noviembre 29, 2020

La detestable prepotencia imperial

La prepotencia del gobierno permanente (complejo militar-industrial) y temporal (la administración de turno) de Estados Unidos no tiene límites.
Tal como sostiene su excanciller Henry Kissinger, en su libro La diplomacia, ese país no cree en el sistema internacional ni en el equilibrio de poder, sino que se cree a sí mismo el sistema internacional.
Eso se ha encargado de demostrar nuevamente en la semana que termina.

Obsesionado por acabar con la Revolución Bolivariana, lo cual ya refleja una marcada intolerancia democrática y falta de pluralismo político, la administración Trump (gobierno temporal) ha anunciado que los recursos que están en la Reserva Federal por concepto de la compra de petróleo venezolano no serán desembolsados al gobierno de Nicolás Maduro, sino a favor del “gobierno” de Juan Guaidó, quien se autoproclamó “presidente interno” de ese país, en cumplimiento de la estrategia acordada por el Departamento de Estado de EEUU y los países miembros del Grupo de Lima. Esta es una medida abusiva e irrespetuosa, pero además irresponsable al anunciar que se podría desembolsar a un “gobierno” que no tiene oficinas ni mecanismos de control.

Pero, por si fuera poco, el gobierno de Trump ha solicitado, en grado de orden, a todos los países del mundo no cumplir con las obligaciones financieras que a título privado o público se tiene con Venezuela. Esto es una violación de los tratados internacionales y un desconocimiento de las normas del derecho internacional público y privado. Es un acto de soberbia inaceptable. Es obvio que el objetivo es asfixiar a la Revolución Bolivariana, producir fisuras en las Fuerzas Armadas y la sociedad de ese país que respaldan al presidente legítimo Nicolás Maduro.

La adopción de este tipo de medidas no es nueva. Estados Unidos, que mantiene un embargo comercial y económico a Cuba desde 1960, puso en marcha la Ley Helms-Burton en marzo de 1996 por la cual se sanciona a compañías no norteamericanas que hagan negocios con la mayor de las Antillas. Es decir, se trata de una ley extraterritorial norteamericana promulgada en medio de un mundo unipolar después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991 y orientada a endurecer el bloqueo contra un país que, ubicado a sólo 90 millas de EEUU, decidió construir un destino distinto al capitalista desde hace 60 años.

Estas medidas, que han fracasado estrepitosamente con relación a Cuba, ponen en evidencia lo que algunos intelectuales, políticos y periodistas, ya sea por ignorancia o morboso interés, se esfuerzan en negar y, en varios casos, de justificar, como ocurre ahora, en noticias y editoriales, respecto a la descarga de sanciones contra Venezuela. Y ese solo acto de soberbia alimenta aún más los niveles de resistencia de los pueblos, como seguro ocurrirá en la patria de Bolívar.

Es verdad que el contexto internacional es desfavorable para los pueblos y gobiernos que luchan por su independencia política y económica, pues Estados Unidos se resiste a admitir su declinación hegemónica y se ha propuesto, al costo que sea necesario, mantener su condición de superpotencia. Para eso requiere retomar América Latina e instalar gobiernos títeres como los ha tenido históricamente.

Pero, también es doblemente verdad que el nivel de conciencia en Nuestra América, como llamara Martí a la parte no anglosajona del continente, no es el mismo. Hay pueblos y gobiernos, como ha sostenido varias veces el presidente Evo Morales, que nunca más serán el patio trasero de nadie.

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