La Paz-. El gobierno de facto de Bolivia mantiene hoy amenazas y persecución política contra el Movimiento al Socialismo (MAS) en medio del avance de la Covid-19 y denuncias por la incapacidad de las autoridades para enfrentar la pandemia.
Luego de responsabilizar al MAS de las manifestaciones de cientos de personas en distintas partes del país por la falta de alimentos, algo desmentido por esta fuerza política, ahora la emprenden contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.
Esta vez se trata del exministro de la Presidencia Ramón Quintana, asilado hace cinco meses en la embajada de México, tras el golpe de Estado, y a quien el director de Migración, Marcel Rivas, señaló por incitar protestas de cientos de migrantes varados en la frontera con Chile.
A raíz de la asonada golpista, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que ‘cazaría’ a Quintana por lo que no se descartan nuevas acusaciones en su contra para cumplir las pretensiones de la citada autoridad.
Lo cierto es que hace poco más de una semana, el MAS aclaró que es ‘objeto sistemático de guerra sucia, no solamente desde el gobierno de facto, sino desde otros frentes políticos y en plena crisis sanitaria’.
La guerra sucia tomó fuerza luego que el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, afirmara que el MAS instiga a romper la cuarentena a cambio de dinero y alimentos.
Por su parte, Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y militante de esta fuerza política, remarcó que ‘no es masista quien está en la calle reclamando, es gente que demanda por hambre. Es falso que el MAS esté tratando de hacer que se rompa la cuarentena’, subrayó.
Recientemente, una protesta tuvo lugar en Riberalta, ciudad y municipio, ubicada al norte de la Amazonía boliviana, por la falta de alimentos que sufre la población.
Este tipo de manifestaciones se han repetido en otras zonas del país por la misma causa pues muchas personas viven del trabajo informal, ahora prohibido por la emergencia sanitaria, y este segmento de trabajadores carece de apoyo gubernamental.
También en la frontera, cientos de personas exigen su derecho de entrar al país, y mientras un grupo de unos 500 integrantes están en un campamento en Pisiga en condiciones deplorables, otros tuvieron que ser acogidos en Iquique (Chile) en espera de que el gobierno de facto con sus militares y policías los deje entrar al país.
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