julio 30, 2021

Justicia amarrada


POR SOLEDAD BUENDÍA HERDOÍZA * -.


Estimado lector, hoy más que nunca quiero compartir con ustedes la indignación por el uso de la “justicia” en Ecuador, para proscribir políticamente a un opositor, y expresar mi solidaridad como lo han hecho miles de ciudadanos de la patria grande latinoamericana con Rafael Correa, expresidente ecuatoriano. Y cito las palabras de Evo Morales: “El pueblo ecuatoriano reconoce lo mucho que has hecho por él y por la patria grande. ¡Hasta la victoria siempre”!

Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, incluye la destrucción de la imagen pública para lograr la inhabilitación de un adversario político; combinando acciones aparentemente legales, con una amplia cobertura de prensa, para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin pruebas o con argumentos jurídicos forjados. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de acción.

En Ecuador, la función judicial se ha convertido en un espacio privilegiado para el despliegue de estrategias de persecución política, bajo un manto de aparente institucionalidad. El Estado de derecho, término jurídico que se utiliza mucho, en Ecuador ha dejado de ser una realidad, porque existen miles de causas judiciales paralizadas por la emergencia sanitaria del Covid-19, y es comprensible, por ello en muchos países se han suspendidos todos los procesos penales, a excepción de los delitos flagrantes. Sin embargo, y a pesar de los miles de infectados, los muertos y las medidas emergentes decretadas por el Gobierno, la justicia, cooptada por el poder de turno, se aplica a dedo y con una celeridad extraordinaria para sentenciar a Rafael Correa y a otros dirigentes de la Revolución Ciudadana.

En medio de la pandemia, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con jueces encargados, sentenció la causa iniciada en mayo de 2019, denominada “Sobornos”, condenando a ocho años de prisión por cohecho al expresidente Correa, proscribiéndolo por 25 años.

Jurídicamente, expertos han cuestionado este proceso por lo grotesco, señalando irregularidades en los procedimientos de los allanamientos realizados, por la ruptura de la cadena de custodia, por los peritajes que muestran que la escena fue modificada, que los indicios que constan en el acta no coinciden, en resumen. por las violaciones al debido proceso, elementos que reposan en el expediente judicial.

La sentencia evidencia el sometimiento de la justicia en Ecuador, utilizada dentro de una agenda comunicacional para desviar la atención de los cuestionamientos ciudadanos por el mal manejo de la crisis sanitaria, con el único objetivo de impedir la participación en las próximas elecciones de Rafael Correa.

Los jueces que hoy creen estar por encima del bien y el mal olvidan que la justica tarda pero llega, y que las demandas en organismos internacionales de DD.HH. avanzan, que pronto vendrán los juicios de repetición. La historia pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde. Con certeza absoluta el pueblo triunfará y aquellos que usaron el poder para el odio y la persecución tendrán que pagar sus culpas.

Tarde o temprano, el juicio de la historia será implacable con los autores de esta injustica. ¡No más persecución contra Rafael Correa! ¡Latinoamérica contigo, Rafael!


* Asambleísta por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional del Ecuador

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