febrero 28, 2020

ONU llama a respetar derechos y evitar persecuciones en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Jean Arnault, llamó a respetar los derechos humanos y evitar persecuciones políticas y judiciales que pongan en riesgo la legitimidad del recién iniciado proceso electoral.

«En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales», dijo Arnault, enviado personal del secretario general de la ONU, António Guterrez, desde la crisis política del año pasado que provocó el derrocamiento de Evo Morales.

La declaración de Arnault fue divulgada por la oficina local de la ONU mientras transcurría el último día de inscripción de candidatos presidenciales y parlamentarios, que marcaba también el inicio del período de campaña proselitista hacia los comicios convocados para el 3 de mayo.

El llamado de la ONU surgió en medio de una incesante persecución del gobierno transitorio de Jeanine Áñez contra miembros de la pasada administración de Morales y de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con procesos por supuestos delitos y detenciones denunciadas por los afectados como irregulares.

Los bolivianos, «independientemente de su afiliación política, deberán poder ejercer sus derechos constitucionales y a elegir y ser elegidos con plena libertad, sin atropellos, intimidación o discriminación de ningún tipo. La legitimidad del proceso electoral dependerá de ello», advirtió Arnault.

El enviado especial de la ONU consideró que para el éxito del proceso electoral es «imprescindible (…) debatir pacífica y democráticamente y (…) desistir de toda acción que viole el derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión, de asociación, de opinión y de circulación».

Añadió que el sistema de Naciones Unidas dará la asistencia técnica necesaria para que el órgano electoral boliviano «cumpla sus funciones ejecutivas y jurisdiccionales en consonancia con las altas expectativas [de] la ciudadanía».

El Gobierno de Áñez impulsa una dura campaña de desacreditación de las gestiones de Morales con denuncias frecuentes de presuntos actos de corrupción y sedición, e investigaciones que, según las autoridades, alcanzan a 592 miembros de la pasada administración.

El mismo Morales y varios de sus ministros están acusados de sedición y terrorismo por las protestas que siguieron al golpe de Estado de noviembre pasado.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, está preso en espera de proceso por negligencia y otras exautoridades han salido del país o están refugiadas en la embajada mexicana en espera de salvoconductos.

El 31 de enero, la Fiscalía detuvo a la exjefa de gabinete de Morales y su actual apoderada legal, Patricia Hermosa, acusándola de sedición, y al día siguiente demoró por casi diez horas la partida a México del exministro de Minería, César Navarro, y el exviceministro de Tierras, Pedro Dorado, pese a que tenían salvoconductos expedidos por la Cancillería.

El 3 de enero, Morales denunció que el gobierno ordenó detener también a su segundo apoderado legal y representante del MAS ante el órgano electoral, Wilfredo Chávez.

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