Bogotá-. El consumo de drogas crece en Colombia de modo preocupante, amparado en un mercado cada vez más amplio y diverso.
La conclusión pertenece al Observatorio Nacional de Drogas, instancia gubernamental subordinada al Ministerio de Justicia que señala cómo al menos 520 mil estudiantes, cuyas edades están entre los 12 y los 18 años, han consumido drogas por lo menos una vez en su vida.
Esa cifra representa al 15,9 por ciento de los escolares del país entre el séptimo y onceno grados, y confirma cómo el consumo se convirtió en un problema de salud pública.
Los estudios de expertos revelan que mientras el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes bajó, el de sustancias ilegales, incluidos el éxtasis y la cocaína, va en aumento sostenido.
De las drogas ilegales, la marihuana encabeza la lista de las más fáciles de conseguir para los niños colombianos, con 37,3 por ciento; le siguen el basuco con 12,4 por ciento; la cocaína con 12 por ciento; los productos inhalables con 8,5 por ciento y el éxtasis con siete por ciento.
A lo anterior se suma que en los últimos ocho años se han encontrado 32 nuevas sustancias en el país sudamericano, que consumen preferentemente los jóvenes.
Según investigaciones epidemiológicas de consumo, el mercado de drogas sintéticas en Colombia se expande y se diversifica. También se ha podido comprobar a través de las incautaciones y de los datos obtenidos en laboratorios.
Jenny Fagua, de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, explicó al diario local El Colombiano tras un decomiso, por ejemplo de aparente éxtasis, se realizan pruebas químicas que determinan si hay nuevas moléculas y si se trata de un nuevo alucinógeno.
Advierten las autoridades colombianas que conocer el impacto en la salud de tales sustancias puede tardar mucho tiempo.
En los laboratorios ilegales en los que las fabrican hacen mezclas de anestésicos, opioides y estimulantes, pero nadie sabe en realidad cuáles son los efectos de esas pastillas. Incluso, quienes las compran no saben qué están consumiendo, expresan con preocupación.
Señalan que los jíbaros -en Colombia se les dice así a los que se dedican al microtráfico-, engañan a los compradores al manifestarles que son drogas como el éxtasis o el LSD, cuando pueden tener perjuicios para la salud mucho mayores.
Para el médico e investigador José Norman Salazar, el panorama es desalentador, pues demuestra que los estudiantes cada vez están más cerca de acceder a este tipo de drogas.
El riesgo consiste en que los jóvenes ‘policonsumen’; es decir, pueden tomar varias drogas que mezcladas con alcohol intoxican y conducen a la muerte.
De los consumidores de sustancias psicoactivas en Colombia, el 87 por ciento compra marihuana. El abuso del basuco se presenta, en su mayoría, en los estratos de bajos ingresos, mientras que existe una mayor proporción de consumidores de cocaína y éxtasis en los denominados estratos altos.
Martha Paredes, subdirectora de Análisis e Investigación del Ministerio de Justicia, expresa que los resultados siguen mostrando la tendencia al alza en el consumo y una reducción de brechas entre hombres y mujeres.
Paredes apunta que donde más se consume es en el departamento de Antioquia, en el llamado Eje Cafetero, y en Bogotá.
El tema ha estado entre las prioridades del actual gobierno, desde que asumió el pasado 7 de agosto.
Para el presidente del país, Iván Duque, es propósito de su administración desarticular las redes de suministro de estupefacientes.
Tras concluir en septiembre último reunión del Consejo de Seguridad de la nación con altos jefes militares y policiales, el mandatario declaró que es objetivo central de su gobierno enfrentar el fenómeno de la drogadicción y acabar con las estructuras del microtráfico.
De hecho, el pasado 1 de octubre entró en vigor un decreto que regula el porte de estupefacientes en los espacios públicos y permite a las autoridades ‘confiscar cualquier dosis que se encuentre en las calles’.
