Por Osmara Morales Paredes *-.
En 2009 fuimos convocados para asistir a las urnas y emitir nuestro voto sobre el texto constitucional de la entonces República de Bolivia. El resultado fue la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) por más del 61% de la población.
Dicho texto constitucional establece que la Seguridad Social debe encontrarse a cargo del Estado Boliviano.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones, entidades privadas que forman parte de grupos financieros internacionales, llegaron a Bolivia (1997) para administrar las pensiones, en un momento en que las tareas del Estado fueron limitadas a la de un simple supervisor, bajo el argumento de que no era un buen administrador.
La ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, como también la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, vinieron realizando tareas de regulación, supervisión, control y fiscalización de las operaciones que realizaron las dos Administradoras de Fondos de Pensiones.
Más allá de efectuar el seguimiento de las actividades de las Administradoras de Fondos de Pensiones o identificar el impacto que tuvieron estas en la población de asegurados, lo cierto es que desde su inicio obtuvieron utilidades gracias a un ingreso sostenido, financiado por las comisiones que reciben, entre ellas la comisión del 0,5% que paga el asegurado.
La información financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones, nos muestra que a partir del establecimiento del Sistema Integral de Pensiones, desde la gestión 2011, las utilidades de ambas entidades se incrementaron llegando a un promedio de más del 30% respecto del total de sus ingresos operativos. Lo evidente es que estas ganancias no tuvieron repercusión en el servicio que se brinda al asegurado, ya que con un contrato de tiempo indefinido no invirtieron en bienes inmuebles que sirvan para la atención de nuestros trabajadores y jubilados, así como el alcance geográfico, personal calificado, entre otros.
Por el contrario, el panorama a partir de la CPE de 2009, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, generará utilidades que se quedarán en nuestro país y no se irán con empresas transnacionales, lo que repercutirá positivamente en mayores beneficios para los asegurados.
Independientemente del desempeño de las Administradoras de Fondos de Pensiones por voluntad del pueblo boliviano tendrán que dejar nuestro país.
* Especialista en Pensiones.
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