Movilizaciones sociales, empleo, ingresos y Covid-9

Por José Roberto Ballesteros Coca * -.

Los últimos días ^[1], en diferentes regiones del país acontecieron movilizaciones y marchas, en un contexto que prohíbe estas formas de expresión, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional que restringe la circulación de personas, con excepción de movilizarse para el abastecimiento de alimentos. En ese contexto, no podemos dejar de preguntarnos: ¿A qué responden estas formas expresiones de la población? ¿Será una motivación eminentemente política, como afirman personeros del Gobierno? ¿Cuáles son las condiciones económicas y sociales de las personas que participan en estas formas de expresión? 

Es conocido por todas/os que la actual coyuntura que atraviesa Bolivia responde a un fenómeno de carácter planetario, como es la pandemia del coronavirus, cuyos efectos focalizan su mayor letalidad en personas que tienen más de 70 años. Es de suponer que esta situación no es ajena y de desconocimiento de la mayor parte de la población, incluidos los sectores sociales que tienen menores recursos económicos, pero que gracias a la relativa facilidad de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) cuentan con diversas fuentes de información

Creemos que parte de la explicación de estas movilizaciones y marchas espontáneas de la gente, especialmente de personas y sectores sociales con menores condiciones económicas, puede explicarse por la necesidad de poseer recursos e ingresos que les permita adquirir los alimentos necesarios para enfrentar el tiempo que dure la medida sanitaria. Por los datos y la tendencia que se dan desde el viernes 3 de abril de 2020, lo más probable es que se prolongue el periodo de emergencia (bajo cualquiera de las variantes nacional y/o regional).

Cuando referimos al hecho que gran parte de la población no tiene las mínimas condiciones económicas, centramos la mirada en la situación de las personas y sus principales características relacionadas con la ocupación principal y la categoría del empleo, en consecuencia, aquellas actividades que principalmente están dirigidas a generar recursos e ingresos.

Recurrimos a información oficial obtenida de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), datos al 2017, que no cambiaron significativamente a la fecha. El objetivo del siguiente cuadro es acercarnos a una de las variables importantes para comprender y enfrentar de mejor manera el Covid-19, desde la composición de la población boliviana, por condición de su actividad laboral.

Vemos en el Cuadro N°1 que prácticamente una de cada dos personas, para ser precisos el 49.83%, forma parte de la Población en Edad de Trabajar (PET), es decir, la encargada de generar ingresos para la familia (5 millones 587 mil 807 personas de una población total de 11 millones 216 mil 272); mientras, que la Población Económicamente Inactiva (PEI) llega al 30% de la población total, y el 20% está compuesto por población económicamente inactiva de forma permanente (mayormente por personas de la tercera edad, que tienen alguna forma de renta, llámese renta de jubilación y/o renta dignidad).  

Otra información significativa y complementaria al cuadro anterior está dada por la composición de la población por la ocupación principal en la categoría de empleo, cuyas actividades son desarrolladas diariamente para la generación de ingresos.  

Se puede observar en el Cuadro N°2 que la Población Económicamente Activa llega a 5 millones 396 mil 338 (49.82% de la Población Total – PT ), lo cual nos recuerda y focaliza nuestra atención en que el 42.1% de las personas que realizan actividades para obtener ingresos, se encuentran en la categoría de empleo de Trabajador(a) por cuenta propia, el 17.8% es Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración, la categoría Obrero(a) alcanza al 6.9% y Empleada(o) del hogar del 2%.

Entonces, prácticamente siete personas, el 68.8%, de la Población Económicamente Activa se ubica en las categorías de empleo que diaria o semanalmente realizan sus actividades que, directa o indirectamente, contribuyen en la generación de ingresos para la familia. De ahí que, dadas las condiciones actuales y necesarias de emergencia sanitaria que ya superan 14 días, no puede dejar de preocuparles, a partir que no cuentan con los recursos para proveerse de alimentos.

La población económicamente activa diariamente realiza actividades laborales, bajo las formas de relaciones de dependencia laboral o por cuenta propia, con la motivación principal de obtener y de generar ingresos. 

Durante los últimos 14 años es evidente que las condiciones salariales para los  trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado mejoraron gradualmente a través de los incrementos del Salarió Mínimo Nacional (SMN) y el Salario Básico. En general, los incrementos salariales también tuvieron impactos positivos en otros beneficios y colaterales vinculados al salario (bono de antigüedad, horas extraordinarias, dominicales, entre otros). 

Para el 2017 el Decreto Supremo 3161 dispuso que el incremento del Salario Mínimo Nacional sea 10,8 %, que equivale a Bs. 2 mil (Dos mil 00/100 bolivianos), mientras que el Salario Básico se incrementó en un 7%. Para el 2019 el incremento del Salario Mínimo Nacional fue de 3% llegando a Bs.2 mil 122 (Dos mil ciento veintidós 00/100 bolivianos) y el 4% de incremento al Salario Básico.

