado, para el gobierno, está el desafío de mostrar o presentar los resultados de la gestión de otra manera, pues es evidente que al cabo de once años la población o no valora lo que se hace o lo valora pero no por eso saca la conclusión de que Evo Morales es no solo la garantía de que logros se mantengan sino que se consoliden.
Por otro lado, está la capacidad que tenga el MAS y los movimientos sociales para retomar los espacios perdidos o que están debilitados por falta de trabajo político. No se puede esperar que todo lo haga Evo, los dirigentes deben saber que la hegemonía se conquista en todos los campos de la sociedad y que esa tarea es de ellos.
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