Cochabamba, La Época.- El máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) en Cochabamba, Grover García, señaló el lunes que la Ley de Organizaciones Políticas en actual debate, es un avance al proceso democrático que vive el país y que tiene que ser apoyada por las organizaciones políticas.
García aclaró que esta ley no es un retroceso al pasado, sino un avance en tanto se incorporan otros temas, se prevén recursos públicos, administrados por el TSE, para garantizar condiciones más equitativas de acceso a los medios en procesos electorales.
“Esta Ley nos está mostrando que estamos avanzando y que forma parte de la profundización de la democracia y que la derecha no tiene por qué poner trabas, ya que está acostumbrado a oponerse a todo”, remarcó el dirigente.
Además, acotó que existen grandes cambios como el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en elecciones con sus organizaciones propias, dichos resultados son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.
“Esta ley –dijo- está tomando en cuenta lo que pidieron los mismos opositores como es incorporar a las mujeres dentro de la “democracia paritaria” y de un régimen de despatriarcalización en las organizaciones políticas para garantizar la participación igualitaria de las mujeres, a quienes se protege también con mecanismos contra el acoso y la violencia política”, manifestó.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que dispone que las primeras elecciones primarias en los partidos se realicen en 2019 y pasó la iniciativa a consideración de la Cámara de Senadores.
La oposición hace un par de días habría advertido que el objetivo de aplicar las primerias en 2019 responde a una estrategia del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para validar la repostulación del presidente Evo Morales y pasar por alto el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, ya que esta normativa dispone que el resultado de las elecciones primarias será de carácter vinculante.
Sobre el financiamiento económico a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el proyecto establece que se retornará al financiamiento indirecto público y prohíbe recibir recursos del exterior. Si es que se trata de cooperación internacional para fortalecer la democracia, el Tribunal Supremo Electoral estará encargado de distribuirlos bajo el criterio de proporcionalidad y equidad.
Además, el proyecto indica que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán rendir cuentas ante sus militantes y la ciudadanía sobre los recursos que administra.
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