Duque admitió que hay cientos de miles de consumidores de sustancias psicoactivas en Colombia y llamó a enfrentar con fuerza la drogadicción.
Expresó que habrá mano dura con los expendedores, ‘con los que están contaminando a los niños en las afueras de los colegios’.
Aseveró que su gobierno no está dispuesto a ver impunemente la destrucción de hogares como consecuencia de las drogas, ni la expansión de los cultivos ilícitos, estimados en unas 200 mil hectáreas en todo el país.
La confiscación de la dosis mínima en las calles causó polémica en diferentes sectores, que alegan que su porte para consumo está legalizado por la Corte Constitucional.
Según la Ley 30 de 1986, denominada Estatuto Nacional de Estupefacientes, la dosis mínima para la marihuana son 20 gramos; para el hachís, cinco; y cocaína o cualquiera de sus derivados, uno.
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-221 de 1994, despenalizó el consumo de dosis personal, manifiestan los críticos de la medida gubernamental.
A juicio de la excandidata presidencial Piedad Córdoba, Duque ha optado por medidas que no resuelven el problema de fondo con complejas ramificaciones políticas, económicas y sociales.
Sostiene la excongresista colombiana, que las nuevas directrices de la Casa de Nariño (sede de la presidencia) no se enfocan en el consumidor de cierto nivel de privilegio socioeconómico, sino en el de estratos medios o bajos.
Discrepa también del decreto gubernamental Juan de Zubiría, especialista en temas de educación y de drogas en Colombia.
‘En general todas la políticas de restricción lo que hacen es agudizar el problema. El microtráfico utilizará prácticas más oscuras porque cuando Usted prohíbe, lo que hace es fomentar el mercado negro’, estima el académico colombiano.
EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO
Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Los cultivos de coca en el país crecieron en 171 mil hectáreas en 2017, lo que representa un aumento del 17 por ciento en comparación con 2016, reveló un reciente informe de Naciones Unidas.
También el texto de la ONU dio a conocer que el año pasado se produjeron mil 379 toneladas de cocaína en el país sudamericano, 31 por ciento más que en 2016.
Con la excepción de los departamentos Meta y Guaviare, las áreas cocaleras aumentaron en el resto del territorio nacional, sobresaliendo Nariño como el departamento con mayores sembradíos del ilícito cultivo.
Para enfrentar tal escalada, Duque fijó como meta de su gobierno la reducción de al menos 140 mil hectáreas de cultivos ilícitos.
El presidente colombiano favorece el regreso de la aspersión con glifosato para reducir los narcocultivos, solución cuestionada por diferentes sectores debido al daño que ocasiona esa fumigación aérea a las personas y el medio ambiente.
Lucía Ramírez Bolívar, investigadora de Justicia, se inclina por la sustitución voluntaria de cultivos como estrategia útil, si es acompañada de esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en las regiones donde se cultiva coca.
Considera que puede tener mejores resultados que la erradicación forzada y la fumigación con glifosato, rechazada por organizaciones sociales, campesinas, académicas y políticas que alertan de sus daños al ambiente y a los seres humanos.
De acuerdo con el Centro Internacional para el Estudio del Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, el glifosato está incluido en la lista de sustancias probablemente cancerígenas.
Incluso la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en 2008 publicó que la aspersión aérea de cultivos en Colombia era una estrategia fallida. ‘Las hectáreas asperjadas no son sinónimo de erradicación’, acotó.
Para Eduardo Cifuentes Muñoz, exdefensor del Pueblo: ‘Es un crimen de guerra sostener que la única manera para combatir el narcotráfico sea destruyendo la naturaleza y atacando a la gente pobre’.
Como sostiene el histórico Acuerdo de Paz pactado en La Habana, la clave está en combatir la profunda inequidad social.
Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Sin mayor inclusión, no se liberará de las drogas ni del leonino negocio del narcotráfico.
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