La Paz.- Cívicos, políticos, exmilitares y Estados Unidos (EEUU) se encuentran vinculados con planes «golpistas» en Bolivia, según 16 audios que salieron a la luz, en medio de una crisis política desatada tras los comicios del 20 de octubre a raíz de la denuncia de un supuesto fraude.
Los audios y los informes redactados entre el 8 y 10 de octubre, coinciden en su contenido con el discurso de las autoridades de Gobierno quienes anticiparon intentos «golpistas» en el país.
Según el portal digital Erbol, en las conversaciones, que se registran en los audios, se menciona a un expresidente de la República, al exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, al exdiputado cochabambino de NFR, Mauricio Muñoz.
Mientras que un informe escrito agrega a los exmilitares del Ejército Oscar Pacello Aguirre, Remberto Siles, Julio Cesar Maldonado y Teobaldo Cardozo.
También quedan identificados la activista Mirian Pereira quien cita a Juan Flores, a su asesor Alex Brañez y Oscar Robles por un viaje a Estados Unidos para reunirse con Carlos Sánchez Berzaín y consolidar un financiamiento de medio de millón de dólares para gastos de movilización.
«El chulupi quiere sangre, en esto está trabajando, el financiamiento es por medio millón de dólares para sus gastos», habla la citada activista, según indica Erbol, que toma la referencia de un portal digital.
Entre los informes se encuentra uno titulado «Embajada de EEUU en La Paz: Su accionar encubierto en apoyo al Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales».
El reporte escrito de fecha 8 de octubre señala que desde «Estados Unidos se desarrolla gradualmente un golpe de Estado contra Morales, que se llevará a cabo a fines de 2019, presumiblemente después de las elecciones y marzo de 2020».
En uno de los audios se escucha a Manfred Reyes Villa en una conversación con personas que no pudieron ser identificadas, a quienes les recuerda que hay un compromiso de los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia, si acaso Evo Morales permanece en el Palacio de Gobierno.
El 23 de octubre, tres días después de los comicios, el jefe de Estado boliviano denunció que en el país estaba en marcha un «golpe de Estado» y llamó a sus seguidores a defender la democracia, debido a que el discurso del fraude empezaba a tomnar cuerpo.
El 1 de noviembre, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en entrevista con la agencia rusa Sputnik, expuso una radiografía sobre lo que denominó «una nueva escalada golpista» similar a la que vivió Bolivia entre 2007 y 2008, que estaría «financiada por el gobierno de Estados Unidos» y que, en su criterio, tendría el objetivo de contener la caída del modelo capitalista en la región y quebrar el proceso de transformación económico, social y cultural encabezado por Morales.
Esta jornada, tras la determinación del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, de pedir la renuncia de Morales y de garantizar su salida de la Casa Grande del Pueblo para el lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que es una develación de la estrategia «golpista».
Agregó que esa estrategia, en su fase «dura» que se vive en la actualidad tiene tres dispositivos: conculcación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluso a título de defensa de la democracia, racismo y confrontación violenta contra instituciones estatales, en particular la Policía.
Sin embargo, mucho antes de los comicios, el 21 de agosto, Romero denunció un presunto plan golpista opositor que buscaba convulsionar el país para generar víctimas y evitar, así, medirse con el presidente Evo Morales en las elecciones generales de este año.
En ese entonces, políticos de oposición, cívicos y otros grupos afines se movilizaban en contra de la participación de Morales como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las justas electorales.
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