septiembre 28, 2020

Privatización, solución de golpistas a crisis económica en Bolivia

La Habana.- Supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias son algunos de los argumentos del gobierno de facto en Bolivia para justificar sus intentos de privatización de las empresas estratégicas nacionalizadas.

La planta de urea y amoníaco de Cochabamba, una inversión de más de 976 millones de dólares, junto a la estatal Boliviana de Aviación (BoA), Quipus o la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) de Santa Cruz son algunas de las entidades puestas al servicio del pueblo por el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y ahora en peligro.

El ministro de Hidrocarburos del régimen golpista, Víctor Zamora, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), Herland Soliz, declararon en febrero pasado que el complejo petroquímico es deficitario y decidieron paralizarlo, aunque no precisaron las presuntas pérdidas en sus dos años de operación.

Sin embargo, desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2018, marcó el inicio de la comercialización de urea boliviana en el mercado interno y externo, vinculado a la industrialización del gas.

La estatal YPFB obtuvo ganancias de 70 millones de dólares por las ventas de más de 200 toneladas métricas del fertilizante a clientes internos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y en el extranjero a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, según cifras del pasado año del gobierno del líder aymara.

Este proyecto permitió que Bolivia pasara de ser un país importador a exportador de urea, además de duplicar su producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos.

La planta separadora de líquidos Gran Chaco es otro proyecto que, según el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez, reporta pérdidas millonarias en sus siete años de operaciones, pero junto a su similar Carlos Villegas de Tarija posibilitó exportaciones a países vecinos como Paraguay, Uruguay y Perú.

Ambas industrias fueron financiadas con recursos provenientes de las Reservas Internacionales Netas a través de créditos del Banco Central boliviano, y el complejo Carlos Villegas se ubica entre los tres más grandes de la región en cuanto a capacidad de procesamiento, después de Bahía Blanca (Argentina) y Camisea (Perú).

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, aseguró en marzo de 2019 que, de no existir esas plantas, hubieran erogado 710 millones de dólares por la importación de gas licuado del petróleo (GLP).

Sánchez precisó que de 2013 a 2018 generaron ingresos por 194 millones de dólares por concepto de exportación.

‘Si sumamos lo que hubiésemos erogado por la importación, más los ingresos generados por la exportación, son 904 millones de dólares, es decir, la inversión en ambas plantas fue cubierta’, reafirmó.

Por otra parte, la estatal BoA no escapa a los intentos de privatización del gobierno golpista en el país suramericano y sus trabajadores convocaron a principios de este marzo al diálogo para enfrentar la crisis.

Una carta enviada el 28 de febrero pasado a Áñez emplazó a las autoridades de facto por la mala gestión que poco a poco va mellando la imagen y utilidad de la compañía, ‘[…] reduciendo el rendimiento operativo y en consecuencia llevándonos a un fracaso seguro e inmediato’.

Los firmantes señalan que la falta de liquidez financiera impide el funcionamiento normal de acuerdo a los compromisos contraídos y el pago de salarios, compra de combustible y de servicios de catering, esenciales para el trabajo diario de cualquier aerolínea.

GOLPISTAS EMPEÑADOS EN DESACREDITAR NACIONALIZACIÓN DE EVO MORALES

La crisis económica que actualmente enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno inconstitucional para mantenerlas y su campaña para desacreditar los logros de la administración de Evo Morales, son rechazados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales.

El diputado por el MAS, David Ramos, reafirmó en febrero pasado que con la nacionalización el Estado ejerció de manera soberana sobre los recursos naturales.

‘Quieren mostrar que el proceso de nacionalización ha sido un fracaso en el país, con eso nos están planteando directamente una política económica, social, del neoliberalismo; los bolivianos debemos estar convencidos que la época de nacionalización fue de mucho beneficio’, declaró Ramos a medios de prensa.

Asimismo, la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró el 5 de marzo en emergencia ante los despidos injustificados, la inestabilidad política y la posible privatización de las empresas estratégicas.

‘Por los acontecimientos políticos, por la supuesta crisis de las empresas estatales, así como por la caída de nuestra economía nacional, los trabajadores de Bolivia a la cabeza de la COB nos declaramos en estado de emergencia y en pie de lucha’, afirmó Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de esa organización.

Durante un encuentro ampliado realizado en el departamento de Oruro, Huarachi rechazó el supuesto déficit de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y BoA.

‘Los trabajadores de Bolivia por ningún motivo y de ninguna manera, permitiremos la privatización de los recursos naturales, de las empresas estatales, ni la venta de ellos’, enfatizó.

El Primero de mayo de 2006, Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 28701 ‘Héroes del Chaco’ que nacionalizó los recursos naturales a favor del pueblo boliviano, y reactivó a YPFB como la entidad más importante del país.

Una Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de empresas estatales reveló en febrero de 2019 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que la enajenación ocasionó un daño económico de 21 mil 500 millones de dólares al país.

Precisó que comparativamente, el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano en 2018 fue de 40 mil millones de dólares, y el perjuicio ocasionado por la privatización y capitalización de 157 de las 212 empresas existentes de 1985 a 2005 es un poco más de la mitad.

La investigación abarcó las gestiones de Víctor Paz (1985-1989), Jaime Paz (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer (1997-2001), Jorge Quiroga (2001-2002), segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) y el de Carlos Mesa (2003-2005).

El regreso de la privatización parece inminente de la mano de un gobierno golpista concentrado en la persecución política, el enriquecimiento de una minoría y la entrega de los recursos naturales nacionalizados a las grandes transnacionales.

Las pérdidas ya se contabilizan y la permanencia de programas sociales y del pago de incentivos económicos a sectores vulnerables, sustentados por el Decreto Supremo 28701 ‘Héroes del Chaco’ que hizo dueño al pueblo boliviano de sus riquezas, serán motivo para otra investigación de enajenación en el futuro.

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