abril 4, 2020

Racismo, el regreso de un desterrado tras golpe de Estado en Bolivia

La Habana-. Bolivia, un Estado Plurinacional por sus 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009, vive actualmente manifestaciones de racismo tras la asonada golpista contra Evo Morales en noviembre pasado.

La quema de la bandera wiphala que representa a los pueblos originarios y campesinos, impedir el acceso a mujeres de pollera en lugares públicos por grupos afines al gobierno facto y nuevas autoridades que no representan al pueblo, evidencian el regreso de la discriminación.

Sin embargo, la persecución y detención arbitraria de dirigentes de organizaciones sociales que apoyaban al Movimiento Al Socialismo (MAS) liderado por Morales, son las mayores denuncias dentro y fuera del país suramericano.

Felipa Huanca, exsecretaria de la Federación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’, fue arrestada en febrero por un caso de presunta corrupción del Fondo Indígena, un proceso desestimado en 2014 y 2018 por falta de evidencias.

Asimismo, Juan Carlos León, antiguo alcalde de la localidad de Padilla (Chuquisaca), asumió cargos como presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, viceministro de Tierras y director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y fue acusado de asumir responsabilidades públicas sin tener título universitario ni experiencia.

Tiene estudios en derecho y sociología, aunque no culminó ninguno.

Pero León fue elegido por voto popular y la eficiencia de su gestión como funcionario resultó comprobada en la ejecución del presupuesto de las obras realizadas a su cargo y, para asumir esas responsabilidades no necesitaba estudios superiores.

La inhabilitación del líder aymara para primer senador por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, por Potosí, para las elecciones generales del 3 de mayo próximo derivadas del golpe de Estado, también evidencian la persecución y el racismo del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó en Ginebra, Suiza, el 27 de febrero un reporte sobre la situación de 10 países, entre ellos Bolivia.

En el texto, Bachelet denunció la muerte de 35 personas y los 800 heridos como resultado de los enfrentamientos de las fuerzas policiales y militares con la población opuesta al golpe de Estado.

‘El enjuiciamiento de docenas de exfuncionarios del gobierno y personas relacionadas con la administración anterior es motivo de preocupación para la ONU’, enfatizó.

GABINETE INICIAL SIN INDÍGENAS Y TUITS RACISTAS, CARTAS DE PRESENTACIÓN DE ÁÑEZ

Con la biblia en la mano Áñez, representante del sector conservador y cristiano, ingresó al Palacio Quemado para asumir ilegalmente el cargo de presidenta de la nación andino amazónica, un gesto que anunciaba el regreso del racismo desterrado desde 2006.

Los temores de los pueblos indígenas arreciaron cuando la autoproclamada mandataria rompió con la tradición impulsada por Morales de designar como canciller a un indígena y nombró a la académica Karen Longaric.

Ante el rechazo y la presión, ubicó días después a la líder social aymara Martha Yurja como titular de Culturas y Turismo.

Pero la cuenta en Twitter de Áñez sería la muestra más clara de la discriminación cuando publicó el 20 de junio de 2013: ‘Qué año nuevo aymara ni lucero del alba!! Satánicos, a Dios nadie lo reemplaza!’.

El comentario rechazaba la celebración de los rituales de la cultura andina a propósito de la llegada del nuevo año cada 21 de junio.

Aunque fue borrado de la red social tras la autoproclamación, los comentarios racistas de Áñez continuaron y el 5 de octubre pasado compartió una caricatura de Evo Morales con la leyenda ‘últimos días’ seguida de ‘aferrado al poder el pobre indio’.

Luego de 14 años del gobierno de Morales en defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos, desterrados durante la época neoliberal, la actitud de la presidenta inconstitucional de Bolivia no pasó desapercibida para la Defensoría del Pueblo.

El 7 de enero pasado, Nadia Cruz, máxima representante de esa institución, rechazó las declaraciones de la mandataria golpista cuando urgió impedir el retorno de los ‘salvajes’ en alusión al gobierno de Evo Morales.

Cruz cuestionó a Áñez que, durante un acto público en Sucre (Chuquisaca), puso en duda el proceso judicial ante las humillaciones sufridas por más de 50 campesinos en esa urbe el 24 de mayo de 2008, quienes fueron obligados por seguidores del opositor Comité Interinstitucional a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales, reveló un boletín institucional.

Resaltó que esa institución rechaza toda declaración y discurso que promueva o justifique actos de racismo y toda forma de discriminación, sobre todo aquellas dirigidas a sectores vulnerables como los pueblos indígenas originarios campesinos.

Asimismo, ratificó su compromiso de velar por el respeto de los derechos de esas poblaciones.

Por otra parte, el exvicepresidente Álvaro García Linera, durante un evento organizado a principios de este marzo por la Universidad Complutense de Madrid (España), aseguró que el golpe de Estado supone una forma de exorcizar el proceso de igualdad social por el MAS.

García Linera, actualmente refugiado en Argentina, declaró que la lógica fascista sigue viva por la quema de la wiphala (bandera indígena) que representa la igualdad entre la clase media tradicional y aquella que salió de la pobreza o la extrema pobreza.

Asimismo, situó en el centro de la crisis política en el país suramericano al racismo, la intolerancia y la violencia.

‘Bolivia es una sociedad mayoritariamente indígena y los procesos de igualdad social tienen costos sociales. (…) Las clases medias tradicionales se ven confrontadas con otra clase media que no tiene las mismas tradiciones, ni hábitos culturales’, precisó.

Evo Morales promulgó el 14 de junio de 2014 la Ley 139 que estableció cada 24 de mayo como el Día Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación en el país suramericano a propósito de los hechos ocurridos en Sucre en 2008.

La norma define además la realización de actos públicos de educación, prevención y sensibilización en contra de esas manifestaciones por parte de todas las instituciones públicas y privadas, y del sistema educativo nacional.

Según organismos regionales, Bolivia es considerado el país con mayor población indígena de Latinoamérica, con 62,2 por ciento, aunque el censo nacional de 2012 registró 42 por ciento de la población que se autoidentificaba como originaria, por delante todavía de Guatemala (41,0).

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2012, 16 mil 329 personas se identificaron como afrobolivianas.

Tras el golpe de Estado, las raíces indígenas originarias y campesinas de Bolivia son discriminadas y motivo de dolor para sus pueblos ante el temor de perder los derechos reconocidos en la Constitución de 2009.

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