septiembre 18, 2020

La transparencia, un valor en cuarentena


Por Verónica Navia Tejada -.


Una de las grandes preocupaciones en la gestión pública es combatir la corrupción, considerada como la peor de las enfermedades en el manejo de los recursos del Estado. Lo que no se dice es que la corrupción es un delito cometido, precisamente, por funcionarios públicos en el manejo de esos recursos, por lo tanto, las muestras para eliminarla deben ser diseñadas y desarrolladas por el mismo Estado.

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada por Referéndum en enero de 2009, con más del 64% de los votos –gozando de legitimidad y legalidad según jurisprudencia nacional e internacional–, la transparencia es uno de los valores que sustentan al Estado, es decir, lo que le da vigor y sentido de permanencia (RAE).
Las denuncias de corrupción han mantenido en vilo la gestión pública, tanto que en 2010, durante el gobierno de Evo Morales, se aprobó la Ley No. 004 de “Lucha contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’”, radicalizando la penas a quienes la cometan y eliminando la posibilidad de prescripción del delito.

Pero ya desde el gobierno de Carlos Mesa –paradójicamente el mismo que autorizó vía decreto la quema de documentos sobre los gastos reservados– se aprobó el Decreto Supremo No. 28168, que tenía como objeto garantizar el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo. El Artículo 3° de este decreto establece que la publicidad de la información es un principio y que la información que genere y posea el Ejecutivo le pertenece a la colectividad y “es pública”.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), asume que la “transparencia gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de organismos públicos sea creada y esté a disposición del público… Hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder…, sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos”.

Entonces, podemos afirmar con meridiana claridad que el no publicarse cierta información referida a los manejos de los recursos del Estado no solamente estaría vulnerando los criterios que establecen la transparencia, sino que, además, nuestro derecho fundamental de contar con esa información.

Cabe aclarar que la información referida a asuntos de seguridad nacional, goza sin mayor trámite, del privilegio de la reserva en la información, pero en tiempos de paz y de pandemia, ¿cómo justifican lo que viene ejecutando el presunto gobierno transitorio de Jeanine Áñez? Nos referimos específicamente a la aprobación, vía Resolución Ministerial, de las modificaciones al manual de los procesos de contrataciones del Estado, el Sicoes.

El Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) es un medio de publicación oficial de las contrataciones del Estado boliviano, la información publicada es de carácter oficial y pública; uno de sus objetivos es el de transparentar la información de las contrataciones realizadas por el Estado. La publicación de la información en este sistema es obligatoria, al menos así lo dice la Ley No. 1267 del Presupuesto General del Estado, promulgada en diciembre del año pasado. Pero desde febrero de este año ya están exentos de publicar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las compras que se realicen a nombre de la “emergencia sanitaria”.

¿Por qué tienen la necesidad de ocultar la información que para nosotras y nosotros es un derecho tenerla? La corrupción es un delito que lo cometen las personas; impedir el ejercicio de derechos al pueblo es una transgresión que la comete el Estado, y ninguna prescribe.

* Socióloga

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