marzo 3, 2021

Participación del Estado en casos de trata, tema pendiente en Bolivia

La Paz-. La Asociación de Padres de las Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de Bolivia lamentó hoy la falta de participación del Estado en esos casos y denunció que varios hechos llevan años sin solucionarse.

Rita Hurtado, representante de esa asociación, cuestionó al Ministerio Público y al gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez por no acompañar a las familias afectadas.

‘Existe la falta de recursos, la falta de compromiso con la temática, la falta de infraestructura, falta de un equipo multidisciplinario que pueda trabajar en la temática de trata’, enfatizó Hurtado.

Consideró que para resolver esos casos necesitan un gobierno que mediante sus instituciones atienda a los familiares de las víctimas, a los procesos pendientes y se interese por las personas desaparecidas actualmente.

Asimismo, difunda la situación de los rescatados y sean indemnizados para que tengan la oportunidad de rehacer sus vidas.

‘Lo que necesitamos es un Estado que revierta todo esto y que nos dé resultados satisfactorios, es necesario saber las historias de estas personas que han aparecido, en qué situación están, saber si el Ministerio Público ha funcionado como debe ser, saber si hay personas presas por el delito de trata’, concluyó.

Un total de 38 casos de trata y tráfico de personas están pendientes en el país suramericano, según cifras oficiales.

En la misma línea se pronunció la Defensoría del Pueblo de Bolivia el 17 de febrero pasado y reveló que, según el Ministerio Público, durante 2018 y el primer semestre de 2019 se reportaron 733 víctimas de trata y tráfico.

De esa cifra, solo 207 recibieron atención y protección institucional, pese a todas las disposiciones legales adoptadas durante el gobierno del presidente Evo Morales.

Según la fuente, en 2018 se registraron un total de 618 denuncias de delitos incluidos en la Ley 263; de ellos 465 sobre trata de personas, 15 de tráfico de personas, 116 de pornografía, 20 de proxenetismo y dos de violencia sexual comercial.

Bolivia es parte del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a la cual se adhirió en 2006.

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