La Paz-. La intención de la presidenta de facto Jeanine Áñez de bloquear la recién aprobada Ley de Garantías democráticas, tiene como contexto un clima represivo y un informe crítico de la ONU sobre los derechos humanos en Bolivia.
La ley fue aprobada esta madrugada, al cabo de un debate de 13 horas, con los votos del mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, obligado a renunciar por una ola de violencia opositora y bajo presión de los mandos militares.
La norma quedó pendiente de la aprobación por el Senado, donde tiene mayoría absoluta el MAS, pero el nuevo ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, confirmó que Áñez la vetará por no ser necesaria, caso en el cual el parlamento tiene la facultad de modificarla o ratificarla y ponerla en vigencia.
Un informe de la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), conocido hoy aquí, consigna hechos que en opinión del grupo ‘podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos’, en casos como a las matanzas de Sacaba y Senkata, contra manifestantes contrarios al derrocamiento de Morales.
En Sacaba, en la región central de Cochbamba, fueron asesinados nueve campesinos por fuerzas policiales y militares enviadas a reprimirlos, mientras en Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, resultaron muertos diez civiles.
El informe plantea que los hechos de violencia deben ser ‘investigados de manera pronta, transparente e imparcial’ y señalan que mantendrá en las próximas semanas sus actividades de observación en Bolivia, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las garantías de derechos humanos en Bolivia.
El proyecto aprobado hoy, según sus autores, apunta a preservar los derechos de parlamentarios y dirigentes sociales, objeto de persecución, acoso y criminalización por el gobierno de facto y medios de prensa afines y de la represión desatada tras la dimisión de Morales, el 10 de noviembre.
La ley dispone la libertad de los detenidos por participar en manifestaciones pacíficas, el respeto a la libertad de expresión, en medio de denuncias de censura, y que cese la criminalización de la difusión de imágenes de protestas y operaciones represivas.
También determina que para juzgar a quienes desempeñen o hayan desempeñado la presidencia, la vicepresidencia y altos cargos judiciales, se cumpla la ley de juicio de responsabilidades, que establece un procedimiento especial y se otorgue salvoconducto a los solicitantes de asilo.
El gobierno de facto y la minoría parlamentaria derechista que lo secunda alegan que la ley no es necesaria porque las garantías que pantea están contenidas en la constitución y sostienen que la ley busca la impunidad de Morales y miembros de su gobierno, a los que cubren de acusaciones que llegan hasta imputarles terrorismo.
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