marzo 31, 2020

Bolivia: binomio de alianza Ciudadanos con credibilidad en la mira

La Paz-. El binomio inscrito por la alianza Ciudadanos, Carlos Mesa-Gustavo Pedraza, para las elecciones primarias de 2019 en Bolivia, ve hoy comprometida su credibilidad por supuestos vínculos en los casos Lava Jato y Odebrecht.

Luego de que la Policía de Brasil certificara en abril 51 pagos o coimas a funcionarios bolivianos para favorecer a la empresa Camargo-Correa en la adjudicación de la construcción de la carretea Roboré-El Carmen, fue creada una comisión legislativa para esclarecer los hechos.

Susana Rivero, diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), al frente de la comisión mixta, informó que más de seis meses tomó revisar declaraciones juradas, presupuestos y otros documentos de Perú y Brasil para vincular al expresidente Mesa (2003-2005) con la construcción de esa vía y su posterior división por el abogado Carlos Alarcón, entonces ministro de Obras Públicas.

Recordó que Pedraza fue ministro de Desarrollo Sostenible en ese gobierno, durante el cual fueron consensuados los contratos con Odebrecht y Camargo-Correa, proceso que correspondía al Servicio Nacional de Caminos, y no por Decreto Supremo, en una violación de la institucionalidad del Estado boliviano.

Destacó la conveniencia de esa repartición que concedió el tramo Roboré-El Carmen a la empresa Camargo-Correa y El Carmen-Arroyo Concepción a Odebrecht.

El proceso investigativo también involucró al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, administración durante la cual comenzaron las negociaciones, y fue requerido para llenar un cuestionario, al igual que Mesa, con el objetivo de esclarecer esos temas.

Aunque Mesa respondió a las preguntas, aseguró en una carta enviada a Rivero que no era necesario investigar a su gobierno, y que esas pesquisas buscaban destruir su imagen antes de las elecciones del próximo año.

El informe final de la investigación, entregado el 2 de octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional y aprobado 12 días después, contiene fuertes indicios para investigar con mayor profundidad y la información en poder del Fiscal General de Perú solo será entregada a su homólogo boliviano.

Mesa negó en declaraciones a la prensa estar implicado en el caso Lava Jato y sostuvo que el contrato para construir la carretera a favor de Camargo-Correa sin licitación ocurrió en el mandato de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).

Agregó que ese gobierno tenía la obligación de llevar adelante la puja, cumplida por el suyo, y que luego Rodríguez Veltzé amplió el contrato en una violación de lo establecido en la ley.

‘El contrato que hace efectiva la obra a favor de Camargo-Correa no es un contrato del gobierno de Carlos Mesa, sino es un contrato del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé sin licitación’, comentó.

Aseguró que es obvia la intención política y dar a entender que su gestión y él (Mesa) en particular están vinculados con hechos de corrupción, lo cual desmintió.

Las investigaciones por ese caso de corrupción continuarán en el ministerio Público, y aunque Mesa niegue los resultados del informe de la comisión legislativa, hasta el momento no muestra evidencias que lo desvincule.

En un intento por desviar la atención, el exmandatario acusó al presidente Evo Morales y a su administración de estar vinculados a esos hechos y solicitó que también fueran investigados.

Morales escribió en su cuenta de Twitter que ‘Carlos Mesa tiene 24 horas para demostrar con pruebas sus acusaciones en mi contra en el caso Lava Jato o retractarse. Si no lo hace, puede atenerse a las consecuencias. Vamos a defender nuestra dignidad. Mesa, que cobró gastos reservados y ordenó quemar pruebas, no tiene moral’.

Todavía se esperan esas evidencias.

Recientemente, el diputado también por el MAS Edgar Montaño, aseguró que la Fiscalía indagará sobre supuestos vínculos de exfuncionarios de la administración de Mesa con los casos Lava Jato y Odebrecht en Bolivia.

Montaño precisó que pudo establecerse el mismo modus operandi aplicado en otros Estados donde Bolivia es mencionada 17 veces y el pago de alrededor de cinco millones de dólares a funcionarios con iniciales CM, CC y GG.

Asimismo, fueron remitidos a la instancia judicial Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, exministro de Obras Públicas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Carlos Alarcón, exviceministro de Justicia e interino y de Servicios y Obras Públicas; Carlos Romero Mallea, exviceministro de Energías Alternativas e interino de Obras Públicas.

Otros vinculados con ese caso de corrupción fueron Luis Carlos Jemio Mollinedo, exministro de Hacienda; Luis Landívar y Jorge Nicolás Peredo, exgerentes del Servicio Nacional de Caminos del gobierno de Mesa, y Mario Avelino Moreno, exviceministro de Obras y Servicios y Vivienda en la administración de Rodríguez Veltzé.

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