octubre 20, 2020

Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y diez propuestas para la revolución de la justicia, el legado de Ramiro Guerrero

Jaime Salvatierra

Ramiro Guerrero deja este 23 de octubre la titularidad de la Fiscalía General del Estado, tras seis años de compleja construcción de una nueva institucionalidad en el marco de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009.

La Época (LE).- Seis años al frente del Ministerio Público dejan muchas lecciones, y más aún si es para construir una nueva institucionalidad en el marco del Estado plurinacional. ¿Cuáles son esas lecciones?

Ramiro Guerrero (RG).- La construcción de la institucionalidad en el Ministerio Público ha sido una tarea dura y compleja, que ha requerido un enorme esfuerzo desde diferentes ámbitos, en lo concerniente a las necesidades físicas modernizamos la institución con tecnología y equipamiento, mejoramos la infraestructura avanzando hacia un modelo de gestión construido de manera colectiva entre todos los servidores, con una visión autocrítica, de transformación, de cambio de paradigmas, gracias también al aporte de varios expertos internacionales que han sido parte de reformas de otros Ministerios Públicos en América Latina.

    Recuperando experiencias de otros países hemos trabajado para contar con un modelo propio de gestión institucional del Ministerio Público, que contemple desde el ingreso de recepción de causas con plataformas ágiles, inteligentes, amigables, con fiscales analistas que realmente consideren y analicen la última ratio del derecho penal, con fiscalías corporativas que destierren un trabajo individual y personalizado de cada fiscal “dueño de un caso” hacia una organización con equipos fiscales que trabajen corporativamente en los diferentes ámbitos o áreas de especialidad que tiene la institución.

    Luego de seis años, tenemos un Instituto de Investigaciones Forenses fuerte, científico, con una alta calidad en las pericias que se desarrollan, con una Escuela de Fiscales que forma y capacita a los mejores profesionales bajo el nuevo perfil del fiscal boliviano, con un Régimen Disciplinario que marca lineamientos de disciplina para el cumplimiento del trabajo institucional, con Unidades de Flagrancia que actúan de manera rápida e inmediata en determinados casos para lograr sentencias rápidas, inmediatas como una señal dirigida a la población de que se está haciendo justicia.

    Nuestro IDIF posee ahora una de las mejores infraestructuras de Sudamérica, con equipos móviles que ni otros países de la región disponen, hemos adquirido equipamiento con tecnología, equipos de última generación, se ha invertido más de 30 millones de bolivianos en nuestro brazo técnico y científico.

    Se ha mejorado también la imagen institucional del Ministerio Público, desde el logotipo, desde los colores institucionales, el sentido de pertenencia, la identidad institucional, el orgullo de ser fiscal, de pertenecer a una institución que defiende a la sociedad y la legalidad.

    Hoy dejamos un Ministerio Público fuerte, un Ministerio Público creíble, un Ministerio Público que defiende a la sociedad, esperando que se siga profundizando esta transformación, con todos los cambios que se han hecho desde la Fiscalía.

    Fueron seis años de trabajo con mucho compromiso donde nos hemos puesto la camiseta, seis años que parecen largos, pero que son insuficientes para transformar completamente una institución que fue encontrada con terribles deficiencias de carácter estructural.

LE.- ¿Cuál es el papel del MP en la construcción del Estado plurinacional?

RG.- La Constitución Política del Estado define la naturaleza jurídica del Ministerio Público como la de un Órgano Independiente, al establecer su autonomía funcional, administrativa y financiera y ubicarla en un Título especial distinto al de los Órganos Ejecutivo y Legislativo.

    Las principales funciones del MP que se desprenden de la Constitución de 2009 son la defensa de la legalidad, la de los intereses generales de la sociedad y la facultad de ejercer la acción penal pública. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad significa el despliegue de la acción penal pública en los términos constitucionales establecidos, en las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes velando por el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la sociedad y las garantías de las personas, a través de los procedimientos establecidos en la normativa.

    La tercera función consiste en ejercer la función acusadora dentro de los procesos penales, de acción pública por delitos cometidos en contra de las personas y la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial.

    Para cumplir a cabalidad con estas funciones cuenta con organismos auxiliares como el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Escuela de Fiscales del Estado (EFE) y la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público (DPVTMMP) que fortalecen las competencias institucionales integrando la labor fiscal con los estudios científicos técnicos y de laboratorio requeridos para la investigación de los delitos.

    Con todo ello el MP define para sí un rol de órgano independiente, capaz de favorecer la verdad material de los hechos por su trabajo científico, riguroso y estrictamente profesional que no busca más que proteger a la sociedad y ser un baluarte de la defensa de los derechos individuales y colectivos, así como de las garantías constitucionales.

LE.- La población expresa a gritos una nueva justicia. ¿Cuál el aporte del MP a la edificación de un nuevo sistema de justicia?

