Cochabamba, La Época.- El analista político y medio ambiental, Luis Camilo Romero, señaló que la organización autodenominada “Tribunal de los Derechos de la Naturaleza”, que vincula en su accionar a “jueces éticos”, devela una postura exclusivamente política, porque ignora el ordenamiento y jerarquía que tienen las comunidades indígenas en relación a la toma de decisiones y sus derechos de gestión del territorio.
“Una vez escuchada su cháchara de ética, nos preguntamos ¿pretenden enseñar ética a pueblos con valores, reconocidos a nivel mundial? ¿Pretenden enseñar ética a un pueblo que ha tenido la capacidad de definir su propio proyecto de Estado?”, remarcó el analista.
Aclaró que ese “Tribunal”, no tiene ningún vínculo con organizaciones reconocidas por nuestra Constitución como la ONU, la OEA por ejemplo, su financiamiento que le permite movilizarse por todo el continente y realizar encuentros; los costos que representa mantener una pequeña organización barrial y los gastos que tiene este sui géneris “Tribunal “voluntario”, apuntó el analista.
Añadió que ésta “Comisión” que llegó al país, apela a personalidades, citando a Vandana Shiva y Pino Solanas, una científica hindú y un Senador argentino de sinuosa posición política, ambas personas con escaso conocimiento del proceso boliviano de soberanía territorial y la necesidad de vinculación entre los pueblos de nuestro territorio.
“Nuestra sanciones son éticas”, señalan estos miembros del “Tribunal”, lo que supone que son poseedores absolutos de la ética, dudosa afirmación ya que se conoce que los valores dependen de los pueblos y sus culturas, por lo tanto, no existe “una ética” sino tantas como culturas existen, claro que para tener esa perspectivas hay que reconocer que el entendimiento humano no alcanza para abarcar todas las éticas existentes en el mundo”, matizó.
Dijo que la postura de ser Juzgadores éticos “demuestra la arrogancia que tienen o mejor se han creado para justificar sus actividades de “protectores”, no de la naturaleza sino de esas posturas políticas, que se ha convertido en una especie de “veta” para ser explotada con el rótulo de “ambientalistas”.
Remarcó que cada afirmación de sorpresa de estos “jueces éticos” confirma su postura exclusivamente política, porque ignoran el ordenamiento y jerarquía que tienen las comunidades indígenas en relación a la toma de decisiones y sus derechos de gestión del territorio.
Señaló que, en algún momento de sus profusas declaraciones, apoyada y amplificada, por los medios de comunicación de la oposición política boliviana, “comparaban su “tribunal” con el célebre Tribunal Russell, demostrando una vez su arrogancia y pretensión de seriedad”, apuntó.
Finalmente, manifestó que “las declaraciones arrogantes son una afrenta a todo el pueblo boliviano. Aceptar un “tribunal ético” que no conozca la compleja realidad boliviana, las luchas de los pueblos originarios por la vigencia de sus derechos culturales, solamente se explica por la intervención de agentes internos, que en el lenguaje sindical se llaman esquiroles”.
Lo triste de este episodio –dijo- es haber creado una expectativa en varias comunidades que han creído en la capacidad vinculante de ese tribunal; “en otras palabras, han jugado con la confianza de algunas comunidades, cuyos dirigentes han sido utilizados para esta farsa del autonombrado “Tribunal”, puntualizó.
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