Por Carlos Echazú Cortéz-.
La imputación a Evo, por parte de la Fiscalía, es una forma descarada de llevar adelante una guerra jurídica , lawfare, de parte del gobierno golpista, que tiene la pretensión de criminalizar la protesta y lucha social del pueblo boliviano para inhabilitar al líder indígena en futuros eventos electorales y al Movimiento Al Socialismo (MAS) en la actual contienda electoral.
Por un lado, salta a la vista que la supuesta grabación de una conversación del presidente Evo con el dirigente campesino Faustino Yucra, es una prueba groseramente fabricada. Eso lo puede comprobar cualquier ciudadano si trata de grabar la conversación por celular de otra persona a tres metros de distancia. Entonces, verá claramente que la voz del que está hablando al otro lado de la línea no puede ser escuchada, sino como un susurro inentendible. Menos aún, ni siquiera con las técnicas más sofisticadas se podría detectar de quién se trata. Tampoco se podría presumir que la conversación se lleva a cabo con altavoz, puesto que la actitud del dirigente campesino, en el video, no es la de quien lleva a cabo esa conversación con esa modalidad.
Ahora bien, por un lado, se establece que la «prueba» presentada por el gobierno golpista está completamente fraguada. Por otro lado, la acusación de fondo se refiere a la exhortación a llevar adelante un bloqueo de caminos. Ahora, si en el marco de esa exhortación se insinuó, o si se quiere se instruyó, que no se deje pasar alimentos, es simplemente una consecuencia del bloqueo. Sin embargo, solamente semanas antes de ese bloqueo de caminos, los pititas habían tenido bloqueadas las ciudades durante 21 días. Obviamente, esos bloqueos implicaron una traba al desenvolvimiento económico de sectores populares de la población y, por ende, la provisión de alimentos.
Recuérdese, por ejemplo, cómo tuvieron enfrentamientos con choferes que deseaban circular por determinadas rutas que los racistas estaban bloqueando. Consecuentemente, si se va a considerar que el bloqueo de caminos es una acción «sediciosa y terrorista», entonces los pititas habían incurrido en esas acciones antes que lo hicieran los campesinos. ¿Por qué no se imputa a los promotores de aquellos bloqueos? Simplemente porque su lawfare tiene un profundo contenido racista. Ya lo dijo el gran timonel, Mao Tse Tung, los ricos pueden incendiar todos los campos, pero para los pobres está prohibido encender una vela. De este modo, los bloqueos de los pititas constituyen una «acción democrática», en cambio los bloqueos de los campesinos son «sediciosos y terroristas». Se constata así que a los golpistas les es imposible ocultar su racismo visceral.
Finalmente, la imputación a Evo y a otros dirigentes del MAS, además de ser una prueba descaradamente fabricada y de constituir una lawfare racista, es un intento de criminalizar la lucha social. Los bloqueos de caminos, lejos de ser acciones «terroristas», constituyen un patrimonio de las luchas sociales en nuestro país y condujeron a la reconquista de la democracia. Con ese método de lucha se ha derrocado a dictaduras militares; con esas acciones se detuvo el golpe de Natusch Busch. Por eso es que solo a los golpistas fascistas y racistas, emparentados profundamente con las dictaduras militares, se les ocurre calificar a los bloqueos campesinos como acciones «sediciosas y terroristas». De algún modo, quieren hacer pagar a Evo Morales las victoriosas luchas campesinas contra el militarismo asesino.
Por todas estas razones, el bloqueo de caminos y el cerco de las ciudades constituyen herencias gloriosas de nuestra historia. Devienen desde las luchas anticoloniales de Tupak Katari y Tupak Amaru. Los bloqueos campesinos que se tendieron en noviembre de 2019 tienen exactamente el mismo contenido heroico, de defensa de la democracia y de resistencia al golpe fascista, que tuvieron todas las luchas de nuestros mártires a lo largo de la historia. Por eso, la imputación a Evo, es una imputación a la historia.
* Militante de la izquierda boliviana
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