octubre 28, 2020

Agenda de destrucción del excedente


Por Carla Espósito Guevara*-.


Del mismo modo que lo hizo Roosevelt en Estados Unidos y la Alemania de postguerra, el aumento en el gasto público, el fortalecimiento e intervención del Estado y una surte de neokeynesianismo en la economía, parece ser la tendencia a nivel mundial para enfrentar la crisis económica que se avecina por efecto de la pandemia del coronavirus. Pero, a contrapelo de esta tendencia, el gobierno de Bolivia ha planteado sorprendentemente la “reducción del gasto público”.

Es que en efecto, no le queda otra alternativa. No hay excedentes disponibles para garantizar un mínimo de inversión pública. Las principales empresas públicas: Boliviana de Aviación (BOA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel), atraviesan su momento más crítico con la consecuente paralización de actividades productivas fundamentales del Estado.

La semana que concluye cerró plagada de escándalos mediáticos en torno al manejo de YPFB. Herland Soliz, presidente saliente de la estatal petrolera, y hombre de confianza de Áñez, fue destituido de su cargo tras las acusaciones de irregularidades y sobreprecios en la compra de 1.5 millones de barriles diésel para la agroindustria, a un precio de 124 dólares cada barril, compra amparada en la declaratoria de emergencia que no tiene en cuenta el derrumbe de los precios a nivel mundial.

A esta denuncia se suma una contratación directa de pólizas de seguros para YPFB Corporación por Bs. 84 millones, que fue suspendida, y el escándalo por la compra de servicios de alimentación de la petrolera estatal para la provisión de alimentación para sus trabajadores nada menos que por 416 bolivianos diarios por funcionario; también enmarcado en el procedimiento de Contrataciones por Emergencia Sanitaria.

No debe escapársenos el preocupante manejo que YPFB está haciendo de la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, el proyecto de industrialización más importante del país, que está paralizado desde diciembre, sin una explicación técnica solvente, que está provocando una pérdida de ingresos aproximada de 70 millones de dólares.

Están además las irregularidades de otras empresas estatales que ya venían acumulándose desde el mes de febrero en relación a Entel, en la gestión de Elio Montes, como pagos de jugosos finiquitos a 13 personas que trabajaron menos de tres meses y auspicios millonarios a un solo deportista, pagos de bonos y viáticos que no correspondían.

A esto se suma lo que sucede en BOA, que está al borde de la quiebra. Recordemos que la administración de esta empresa fue entregada a un gerente vinculado a Amaszonas, quien afanadamente se dedicó a reducir vuelos a la empresa estatal de aviación en favor de la aerolínea privada, además de autorizarle solo nueve viajes humanitarios durante la cuarentena, mientras daba 22 a Amazonas.

No puedo dejar de mencionar el escándalo en Minería por concesiones ilegales denunciada por el exministro Huallpa y el posible remate de la maquinaria del tren metropolitano de Cochabamba en puertos chilenos, por simple negligencia del Gobierno.

Este doloroso recuento de daños me lleva a concluir que, por irracional que parezca, el proyecto del bloque en el poder que Áñez lidera, consiste en la destrucción masiva de las fuentes de excedente y en la apropiación privada de lo que reste, como sostuvo el ministro Parada respecto al litio. René Zavaleta decía que “la captación de excedente ha sido siempre un concepto ajeno a la clase dominante en Bolivia”, tanto en la economía de la plata como la del estaño y no parece ser distinto ahora. Pese a las lecciones que la historia ha dado, las clases dominantes siguen pensando igual. Nos costará décadas reconstruir la cantidad de daños económicos que este gobierno está causado al Estado, lo peor es que con los magros recursos que quedan, no podremos hacerle frente a la crisis que nos espera y esto costará mucho dolor humano.


* Socióloga

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