Los datos que se registran el Cuadro N°3, nos dan una aproximación a la situación de los ingresos promedios mensual en la ocupación principal, según la categoría en el empleo, para el 2017 (para el propósito del presente documento, se asume que la información no tuvo cambios sustanciales al 2019). 

Los datos de referencia nos plantean que el ingreso promedio mensual de las diferentes categorías en el empleo difícilmente está por encima de Bs.3 mil, como promedio general. Así mismo, se ratifica que las categorías más sensibles de Trabajador(a) por cuenta propia, Obrero, Empleado(a) y Trabajadora(o) del hogar, son los que perciben y generan menores ingresos mensualmente, además de constituir el mayor número de personas al interior de la población ocupada.

Si relacionamos el cuadro de ingreso promedio mensual por categoría de empleo con el hecho que el 68.8% de la Población Económicamente Activa se encuentra ubicada en las categorías de Trabajador(a) por cuenta propia, Obrero, Empleado(a) y Trabajadora(o) del hogar que diariamente realizan actividades generadoras de ingreso, su situación es preocupante e insostenible por los días transcurridos sin haber realizado ninguna actividad, y se incrementa más ante la incertidumbre que a futuro continuará o no este escenario, traduciéndose en el hecho de no contar con recursos e ingresos, no solo para alimentos, sino también para los servicios básicos, alquileres, entre otros. 

El objetivo de lo mencionado, intenta contribuir e incorporar algunos elementos que forman parte de la situación y condiciones económicas por las que atraviesa la mayoría de la población, que vinculados al contexto generado por la pandemia del Covid-19 nos pueden ayudar a revisar, complementar y/o generar políticas públicas de emergencia nacional. De esta forma, evitar el hecho de recurrir al fácil recurso de etiquetar que responden a una motivación “política” todas las formas a las que recurren las personas para manifestar sus necesidades y demandas. Por tanto, la mayoría de la población ocupada (68.8%) que realizaba  actividades diarias para tener ingresos, nos están expresando que cumplir estrictamente la emergencia sanitaria es insostenible ante la incertidumbre y desesperación de no tener ingresos, y las marchas y movilizaciones son el medio actual de expresión.

A partir de los datos e información entregada, en nuestro criterio es importante considerar que:

• Es posible, y casi inevitable, que la población que no cuenta con actividades generadoras de ingreso, canalizaran sus demandas y necesidades por diferentes medios, y calificarlas de carácter “político” no sería lo correcto. Por el contrario, hay que escucharlas, convocarlas y ver cuáles son las necesidades y preocupaciones actuales y futuras.
• En lo que resta de tiempo para la conclusión de la gestión fiscal, la mirada de la coyuntura debiera ser de más Estado y menos mercado. Las medidas tienen que ser construidas y digeridas a partir de escuchar a la gente y sus organizaciones de forma sectorial y territorial. Por lo general, la gente sencilla cuenta con iniciativas de solución a partir de su vivencia cotidiana.  
• Es insostenible que la gente permanezca con la incertidumbre de continuar con la emergencia y la falta de ingresos. Se requiere rapidez en la toma de medidas de emergencia que canalicen ingresos y/o alimentos a los sectores de la población que se ven impedidos de desarrollar sus actividades (Trabajadores por cuenta propia, Obreros jornaleros, Trabajadoras del hogar). La consideración de programas y/o proyectos que emerjan de las iniciativas y experiencias como las ollas comunes, ferias solidarias y otras, debieran implementarse con la participación organizada de la gente.  
• La sociedad boliviana tiene una enorme y rica experiencia en organizarse para enfrentar y satisfacer sus demandas y necesidades individuales y colectivas (capital social). De ahí que movilizar y abrir espacios de participación a la gente y organizaciones para solucionar sus problemas de ingresos, alimentos y los relacionados con el coronavirus son vitales. Los niveles intergubernativos (nivel central, departamental, regional y municipal) tienen que aportar con la generación de condiciones técnicas y operativas para canalizar las iniciativas de la gente organizada.
• Es claro que ingresaremos a una fase bastante delicada sobre el desarrollo del Covid-9 y la posible ampliación del periodo de emergencia (nacional y/o regional). Por lo cual, es necesario fortalecer los niveles subnacionales, especialmente de los municipios. El nivel central tiene que asumir su rol de dirección y conducción de carácter estratégico. Es en el nivel territorial que se tiene más efectividad y eficiencia operativa para resolver los problemas.
• El uso de recursos financieros que provienen de la cooperación internacional o del Tesoro General de la Nación (TGN) para las financiar actividades y las que vendrán en el muy corto plazo, tienen que ser transparentados a través de brindar información oportuna y  relevante de su uso. Se requiere revisar los presupuestos y ajustarlos a partir de priorizar la adquisición de insumos contra el Covid-19, y actividades generadoras de producción y empleo. Ello supone definir y emitir los instructivos para reformular los Planes Operativos Anuales (POA) y el presupuesto de todo el sector público mediante la modificación y ajuste de normativa pertinente.

^[1] Nos referimos a partir del día 1 de abril de 2020.

* Economista