agosto 11, 2020

Bolivia: en marcha huelga nacional y bloqueo de caminos en defensa de “la Vida, la Democracia y el Trabajo”

Por Ernesto Reyes-.


Bajo la consigna ¡Basta carajo¡ los movimientos sociales, tras una masiva marcha de más de 7 kilómetros y un cabildo en la ciudad de El alto, determinaron ayer martes otorgar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un plazo de 72 horas para celebrar elecciones generales el 6 de septiembre o, caso contrario, declarar una huelga general indefinida y bloqueo nacional de caminos a partir del lunes 3 de agosto.

La multitudinaria marcha y concentración en defensa de la vida, la democracia, la educación, la salud y el trabajo, que también se registró en todo el país, incluido un bloqueo de caminos en la localidad de Parotani, que es la vía de salida para conectar a los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro, contó con la participación de campesinos, indígenas, obreros, vecinos y jóvenes que no retrocedieron a pesar de las amenazas de todo tipo formuladas por el gobierno el lunes pasado. Contrariamente a la desacreditación que autoridades del gobierno y periodistas hicieron de la protesta por poner en riesgo a la gente para contagiarse por el coronavirus, los movilizados con barbijos e incluso muchos con guantes demostraron que el ejercicio de sus derechos políticos no es incompatible con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios.

La concentración fue convocada por la histórica matriz de los trabajadores, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones indígenas campesinas, en rechazo a la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, presionado por el gobierno de facto y la ultraderecha del país sudamericano, decidió postergar las elecciones generales para el 18 de octubre, lo que implica la tercera vez que se aplaza las elecciones más importantes de este país en las últimas dos décadas.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de trabajadores de las ciudades y el campo empezaron a congregarse en Senkata, una popular zona de la ciudad de El Alto donde en noviembre de 2019 policías y militares reprimieron una protesta social con el saldo mortal de cerca de una veintena de personas y decenas de heridos, para luego marchar más de ocho km hasta La Ceja, de esa misma ciudad.

El criterio unánime de las organizaciones sociales es que la triple crisis boliviana –política, sanitaria y económica– solo tendrá posibilidades de ser encarada por un gobierno legítimo que surja de las urnas, y que mientras más se demore la realización de elecciones, más le costará al país enfrentar los efectos de esta crisis que ya se traduce en una economía estancada, miles de despedidos en el sector público y privado, recortes de salarios, una radical baja en los niveles de consumo y un notorio crecimiento de la pobreza. Por si fuera poco, el alimento cotidiano que se tiene que comer la gente son las palabras siempre amenazantes del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien algunos dentro del propio Gobierno consideran el responsable de que Áñez vaya más para abajo en la preferencia electoral.

Pero el Ministro de Gobierno no se queda solo. Una burda manipulación del ministro de Defensa, Fernando López, ayer lunes, quiso descalificar la movilización al advertir a los habitantes de ambas ciudades que los cocaleros estaban llegando desde el central departamento de Cochabamba para contagiar con el coronavirus. La declaración del ministro, que incurre en una forma de discriminación penada por ley, no impidió que la mayor parte de la población saludara a los marchistas y se adhiriera a sus demandas, lo que da cuenta que el termómetro político no juega a favor del oficialismo que no supera el 12% promedio en la intención de voto.

Una vez que Jeaninne Áñez asumió la presidencia de Bolivia, tras una inédita e inconstitucional forma política, el llamado a elecciones, que tuvo que ser de inmediato, se demoró cerca de dos meses y recién se la fijó para el 3 de mayo, la que fue postergada con el argumento de la pandemia, cuya cantidad de casos era mínima ese momento, para el 2 de agosto, y luego, con ese mismo recurso, trasladarla para el 6 de septiembre y ahora para el 18 de octubre.

El grosero uso de la pandemia ya no convence a la mayor parte de los bolivianos que, en cerca del 71%, respondió que asistiría a las urnas el venidero 6 de septiembre. Pero el TSE prefirió dar la espalda a ese dato de la realidad obtenido por un estudio de una fundación alemana y, por el contrario, acceder a la presión de los partidos de la ultraderecha que, aunque con tensiones internas, amenazan de nuevo con sus grupos paramilitares.

Y tanto no convence el discurso de la pandemia, cuyo número de casos activos pone al descubierto el fracaso de la estrategia del Gobierno para controlarlo, que incluso periodistas nada afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), como Mery Vaca, de Página Siete –un medio que no se cansa de golpear cada que puede a esa organización de izquierda– sostuvo en su cuenta twitter en la tarde del lunes: “Hay juego político de ambos lados, sin importar la salud de la gente. Cuando las elecciones iban a ser en agosto, se anunciaba el pico para agosto, cuando iban a ser en septiembre la curva también iba a ser en septiembre. Ahora la curva será en octubre”.

El objetivo de fondo de la ultraderecha es una nueva convocatoria a elecciones para marzo o abril del siguiente año, de tal manera de tener tiempo para recuperar su imagen deteriorada por la triple crisis, conformar una sola candidatura de las tres que tienen (Añez, Camacho y Quiroga), impulsar la proscripción del MAS y de su candidato Luis Arce, e incluso confiar que el demócrata liberal Carlos Mesa, que apoyó el golpe de Estado y luego tomó distancia, se baje de la competencia o sea funcional a la ultraderecha.

 

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