abril 4, 2020

El gobierno de facto ya hizo su apuesta: desmantelar el Estado

“En ningún lugar del mundo, menos en los países de la periferia, el Estado de desigualdad extrema y la entrega al imperialismo resuelve los problemas de los pueblos”

Por GONZALO O. ZAMBRANA A. Y HUMBERTO S. ZAMBRANA C.* -.


En la alborada del siglo XXI y a raíz de la conciencia y la movilización popular principalmente potenciada con el surgimiento del MAS-IPSP, se re-inició la resistencia creciente no solo al neoliberalismo, sino a la estructura ya corroída y corrupta colonial-republicana que también en lo político, ideológico y cultural nos impuso la oligarquía criolla, siguiendo servilmente los mandatos con alcance mundial del Consenso de Washington, para el saqueo de los recursos naturales y explotación de los pueblos.

Dicha resistencia devino en la contundente victoria electoral de Evo Morales en 2005, dando inicio desde el gobierno al llamado Proceso de Cambio. Así, en 2009 se constituyó el Estado Plurinacional, que en lo económico-productivo llegó a aportar casi el 35% del Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento anual que osciló entre el 4% y 4.9% (4.5% en promedio, entre 2012 y 2018).

Asimismo, cabe notar –sin entrar al falso debate economicista pregonado hoy desde la derecha por los mismos que coadyuvaron al golpe de Estado– que las políticas de desarrollo tuvieron un alto sentido de soberanía, controlando y nacionalizando excedentes que en el pasado se fugaban al exterior. Se nacionalizaron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), además de crearse Boliviana de Aviación (BOA). Se generaron altas tasas de inversión pública (IP), con amplio efecto multiplicador en la economía en general; se refundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (PFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al tiempo que se inició la industrialización y agregación de valor a los recursos naturales en general.

Bajo aquel modelo productivo, ubicado en las antípodas del neoliberalismo, se desarrollaron otras empresas públicas en varias ramas y subsectores económicos y regiones estratégicas: en el Salar de Uyuni, para producir y exportar baterías de litio a gran escala; en el cemento, la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol); la agroindustria con la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA), la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); el mutún; el sector financiero con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Banco Unión; la urea, el amoniaco y la petroquímica en el Chapare –a los que los opinólogos en el/del gobierno de “transición” llegaron al absurdo de decir que era “para generar insumos para cocaína”–, entre otros.

Las fuentes de recursos e IP de/en esos emprendimientos fueron al ahorro nacional, la reinversión de las utilidades de las propias empresas, reservas internacionales, el endeudamiento externo responsable y sostenible –más aún, en términos dinámicos y plurianuales–, a más de la inversión extranjera directa.

Por otra parte, el modelo de desarrollo nacional genuino tuvo un alto contenido social: redujo el desempleo, incrementó y redistribuyó los ingresos, desconcentró la riqueza acumulada en pocos bolsillos, generando demanda efectiva y poder de compra en favor de la mayoría poblacional mediante los bonos logrados por las propias empresas públicas, reduciendo la pobreza y la extrema pobreza que en 2000 agobiaba al 66% y 45% del total de la población, respectivamente, a solo un 36% y 17%, en 2017.

Retorno al neoliberalismo

Las acciones, declaraciones y normas de la administración Áñez, con un manifiesto interés continuista, develan una gestión por usufructuar y desmantelar el Estado, una suerte de retorno al neoliberalismo implementado en 1985 en Bolivia. Destruyen las empresas públicas de manera grosera, para entregar sus recursos al capital transnacional y a sus socios criollos, siguiendo el recetario no modificado del Consenso de Washington y las recomendaciones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), suplidas en el Proceso de Cambio por “programas fiscal-financieros” soberanos.

Hoy, el principal mandato del imperialismo al gobierno golpista es “modificar el modelo de crecimiento”, privatizando y/o liquidando las empresas estales, “alejando” al país de una “redistribución pública de los ingresos por hidrocarburos” y del Estado nacional soberano, “hacia la actividad dirigida por el sector privado”, para alentar el usufructo del capital transnacional y la oligarquía criolla como su socia menor. De modo tal que se propone retornar a un neoliberalismo que fracasó rotundamente en varios países del mundo y que es socialmente cuestionado en Argentina, Chile, Ecuador, México y otros pueblos de la región.

El gobierno golpista ya ha iniciado el proceso de restauración neoliberal: ha paralizado proyectos de gran envergadura como el Tren Metropolitano de Cochabamba, la Planta de Urea, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, la Planta de Cemento en Potosí, entre otros. Misma suerte por la que atraviesa Easba, en el norte de La Paz, aparentemente destinada a ser ofrecida a la oligarquía agroindustrial, beneficiaria exclusiva, igual que en la dictadura de Banzer.

