septiembre 18, 2020

Recortar el presupuesto en educación es inmoral


Por Soledad Buendía Herdoíza-.


La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, y son los Estados los encargados de garantizarlo, según lo señalan varios tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en su Art. 26 que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Consagra que es deber del Estado garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en esta; en tal contexto, hace referencia expresa y particular al “derecho a la educación”, cuya área, por mandato supremo, debe ser prioridad de la política pública y de la inversión estatal, en pro de que sus principios se realicen, destacándose entre estos el de “calidad”.

En la Carta Fundamental del Estado se establece la exigencia presupuestaria para la educación, dispone que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, permitiendo el ejercicio pleno, el acceso universal y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel.
Es imprescindible destacar que el Art. 165 prescribe que, una vez declarado el “estado de excepción”, el Presidente de la República podrá “(…) 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”, cualquier recorte presupuestario es estas dos áreas resultarían inconstitucional e inmoral.
Afectación al, ya disminuido, presupuesto a la educación pública en estos momentos de crisis por el coronavirus solo agravarían la situación de miles de docentes y estudiantes, poniendo en grave riesgo el aporte de las instituciones educativas a la sociedad ecuatoriana y al desarrollo del país.

En el escenario nacional actual, frente a la emergencia sanitaria generada por la propagación de la pandemia, las instituciones educativas en todos los niveles han tenido que modificar su funcionamiento habitual, para garantizar los derechos de los estudiantes, profesores y personal administrativo. Disminuciones y recortes presupuestarios obligarán a despidos masivos e impedirán que la población pueda ejercer su derecho a la educación, sin mencionar la imposibilidad de profundizar la investigación científica como herramienta fundamental para el desarrollo de una sociedad.

¿Por qué, nos preguntamos, siempre que hay crisis de cualquier tipo la solución es afectar los recursos para la educación pública? ¿Por qué no se realiza el recorte de alrededor de 100 millones en Defensa, por ejemplo? La respuesta es tan simple, como cruel: porque los intereses del capital están sobre los seres humanos, y ni la muerte de miles, ni el dolor y la angustia de millones de ecuatorianos podrá sensibilizar a los titiriteros del nefasto sistema neoliberal.


* Asambleísta por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional del Ecuador

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