RG.- La crisis del sistema de justicia no es un tema reciente, es el resultado de un pensamiento colonialista desde antes inclusive de la fundación de Bolivia como República, sin embargo, esta situación se ha ido haciendo más patente en estos últimos años, a causa también de una problemática estructural que requiere el compromiso de muchos otros actores.

    Durante el 2016 y a raíz de anunciamiento de la realización de una Cumbre Nacional de Justicia, se elaboró un documento denominado “Diez propuestas para una verdadera revolución de la justicia boliviana”, constituyéndose en uno de los insumos que orientó el debate y la definición de acciones generales y concretas para abordar esa irrefrenable transformación que demanda el pueblo boliviano.

    Fue así que las Diez propuestas para una verdadera revolución de la justicia boliviana, resultaron en un trabajo que rescató y sistematizó los aportes institucionales con relación al análisis del estado de la justicia boliviana y la transformación cualitativa del sistema de justicia penal, en la perspectiva de construir un sistema acusatorio democrático y de respeto a los derechos humanos.

    La labor no se circunscribió al ámbito de la Fiscalía, sino que intentó incidir en todo el sistema nacional de justicia. De esa manera, la propuesta incluyó temas estructurales, pero también cambios de paradigma, pasando desde la implementación o desarrollo constitucional de las normas penales, hasta temas que tienen que ver con la jurisdicción indígena originaria campesina y la perspectiva de que no solo es el MP, sino toda la justicia la que debe cambiar o al menos reformarse.

    Varias de esas propuestas fueron acogidas en el Órgano Legislativo, la Cumbre del sector y otros eventos, por instituciones y actores nacionales, apreciándose la mirada integral del documento que plantea el camino hacia la transformación de la justicia a todo nivel, lo que incluye a jueces y policías; como un aporte modesto pero significativo para avanzar en el cambio.

    Concretamente, el Ministerio Público ha logrado la consecución de varios elementos que componían la propuesta, como el diseño e implementación de un nuevo modelo de gestión fiscal, la cualificación del personal en todos sus niveles y especialidades, el fortalecimiento de las instancias conexas, la implementación de mecanismos para transparentar la gestión y el accionar de los servidores públicos, el posicionamiento a la par de la justicia tradicional de la justicia indígena originaria campesina, con un trabajo coordinado y respetuoso de sus ámbitos.

LE.- ¿Podría sintetizar a qué se refirió estos años a un Nuevo Modelo de Gestión Fiscal? ¿Cuál su diferencia con el anterior?

RG.- La reflexión interna iniciada el 2013 para brindar soluciones estructurales y efectivas a la problemática del sistema de justicia penal, fue el origen para perfilar uno de los resultados más importantes de todo el periodo 2012- 2018: la implementación del nuevo Modelo de Gestión Fiscal, que sintetiza en gran parte el CAMBIO DE PARADIGMA para pasar de una entidad burocrática, colonialista, ritualista, con profundas debilidades en temas de transparencia de gestión y entrega de resultados a otra diametralmente distinta por su agilidad, enfoque en resultados, con información confiable, seguimiento pormenorizado, economía de escala y accesible y sensible a las necesidades de la población.

    Antes de la implementación del modelo (2014), el trabajo del Ministerio Público era todavía el reflejo de una estructura policial y judicial, situación que originó un ineficiente manejo de la carga procesal, inadecuada distribución de los casos, con un tratamiento no diferenciado de los mismos por su relevancia y complejidad, sumado a un creciente número de leyes con contenido penal que introdujeron nuevas figuras delictivas y reformas procesales que complejizaron la labor fiscal en los procesos penales, multiplicando la carga fiscal.

    El Modelo de Gestión Fiscal es una nueva forma de organización sistémica para ejercer la acción penal pública, asistir y proteger a las víctimas y testigos, de manera uniforme, efectiva, oportuna, estratégica e inteligente en el marco de un sistema penal acusatorio, acorde al ordenamiento constitucional y legal, convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, que rigen la labor del Ministerio Público, garantizando el acceso a la justicia penal y una efectiva investigación técnico científica de los hechos delictivos para defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad.

LE.- En el sistema de justicia hay actores directos, Policía, Fiscalía y el Órgano Judicial. ¿Cómo evalúa la relación de estos tres factores en estos seis años?

RG.- Sin duda una relación institucional siempre es compleja, difícil, más aún cuando se trata de instituciones que realizan un similar trabajo, en este ámbito de la justicia es fundamental, la coordinación que debe haber entre estas instituciones que son: La Policía, que es la que investiga, la que hace las acciones directas, la Fiscalía como titular de la investigación penal y el Órgano Judicial, quien en definitiva es el que ejerce el control jurisdiccional, el que emite o dicta sentencias.

