Bogotá, – Amenazas, atentados y asesinatos se suceden en el departamento del Cauca (oeste), uno de los más violentos de Colombia.
Campesinos, indígenas y líderes sociales están entre las víctimas más frecuentes de lo que el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, describió como una catástrofe humanitaria por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley para apoderarse de las rutas del narcotráfico y por la minería ilegal.
En dicho contexto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) comunicó que sigue vigente el estado de emergencia territorial, ante las acciones violentas contra miembros de las comunidades originarias.
El CRIC hizo un llamado a todas las estructuras de la organización nativa y comunidad en general para seguir atentos y vigilantes.
También alertó a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre los hechos que se vienen presentando en la zona, que no se limitan a amenazas escritas, sino a hechos de persecución y muerte.
El Consejo subrayó que ‘las amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico’.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunió la semana pasada en el Cauca con autoridades territoriales, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y autoridades nativas.
A nosotros nos duele cuando matan a un indígena, a un líder social, un líder comunitario, un defensor de derechos humanos. Nos duele y sabemos que el Estado está en la obligación de garantizar su protección. Por eso, aquí estamos, expresó Gutiérrez.
Busquemos soluciones de común acuerdo. Debemos permitirles a las autoridades correspondientes que puedan adelantar las investigaciones sin limitaciones, opinó.
Sin embargo, el CRIC afirmó que las declaraciones de Gutiérrez y su comitiva, ‘no satisfacen ni dan respuesta a nuestras exigencias, por lo tanto, nos declaramos en asamblea permanente’.
Unido a ello, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó a principios de esta semana sobre el confinamiento de cientos de personas a causa de combates en el suroeste colombiano.
Desde el 13 de agosto último enfrentamientos armados entre el ejército y (las llamadas) disidencias de las FARC-EP en zona rural del municipio de Suárez, departamento del Cauca, ocasionaron el confinamiento de al menos 500 personas (200 familias), pertenecientes a las aldeas Los Mangos, Naranjal parte baja y La Esmeralda, precisó en un comunicado divulgado en esta capital.
La mayoría de las personas afectadas pertenecen a comunidades indígenas y campesinas. En el marco del confinamiento, se presentan limitaciones en la movilidad y restricciones de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales, apuntó la OCHA.
Entretanto, el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, informó la víspera sobre algunas medidas que, según dijo, ayudarán a combatir las organizaciones criminales del Cauca.
La próxima llegada de 450 soldados adicionales para la Tercera División del Ejército Nacional, entre 300 y 600 uniformados que integrarán un Batallón Contra el Narcotráfico, y un Batallón de Fuerzas Especiales, con aproximadamente 300 personas, detalló tras concluir un consejo de seguridad.
Por su parte, las Comisiones Conjuntas de Paz del Congreso de la República comunicaron recientemente que realizarán un debate de control político para examinar la situación de los pueblos indígenas, a causa de los frecuentes asesinatos contra sus miembros.
Así lo informó el senador Roy Barreras durante una reunión realizada en Caloto (Cauca) para conocer de primera mano la situación que afrontan los líderes sociales y los indígenas en torno a la problemática de los asesinatos y amenazas que se vienen presentando en ese departamento.
Barreras afirmó que ‘los enemigos no son los líderes, ni los indígenas, sino los criminales dedicados al narcotráfico que disfrazados de disidentes de las FARC pretenden imponer control armado sobre el territorio. Pero no van a lograrlo’.
El congresista Iván Cepeda aseguró que no es cierto que la culpa de asesinatos en el Cauca la tengan los propios indígenas por no permitir la presencia de la fuerza pública en sus territorios. Mentira. Hay presencia de Ejército y Policía en todos los territorios. Lo que se requiere es la presencia integral del Estado, remarcó.
Deja un comentario