La Paz-. La Cámara de Diputados de Bolivia rechazó la persecución política por parte del gobierno de facto, y exigió respeto a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, precisó hoy un comunicado de esa sección del Legislativo.
De acuerdo con el texto los diputados aprobaron por mayoría la Declaración Camaral N° 008 /2019 -2020 que rechaza la actuación de las autoridades golpistas, en especial del Ministerio Público, de no respetar las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La Cámara de Diputados del Asamblea Legislativa Plurinacional (bicameral) denunció al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez por el ‘hostigamiento, persecución e intimidación que sufren principalmente dirigentes de las organizaciones sociales y ex autoridades, de manera indiscriminada, que bajo falsas acusaciones de terrorismo y sedición, se los incrimina’.
Así los diputados reconocen las reiteradas denuncias de persecución política a exautoridades, candidatos y líderes del Movimiento al Socialismo, situación reconocida incluso por la Organización de Naciones Unidas que la calificó de preocupante, sobre todo por uso de las instituciones judiciales con ese fin.
Sobre el irrespeto a lo establecido en el marco jurídico del país, la parlamentaria por el MAS, Sonia Brito, señaló la inexistencia de Estado de Derecho en Bolivia, declaración que sustentó con cifras resultantes de la represión desatada por el gobierno de Áñez al asumir el poder con el pretexto de ‘pacificar’ las calles.
‘¿Se llama un estado de Derecho a 35 muertos, mil 400 detenidos y más de mil heridos?, nos parece una impostura, no somos los militantes del MAS quienes lo dicen, son los organismos internacionales de derechos humanos quienes lo dicen’, recalcó Brito ante el pleno.
La declaración de la Cámara de Diputados señala además que dicho comportamiento del gobierno de facto ponen en riesgo la paz del país andino-amazónico, y exhorta a las autoridades a cumplir con ‘su papel de hacer respetar estrictamente los derechos y garantías constitucionales si se quiere vivir en paz y en un verdadero Estado de Derecho’.
Las reprochables acciones ilegales desde el gobierno, advierte el texto, vulneran los derechos constitucionales de las y los bolivianos, y con el hostigamiento, la persecución y las detenciones de dirigentes de las organizaciones sociales y exautoridades ponen en riesgo los esfuerzos por afianzar la paz.
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