junio 15, 2021

EE.UU. y los cargos contra Assange, alarmas sobre la Primera Enmienda

Washington-. La decisión de Estados Unidos de presentar 17 cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por presunta violación de la Ley de Espionaje, enciende hoy un debate sobre la Primera Enmienda constitucional.

La acusación dada a conocer el jueves por el Departamento de Justicia alega que el periodista australiano fue cómplice de la exanalista de inteligencia del ejército Chelsea Manning ‘en la obtención y divulgación ilegal de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional’.

Asimismo, añade que Assange solicitó y recibió información clasificada de parte de Manning y la publicó a través de WikiLeaks.

Esos documentos incluyeron evaluaciones oficiales de los detenidos en la cárcel de la base naval norteamericana ubicada en Guantánamo, Cuba; archivos relacionados con las tropas estadounidenses en Iraq y Afganistán; y cables del Departamento de Estado.

Muchos de esos materiales revelaron crímenes cometidos por los soldados norteamericanos en los mencionados países, operaciones sobre naciones aliadas, bajas provocadas por fuego amigo y conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia, entre otros temas.

Según medios norteamericanos, las acciones descritas en la imputación contra el australiano son similares a las que realizan en su trabajo muchas organizaciones tradicionales de noticias, pero John Demers, asistente del fiscal general para la seguridad nacional, trató de justificar la movida con el argumento de que en realidad ‘Assange no es periodista’.

El diario The Washington Post indicó que la Ley de Espionaje, aprobada durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) para castigar a los espías y traidores, en los últimos años se ha usado cada vez más contra los empleados del Gobierno que filtran información clasificada a los medios.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia distinguió entre los empleados gubernamentales que filtran información clasificada (considerada procesable) y los medios que la publican, pues estos últimos se consideran protegidos por la Primera Enmienda, la cual defiende la libertad de religión, expresión y prensa, entre otros aspectos.

A decir del Post, ahora la administración de Donald Trump busca cruzar esa línea, con las declaraciones de Demers de que Assange participó en la ‘solicitud explícita de material clasificado’ y no hizo ningún esfuerzo por redactar información que pudiera poner a las personas en riesgo.

De acuerdo con el periódico, los pronunciamientos de Demers ocultan un hecho crucial: la Primera Enmienda no otorga derechos especiales a los periodistas.

Ese acápite, señaló el medio, ofrece igual protección a quienes hablan, escriben, informan y publican. En palabras de la Corte Suprema, el propósito de la Primera Enmienda ‘no era erigir a la prensa en una institución privilegiada, sino proteger a todas las personas en su derecho a imprimir lo que quieran, así como a pronunciarlo’.

Por su parte, un artículo del portal digital Politico sostuvo que los reporteros todo el tiempo piden a las fuentes información y documentos clasificados.

Si el Gobierno puede procesar con éxito a Assange por hacer algo similar, a partir de esa lógica, los reporteros de The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal serán los siguientes, estimó la publicación.

Un criterio similar fue esgrimido en un texto del Times, el cual apuntó que, a los efectos de las libertades de la prensa, no importa quién cuenta como periodista, sino si las actividades periodísticas, ya sean realizadas por un profesional o cualquier otra persona, pueden ser delitos en Estados Unidos.

Según el Post, dos fiscales involucrados en el caso contra el fundador de WikiLeaks argumentaron en contra de la decisión del Departamento de Justicia de acusarlo de violar la Ley de Espionaje, precisamente por temor a que tales cargos representen riesgos para las protecciones de la Primera Enmienda.

Más allá de las implicaciones de esta movida desde el punto de vista de la libertad de prensa y expresión, algunos análisis indican que esta escalada judicial de Washington contra el australiano podría retrasar los intentos del ejecutivo norteamericano de que sea extraditado a este país.

La agencia Associated Press (AP) afirmó que la denuncia formal abre la puerta para que la defensa de Assange argumente que los cargos amparados en la Ley de Espionaje son políticos y, por ende, ajenos al tratado de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido, donde él se encuentra detenido desde el 11 de abril.

El australiano cumple una sentencia de 50 semanas en la capital británica tras ser expulsado de la embajada de Ecuador en Londres, debido a que el Gobierno del país sudamericano dio por terminado su asilo de siete años.

Ashley Deeks, profesora de derecho en la Universidad de Virginia, declaró a AP que a primera vista las nuevas acusaciones contra Assange parecen complicar la capacidad de Estados Unidos para lograr que sea extraditado, ‘porque a menudo pensamos en el espionaje como un tipo de ofensa política’.

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