octubre 22, 2020

Ni acuerdo de paz ni cese de represión quiere gobierno de Bolivia

La Paz-. La irritación gubernamental es el común denominador del rechazo a la propuesta de un acuerdo de distensión electoral y de la reacción de la Cancillería a una denuncia internacional sobre el uso del sistema de justicia para la represión.

El pacto de distensión fue propuesto por el expresidente Evo Morales, desde su exilio en Buenos Aires, y plantea eliminar el clima y las acciones de odio y confrontación y la guerra sucia mediática y restablecer las garantías democráticas para la campaña electoral.

La rama de olivo fue respondida con virulencia por miembros del gobierno y por el candidato Carlos Mesa, alegando que Morales carece, según dicen, de autoridad moral para ese llamado.

El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, considerado por analistas locales como exponente de la ‘línea dura’ y hombre de confianza de la presidenta de facto Jeanine Áñez, sostuvo que Morales, cuyo partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), marcha primero en las encuestas preelectorales, ‘no tiene moral ni credibilidad’.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, sostuvo que el líder indígena, en lugar de plantear un acuerdo de distensión, debe renunciar a su candidatura al Senado por la región central de Cochabamba, porque esta supuestamente convulsiona a Bolivia.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, también lanzó furibundos ataques contra Morales y su propuesta de pacificación.

El primero en reaccionar fue el candidato del frente derechista Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien lanzó ataques del mismo corte al exmandatario, a quien llamó ‘el rey del fraude y del autoritarismo’, y consideró innecesario el acuerdo.

La Cancillería, por su parte, emitió un comunicado de términos y tono poco usuales en un pronunciamiento diplomático, contra el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados, el peruano Diego García Sayán, y hasta reclamó que renuncie al cargo, por expresar su preocupación por el uso del sistema judicial boliviano con fines represivos.

‘Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política’ en Bolivia, señaló García Sayán en un mensaje de Twitter que desató las iras del gobierno y en el que señaló que ‘crece el número de detenciones ilegales’.

El comunicado de la Cancillería boliviana intenta descalificar la posición del jurista peruano, presentándolo como un afiebrado izquierdista que actúa por motivación ideológica, obviando el hecho que García Sayán fue canciller del gobierno neoliberal y pronorteamericano de Alejandro Toledo, entre 2001 y 2006.

También se refirió a la detención del dirigente del MAS Gustavo Torrico, por supuestos delitos de sedición y terrorismo, por declaraciones que hizo durante la asonada que obligó a renunciar al presidente Evo Morales.

Tanto el comunicado de la Cancillería como previas declaraciones del candidato Mesa alegan que García Sayán debería guardar silencio, porque no se pronunció sobre lo que alegan fue un manejo represivo de la justicia durante los 14 años del gobierno de Morales.

El aparente intento de presentar el pronunciamiento del jurista peruano como una cuestión personal, obvia el reciente pedido de cese de la represión, formulado por Jean Arnault, enviado personal a Bolivia del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

‘En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales’, advirtió el alto funcionario tras una larga visita a este país.

A partir de esa declaración, García Sayán, en un artículo publicado en España, fundamentó su opinión en los casos de Torrico y los apoderados legales de Morales, Patricia Hermosa, encarcelada por cargos de terrorismo y sedición, y Wilfredo Chávez, quien denunció que es perseguido.

También menciona las acciones judiciales contra la exministra de Justicia, Wilma Alanoca, asilada en la embajada de México y acusada del mismo delito por haber adquirido para ese organismo y en forma supuestamente ilegal, gasolina que fue usada en bombas incendiarias caseras usadas por manifestantes contrarios al golpe de noviembre.

De otro lado, 592 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, incluyendo los hijos del exmandatario, son ‘pre-investigados’, según declaró hace un mes el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

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