    Ha sido difícil compleja, con las características que tiene cada institución, sin embargo hemos sabido sobrellevar, siempre viendo el intereses mayor, el interés supremo de la sociedad, en la persecución penal la lucha contra la delincuencia, crimen organizado, entonces, sin duda que han habido altas bajas, situaciones que nos han llevado a tener ciertas diferencias de criterio, de trabajo que son normales, en otras hemos realizado tareas conjuntas muy positivas.

    Es parte de la dinámica institucional que se tiene, sin embargo habrá que mejorar, porque la relación institucional va más allá de las personas, muchas veces algunos con un criterio mezquino, individualista, no ven más allá en cuanto a los resultados al trabajo que debe de haber, pero ha sido una relación de trabajo conjunto, puedo decir con cosas positivas y algunas que nos han permitido avanzar más.

LE.- Uno de los criterios posicionados en los medios, es que en su gestión hubo subordinación al Órgano Ejecutivo. ¿Qué opina de eso?

RG.- Nosotros siempre hemos trabajado por cumplir el mandato constitucional de la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos, en este caso de nuestro Ministerio Público, para hacer una gestión en base a la objetividad respetando y resguardando nuestra autonomía, sin injerencia de ningún tipo más que la coordinación con otras instancias del Estado.

    Han habido cuestionamientos, ataques de ambos lados, de oposición y de oficialismo, todo eso por resguardar el trabajo solamente objetivo y autónomo de Ministerio Público, considero que no ha habido en ningún momento subordinación hacia nadie más que a la Constitución y las leyes, un trabajo con objetividad, por supuesto que hay que coordinar con otras instancias del Estado, el Ministerio Público, no es una isla pero coordinación no significa subordinación, hemos coordinado porque así lo ameritaba el caso, donde la ley nos permitía. Teníamos que ver y precautelar el interés mayor, los intereses del Estado, de la sociedad, de las víctimas, se lo ha hecho en ese marco, por es considero que no hubo absolutamente ninguna subordinación.

    Se ha elegido a los fiscales departamentales con absoluta libertad por parte del Fiscal General, se ha evaluado, se ha visto la calidad y capacidad profesional, la calidad de las personas, se ha trabajado en ese marco.

LE.- Usted ha sido presidente de los ministerios público a nivel Iberoamericano. ¿Cómo evalúa su gestión?

RG.- La gestión de dos años, desde el 2015 al 2017 a la cabeza de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ha transitado desde la más completa invisibilización hasta un denotado liderazgo. Esta instancia conformada actualmente por veintiún Ministerios Públicos y/o Fiscalías de Iberoamérica posee una influencia directa desde México hasta Argentina, más España y Portugal.

    En la Asamblea de la AIAMP, realizada en Santa Cruz de la Sierra, en 2015, donde como nunca antes asistieron delegaciones de 20 países miembros, superando el promedio de 16 representaciones por evento, fue elegida Bolivia por consenso general, representada por su Fiscal General, Ramiro Guerrero Peñaranda, para la Presidencia de la AIAMP del periodo 2015-2017.

    Fue así que se consolidaron las siguientes redes y grupos especializados de trabajo:

•   Red de Fiscales Antidroga, encabezada por España.

•   Red de Fiscales contra la Trata y Tráfico de Personas, guiada por Argentina.

•   Red iberoamericana de Fiscales Especializados en Ciberdelincuencia, dirigida por Portugal.

•   Grupo de trabajo de Justicia Indígena, liderado por Bolivia.

•   Grupo de trabajo sobre Minería Ilegal, dirigido por Colombia.

•   Grupo especializado en Temas de Género, conducido por Guatemala.

•   Grupo de Trabajo en Cooperación Penal Internacional, encabezado por Chile.

•   Grupo de Trabajo de Análisis Criminal, guiado por Argentina.

•   Grupo de Trabajo de Combate a La Corrupción, liderado por Brasil.

    Desde la presidencia se logró un mayor nivel de coordinación y cooperación directa entre Ministerios Públicos de Iberoamérica y se mejoró el relacionamiento con la FIIAPP y los organismos homólogos de África y Europa.

    El reconocimiento de la gestión a cargo de la Presidencia de Bolivia, fue manifestado ya en la XXIV Asamblea en Portugal en 2016, donde Bolivia presentó un informe aplaudido por todos los asistentes. Como corolario de la valoración general de los Ministerios Públicos que conforman esta instancia acerca del resurgimiento de la AIAMP, durante el cierre de gestión de la Presidencia de la AIAMP en ocasión de la XXV Asamblea General Ordinaria desarrollada en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2017, se realizó una mención y felicitación expresa a la labor dedicada y comprometida del Fiscal General de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda.

    En esa etapa la presidencia boliviana logró elaborar un nuevo estatuto de la AIMP que no se había reformado desde 1950. Por la calidad de la participación en el Encuentro de Fiscales de Centroamérica y el Caribe y en la Reunión de Fiscales Especializados del Mercosur, el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia logró un reconocimiento general.

Be the first to comment

Deja un comentario