diciembre 5, 2020

Ciberpatrullaje y reinvención del enemigo interno


Por Carla Espósito Guevara-.


Fue apresado luego de una dudosa operación denominada “patrullaje cibernético”, que consiste en una intervención policiaca de cuentas de internet. Posteriormente fue encerrado en la cárcel de Palmasola. Esposado, despeinado, escoltado por dos policías encapuchados y expuesto ante los medios de comunicación como si fuera un terrorista, con un chaleco que dice aprehendido, así salió el cruceño Mauricio Jara, en las fotografías de varios periódicos del país. Sus cargos: “sedición y atentado contra la salud pública” e “instigación pública a delinquir”. Jara cometió el terrible delito de manejar 75 grupos de WhatsApp con nombres tan peligrosos como “Evo es Pueblo” o “Arce presidente” y declararse militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mauricio Jara lleva casualmente el mismo apellido de aquel cantautor cuyas manos fueron mutiladas y su voz acallada por el delito de cantar para su pueblo en ese oscuro 1973 durante la dictadura pinochetista. Pero fuera de la casualidad en el nombre, hay otra cosa que los une: las arbitrariedades cometidas contra ambos pueden constituirse en emblema de dos regímenes caracterizados, cada uno a su manera, por acallar y convertir la disidencia en “terrorismo” y “sedición”.

Más allá de la conculcación del derecho a la libertad de expresión que se supone todo ciudadano tiene en una democracia (aunque dudo que esta lo sea), la detención de Jara expresa los rasgos de un Estado policiaco, cuyas medidas parecen calcadas de un manual de George W. Busch o incluso del “macartismo”.

Tal como el régimen “macartista”, y sus herederos militares en América Latina, crearon la figura del comunista como enemigo interno para justificar la cacería de brujas y Busch la del “terrorista” para propiciar la eliminación de gobiernos no alienados al imperio, asimismo el gobierno de Áñez ha inventado su propio enemigo interno: “el masista terrorista sedicioso”.

La política interior de Áñez no es otra cosa que una burda copia de la Ley Patriótica (Patriot Act), con la que después del 11 de septiembre el gobierno de Busch justificó la creación de un estado de excepción permanente que permitía la intervención a la privacidad de los ciudadanos y la recolección de datos telefónicos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) bajo la excusa de la lucha antiterrorista. El polémico “ciberpatrullaje” tiene origen justamente en estos antecedentes y, a nombre de la pandemia, está apuntalando un estado de excepción indefinido violatorio de los derechos civiles más básicos.

Existe una contradicción fundamental entre democracia y silenciamiento de la oposición. No puede haber democracia sin oposición y disenso. La política tiene en esencia un carácter antagónico y si un gobierno quiere cancelarlo, convierte su régimen en algo distinto de la democracia.

La falta de capacidad de este gobierno para manejar las tensiones sociales derivadas de la crisis sanitaria, lo está llevándolo a penalizar hechos que en cualquier democracia serían normales y legales: como militar en un partido, expresarse en las redes sociales, manejar grupos de WhatsApp o caminar en las calles, actos que se han convertido en nuevas figuras delictivas.

Pero lo más complejo de todo esto es que a este régimen no le queda otra que recurrir a políticas represivas y violentas para sostenerse en el poder. Su falta de legitimidad y base social lo obliga a eso. Está claro de la crisis sanitaria recrudecerá, tanto por el aumento de enfermos como por la crisis social que se avecina y un gobierno incapacitado totalmente para escuchar, consensuar y negociar con el otro, no podrá hacer otra cosa que recrudecer el uso de su aparato represivo y construir enemigos por todas partes.


• Socióloga

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