En efecto, se busca fijar en el imaginario popular un “Estado deficitario”, “empresas públicas en quiebra” y “derroche de recursos”, con el fin de facilitar la reinstalación del neoliberalismo, favoreciendo al empresariado privado señorial, siempre furgón de cola del capital transnacional. Por ejemplo, se ha establecido la libre exportación de alimentos en detrimento del consumo y abastecimiento popular a precio justo, medida que favorece a los grandes exportadores privados que controlan el monocultivo de soya y su encadenamiento agroindustrial.

También se ha suprimido el Fondo de Garantías, que permitía obtener préstamos para viviendas sociales y otros de orden productivos para las Micro y Pequeña Empresa (MyPEs) –con baja tasa de interés y acceso desburocratizado–, para congraciarse ahora con el sector financiero privado, eternamente especulativo y conservador. Este Fondo se pudo constituir gracias al retorno de la IP y particularmente con los ingresos generados por YPFB, empresa que hoy pretenden nuevamente entregar al capital extranjero. El actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo, ha dicho abiertamente que debe modificarse la Ley de Hidrocarburos, para atraer inversión extranjera.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo Parada, se ha declarado públicamente promotor de la inversión privada, fomentando así a las elites empresariales y la oligarquía criolla en general, quienes históricamente han empobrecido al pueblo boliviano y frenado el desarrollo integral de Bolivia.

Parte del asalto oligárquico es el descarado copamiento de espacios “claves” en el Estado, como la Aduana Nacional; el “abordaje” de funcionarios de la línea aérea Amaszonas vía debilitación de BOA, ASASSANA, los Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), incurriendo en el delito por “conflicto de intereses”. De hecho se nombró a un funcionario de confianza del fascista Luis Fernando Camacho en la presidencia del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a otro en Entel; este último, tras 80 días de ejercicio del cargo, se fugó al exterior defraudando al fisco con un monto de Bs. 600.000. La lista de irregularidades es larga.

Las preguntas de fondo

Antes tales resultados en apenas cinco meses de gestión de Gobierno –por cierto, represivo y fascista–, cabe plantearse al menos dos preguntas: ¿Por qué cambiar un modelo de desarrollo productivo exitoso que además de dar estabilidad económica y progreso social ha tenido un crecimiento líder en la región y a través de la IP y redistribución del ingreso logró superar ejemplarmente los altos indicadores de pobreza y desigualdad que tenía Bolivia hasta hace menos de 15 años? Y ¿qué efectos tendrá el retorno del neoliberalismo en la economía nacional y sobre todo cómo repercutirá en la situación del pueblo boliviano?

La cuasi recesión actual, estimulada por la pandemia del coronavirus, y la creciente resistencia- rechazo al Gobierno de facto, el apoyo electoral al MAS y el reinicio de la movilización popular, ya responden en parte la primera pregunta. Aunque aquí también puede responderse a partir del interés empresarial oligárquico, que exhibe otra vez su falta de sentido de patria.

En el caso de la segunda interrogante es útil agregar las siguientes precisiones: la vuelta al neoliberalismo generará un desplazamiento de la IP ya hoy menguada, y los excedentes al sector privado, facilitando por tanto la fuga de capitales al exterior vía empresas transnacionales, auxiliando a las mismas y a un puñado de familias oligarcas.

La reducción de la IP, motor exitoso del crecimiento de la economía y el factor central en la redistribución de la riqueza y la mejora de la calidad de vida de la población en todo el territorio nacional, así como el achicamiento y privatización del Estado en general, llevará a la caída de los niveles de actividad y empleo digno, mejor remunerado y productivo, empequeñeciendo las oportunidades de expansión personal y del emprendedurismo vividos con el Proceso de Cambio, afectando a la gran mayoría poblacional y, entre ella, como uno de los principales afectados, a los sectores urbanos que regresarán a los ingresos de pobreza.

Los niveles territoriales autonómicos igual verán una drástica reducción de sus ingresos, por la caída de la renta hidrocarburífera y de recursos de coparticipación trasladados hacia la oligarquía y las transnacionales, agudizada por el cierre y privatización de las empresas públicas, cuyo excedente de la reinversión productiva ha contribuido a las asignaciones condicionadas. Dicha reducción afectará directamente los recursos para los distintos bonos y al gasto social orientado a la educación y al Sistema Único de Salud (SUS).

Finalmente, la promesa sobre las bondades del neoliberalismo, cuando afirma que en la medida que se promueve la empresa privada y la acumulación gananciosa de capital, nos gotea a todos, volverá a incumplirse. En ningún lugar del mundo, menos en los países de la periferia, el Estado de desigualdad extrema y la entrega al imperialismo resuelve los problemas de los pueblos. Entonces muy pronto debemos esperar la instrucción de “ajustarse los cinturones”, porque –como ya dicen los opinólogos– la “culpa de todo la tiene el MAS”. La experiencia del fracaso neoliberal lo tenemos en la Argentina de Macri.


  • Son economistas y miembros de la Red de Economía Política

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