Por Luis M. Arancibia Fernández-.
El acontecer político boliviano, sobre todo los últimos 14 años, contó con la importante participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que, desde los espacios reivindicativos del sector al que representan, han hecho conocer sus demandas y han enriquecido el relacionamiento del Estado con la población en general.
Sin embargo, esta cultura democrática de diálogo horizontal Gobierno-sociedad, se vio seriamente afectada cuando organizaciones cívicas incluyeron entre sus afiliados a grupos violentos conformados por jóvenes, que a título de defender demandas regionales, se organizaban para atentar contra bienes públicos y privados, agredir a ciudadanos y, en general, generar estados de zozobra colectiva con los que supuestamente presionaban a las autoridades para que sus reclamos sean atendidos.
A diferencia de cualquier otra organización juvenil que incursiona en el quehacer político del país, estos grupos violentos se caracterizan por tres elementos fundamentales:
1) Una estructura organizativa de tipo militar, con rangos jerárquicos y relacionamiento de subordinación vertical;
2) Un discurso racista con que exalta su procedencia de clase por encima de otros grupos sociales a los que consideran foráneos, un ejemplo lamentable se vio el 24 de mayo de 2008, en la ciudad de Sucre, cuando un grupo de indígenas y campesinos chuquisaqueños (entre mujeres, ancianos e incluso niños) fueron sometidos a una serie de vejaciones y humillaciones por parte de grupos de citadinos que rechazaban su presencia en la ciudad; y
3) El vínculo con los grupos de poder locales –entiéndase poder político y económico– puesto que la efectividad de las acciones de estos grupos, requiere una logística importante y cierta “protección” a nivel de autoridades departamentales, para que las consecuencias de los actos vandálicos no quiebren a las estructuras de las organizaciones como tales. En esa línea, vale como ejemplo clave la relación existente entre el Comité Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que, incluso, puso a disposición un número importante de miembros para que se sumen al grupo terrorista secesionista liderado por Eduardo Rósza Flores, que operó allí entre agosto de 2008 y abril de 2009.
Ahora bien, estas conformaciones irregulares generalmente pierden notoriedad luego de que las instituciones de seguridad llamadas por ley retoman el control de las ciudades, pero el caso de Cochabamba ha seguido un rumbo a contra dirección. La brutalidad del chovinismo racista, tal como que se vivió aquel aciago 11 de enero de 2007, no solo se repitió con mayor dureza los días previos a la renuncia del presidente Evo Morales, sino que inmediatamente se autoproclamó la nueva Presidenta del Estado, la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJK, por las iniciales con las que se dieron a conocer) recibió el reconocimiento de las nuevas autoridades nacionales, hecho del que se valieron para dar continuidad a sus actividades delincuenciales.
Sin embargo, se debe mencionar que la RJK generó ciertas simpatías en algunos sectores, probablemente porque contaban con un aparato de difusión de información falsa, que casi siempre se refería a que grupos de “cocaleros” o campesinos estaban arribando a la ciudad para saquear viviendas y cometer una serie de atrocidades en contra de las familias. A ese contexto se debe sumar el hecho de que la Policía se preparaba para el motín del 9 de noviembre, razón por la cual su inacción fue evidente.
Desde la recuperación de la democracia en 1982, Bolivia no había vivido momentos tan complejos en los que agrupaciones de civiles con encapuchados, con armas contundentes y otras de fuego artesanales y en medio de una revuelta social, hayan tenido que cumplir roles que le corresponden constitucionalmente a la Policía, tales como decidir quién podía pasar algún puente o punto de bloqueo, hacer la revisión de documentos personales o auscultar mochilas y maletines o encadenar a cuanta persona consideren “sospechosa” y tenerla en esa condición hasta verla desfallecer para recién dejarla ir.
En esta línea, resulta inadmisible pensar que la RJK es una organización defensora de la democracia y que sus actividades fueron o pueden ser legales. El hecho de que las autoridades transitorias hayan celebrado el accionar de estos individuos, responde a que el Gobierno requiere de una base social que le otorgue algo de legitimidad y debe recurrir a cualquier movimiento que haya expresado públicamente su desacuerdo con el gobierno del expresidente Evo Morales. Desafortunadamente, como la RJK, la mayoría de las agrupaciones que operaron violentamente entre octubre y noviembre de 2019, lo hicieron atacando de forma selectiva a indígenas, campesinos y personas de barrios pobres.
Si algo –definitivamente– es imposible de borrar en las calles de las ciudades, son las marcas que quedan luego de que los muros han sido testigos de episodios de violencia desmedida, violencia de acción y de insultos; esas heridas que quedan en el asfalto o las losetas cuando han soportado la brutalidad racista con la intensidad que la vivió Cochabamba en aquellos días.
- Abogado defensor de los Derechos Humanos
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