octubre 22, 2020

La sociedad culpable, libertades bajo acecho

Por Luis M. Arancibia Fernández -.


Dos noticias han convocado la atención de la opinión pública las últimas semanas: la primera sucedió en el municipio de Vinto, Cochabamba, el 21 de abril, en el domicilio particular de la alcaldesa de esa ciudad, Patricia Arce. Cuando caía la noche, un aparatoso operativo policial irrumpió en la vivienda y detuvo a seis personas, entre las que se encontraba un menor de 16 años, hijo de la autoridad. La razón: habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, actividad que está prohibida por disposición del Auto de buen Gobierno que regula la cuarentena sanitaria en el departamento de Cochabamba.

El otro episodio ocurrió el pasado 23 de abril, cuando la Policía Boliviana detuvo en Santa Cruz de la Sierra a Mauricio Jara, quien luego de un seguimiento en el espacio cibernético, fue identificado como un “guerrero digital” –novedosa denominación para una actividad que no está tipificada como un delito– que supuestamente se encargaba de difundir en redes sociales mensajes de apoyo a la gestión del expresidente Evo Morales y atacaba al gobierno transitorio actual.

Ambas situaciones sucedieron en el contexto de: la crisis sanitaria del Covid-19, la cuarentena decretada por el gobierno transitorio y la sensación de incertidumbre que vive día a día la población boliviana. Entonces, se podría entender que existan argumentos para justificar las acciones de autoridades judiciales o policiales contra alguien que vulnera la cuarentena, pues la población vive atemorizada por noticias y comunicados con un fuerte contenido alarmista.

Pero lo que la gente deja de lado, es que ni el estado de emergencia sanitaria, ni otra medida excepcional decretada por el gobierno, puede –en ningún caso– suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales o el derecho al debido proceso, la Constitución Política del Estado es absolutamente clara al respecto. Es decir, ni la presidenta transitoria, ni ninguna autoridad elegida (o no), pueden decidir sanciones a los infractores, por encima de la Constitución y las leyes vigentes, eso significa un resquebrajamiento del Estado de Derecho que da paso a una serie de atropellos en contra de la población.

Asimismo, hay que considerar que la ciudadanía vive en permanente estado de indefensión, pues en cada acción directa que realizan las fuerzas del orden, se comete más de una arbitrariedad y no existe una instancia que haga frente a estos o las que existen resultan insuficientes, a esto se suma que las restricciones de la cuarentena no permiten un trabajo, efectivo de abogados defensores.

peor aún, autoridades del Ministerio de Gobierno y policías se han dado a la tarea de presentar a los medios de comunicación a cuanta persona es detenida, sobreexponiendo sus rostros que luego son “viralizados” en redes por individuos que exageran los hechos o falsean las circunstancias en las que estos sucedieron. Lo que hace la Policía, ante la mirada pasiva de jueces y fiscales, podría considerarse un trato cruel, inhumano, degradante y humillante e inequívocamente se trataría de un atentado contra derechos fundamentales prescritos en la Constitución.

Tanto Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, como la misma Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han expresado su preocupación por aquellos gobiernos que están optando por la militarización de la pandemia y el despliegue de ejércitos, dada la vinculación negativa con los DD.HH. En esa misma línea, la Relatoría especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto del Decreto Supremo con el que el gobierno de Bolivia dispuso las medidas para contrarrestar la pandemia, advirtió el uso desproporcionado del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público.

Si bien la cuarentena es una medida efectiva para prevenir el contagio del Covid-19, valerse de esta para persecuciones políticas, revanchismo o para acallar voces disidentes, es un acto ilegal y arbitrario. La lógica con la que está actuando el poder en estas circunstancias, nos está negando sistemáticamente acceder a la verdad jurídica de los hechos, pero al menos nos queda la verdad histórica y con ella tendremos que reconstruir este momento, para que la impunidad no sea la que decida que somos una sociedad culpable por hacer frente al autoritarismo.


* Abogado defensor de los Derechos Humanos

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