Por CARLA ESPÓSITO GUEVARA * -.
“No vamos a arriesgar la vida de 11 millones de bolivianos por gente que se fue de vacaciones en época de crisis”, dijo el ministro de Defensa, Fernando López, refiriéndose los migrantes bolivianos retenidos en Huara, Chile, en total desconocimiento de la situación que estos ciudadanos vivieron, habiendo sido expulsados de sus trabajos a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en ese país.
Si hay algo que la pandemia ha puesto al descubierto es la premisa liberal de que todos los ciudadanos de un territorio somos iguales ante la ley. En realidad, en el Estado liberal moderno, si bien todos somos jurídicamente iguales, somos materialmente desiguales y uno de los casos en que esta desigualdad se hizo más flagrante en los últimos días, es el de los 480 bolivianos varados en la frontera con Chile.
Son hombres, doce mujeres con niños, una mujer embarazada, trabajadores y trabajadoras que pasaron un viacrucis, pues el Estado boliviano, encargado de velar por sus derechos, se los negó. La situación fue tal que el propio jefe del Ejército chileno calificó de irracional la decisión del Gobierno boliviano de negarles el acceso a nuestro territorio.
Una vez en Bolivia, gracias a la presión social, su situación empeoró, salieron de un infierno para entrar en otro. Desde el momento en que ingresaron al campamento de Pisiga, donde debían cumplir una cuarentena, les retuvieron los carnets de identidad, fueron colocados en refugios improvisados y hacinados, la ración de comida que recibieron era menor a la que tocaban en Chile. Al inicio les exigieron mantener un metro de distancia entre ellos, pero ya en el refugio, colocaron 10 a 12 personas una misma carpa; luego descubrieron que no tenían duchas, ni agua para lavarse las manos, les asignaron 16 baños para 400 personas, en los que no había las mínimas condiciones para enfrentar una cuarentena. Más que un refugio, aquello parece un campo de concentración.
“Es como si las autoridades del Gobierno nos hubieran castigado por algún delito que hemos cometido”, dijo una de las refugiadas en Pisiga, y es que, en rigor, el Estado boliviano los criminalizó. Fueron amenazados por el personal policial con ser devueltos a la frontera si se quejaban por las condiciones del refugio. Sí, los mismos policías que se ocuparon de velar por la “seguridad” de los ciudadanos de las urbes frente a las “hordas vandálicas” en octubre pasado, son los que ahora amenazan a los ciudadanos en la frontera.
Proteger los intereses del Estado y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, en el Estado receptor, dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional, es la principal obligación establecida para los gobiernos en la Convención de Viena sobre Derechos Diplomáticos y Consulares, pero esta obligación ha sido incumplida por la administración Áñez. Mientras otros gobiernos organizaron vuelos solidarios para repatriar a sus ciudadanos enla emergencia, este se negó primero a las repatriaciones, y después, criminalizó y extranjerizó a los bolivianos condenándolos a una situación inhumana.
El caso de los 480 ciudadanos varados en la frontera demuestra cómo los discursos del derecho, de la igualad, la justicia y la ciudadanía se diluyen en los bordes del Estado, mientras emergen los de la represión, la discriminación, la sospecha y la arbitrariedad de la ley como los dominantes. Nos ha señalado además que para el Gobierno, quienes quedan en los márgenes –sean las fronteras, los barrios pobres o las comunidades–, son menos ciudadanos y tienen menos membrecía nacional. Ellos son los parias del Estado.
* Socióloga
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