enero 11, 2022

Rechazan en Chile un proyecto oficial que, ante el coronavirus, podría permitir la liberación de exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad

Organismos de derechos humanos acusan al Gobierno de aprovechar la pandemia para otorgar beneficios a represores de la dictadura de Augusto Pinochet.

Organismos de derechos humanos de Chile han denunciado que el Gobierno de Sebastián Piñera busca liberar u otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Sucede que hay dos polémicas iniciativas oficiales en marcha, que podrían derivar en beneficios para los exmilitares, muchos de los cuales cumplen la pena en la cárcel de Punta Peuco, una institución carcelaria ubicada al norte de la región Santiago que cuenta con mejores condiciones que el resto.

El pasado 8 de abril, el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley de ‘indulto conmutativo’, que establece un indulto general a unas 1.300 personas, incluidas mujeres embarazadas o con niños menores, mayores de 75 años y enfermos terminales, a fin de reducir riesgos de contagio de coronavirus en los penales.

Tras la aprobación, un grupo de legisladores del partido Chile Vamos, al que pertenece Piñera, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que la normativa alcance también a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco, aún cuando el texto del proyecto excluía a condenados por delitos graves. Según los congresistas, de lo contrario se daría una acción «discriminatoria».

Por otra parte, el Gobierno impulsa la llamada ‘ley humanitaria’, con la que pretende beneficiar con arresto domiciliario a aquellos privados de libertad mayores de 75 años, que hayan cumplido la mitad de sus condenas. El proyecto fue presentado hace dos años, pero ahora, ante la crisis del coronavirus, desde La Moneda buscan despacharla con urgencia.

«Creo firmemente que cualquiera que haya sido el delito que hayan cometido tienen derecho a morir con dignidad», dijo Piñera durante una entrevista que reprodujo el diario El Mercurio, en su versión digital.

El viernes pasado, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió absolver a ocho condenados por violaciones de derechos humanos, al tiempo que redujo la pena en tres años y un día a otros nueve, a quienes también se les otorgó el beneficio de libertad vigilada.

La medida judicial fue duramente cuestionada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD), y también por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), organismos que repudiaron la decisión en Twitter.

Este lunes, ambas instituciones enviaron una carta al Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, en la que denuncian que el Gobierno «invoca como argumento, una promesa de campaña [la ley humanitaria], y la crisis sanitaria producto de la pandemia por covid-19», para «imponer la impunidad».

En la misma jornada, dos senadores de la oposición recurrieron al Tribunal Constitucional a fin de que el organismo rechace el planteo de sus pares de Chile Vamos, para incluir a los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco bajo la ley de indulto conmutativo.

«En este caso no existiría ningún tipo de afectación de igualdad ante la ley, sino que justamente es la ley la que establece la distinción en atención a la gravedad de los delitos cometidos», argumentó el legislador Felipe Harboe, uno de los firmantes de la solicitud al TC, según informó el medio El Desconcierto.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, entre 1973 y 1990, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se cometieron 3.428 casos de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y secuestros.

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