Por VERÓNICA NAVIA TEJADA * -.
Hasta el domingo 12 de abril ya eran 36 las personas “sentenciadas” por delitos contra la salud pública, fruto de audiencias relámpago, patrocinadas por el Ministerio de Gobierno, como principal acusador. Los hechos sentenciados tienen relación con el presunto incumplimiento de la “cuarentena total” decretada por el gobierno transitorio no electo de Áñez.
Muchas y muchos podrán estar de acuerdo o no con este hecho jurídico, si se ajustará o no a la normativa penal vigente también será otro espacio que lo defina. Lo que llama la atención es la rapidez y agilidad con que operadores de justicia actuaron en esto casos, más rápido incluso que autoridades de otras instancias responsables de la atención de la pandemia, antes que de la sanción por incumplimiento.
Cursaba el 13 de enero de 2020, y con lágrimas en los ojos Jeanine Áñez declaraba el 2020 como el “Año de la lucha contra el feminicidio y el infanticidio”. Esta declaratoria significa que las acciones, por lo menos este año, serán priorizadas en gestión y en presupuesto para cumplirla, pero es aquí donde nos preguntamos: ¿Cuántas sentencias existen por feminicidios e infanticidios ejecutados en lo que va del año?
Pero revisemos otros casos de aplicación de injusticia en la historia reciente:
– Caso Fondioc, sirvió para estigmatizar a dirigentes indígenas y campesinos, pero no a todos, obviamente. Resulta que se ejecutaron mandamientos de aprehensión para quienes apoyaban la gestión del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), y otros, que más bien resultaron en la oposición, gozaron y gozan de libertad plena en búsqueda de legitimidad (por ahora no encontrada) para volver a protagonizar la dirigencia.
– Caso Focas, proposición acusatoria presentada el 2014 por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa, claramente identificaba a Samuel Doria Medina como el presunto autor de varios delitos económicos contra el Estado. Está demás decir que la Fiscalía hizo nada al respecto, al extremo que ahora el caballero es candidato a vicepresidente, acompañando a la candidata Áñez, y visto por esta como el “salvador de la economía”.
– Caso Papeles de Panamá, sale nuevamente el nombre de Doria Medina en presunta evasión de impuestos por la venta de acciones de una de sus empresas, vinculando a una de las hermanas y una empresa offshore. Otro nombre importante que apareció, el de Branko Marinkovic, quien se refugió en Estados Unidos, luego de escapar al proceso abierto por terrorismo y que hace unas semanas fue recibido como gran señor por candidatos de la derecha.
Entre el sábado y domingo, una nueva polémica ha empezado a aparecer en las redes sociales, la presunta ruptura de cuarentena por parte del actual Director del Fondo Indígena, Rafael Quispe. Este señor se habría presentado en una reunión para tratar proyectos de la entidad que actualmente dirige, en plena cuarentena. La reacción del Ministro de Gobierno –el mismo responsable de las denuncias de los 36 casos con sentencia– es pedirle la renuncia, no hay amenaza ni soberbia, más bien se nota un acento protector.
Pero ya van 36 casos “con sentencia” en procesos llevados a cabo entre el 6 y el 12 de abril de este año, una semana ha pasado y 36 ciudadanas y ciudadanos ya tienen sentencia. Podemos no estar de acuerdo con las denuncias, pero hay algo que brilla con luz propia, la aplicación de justicia y sus resultados también son una cuestión de clase.
* Socióloga
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