Desde hace un tiempo atrás, Carlos Mesa anda insistiendo en que el Movimiento Al Socialismo (MAS) todavía gobierna Bolivia, debido a que no solo tiene control sobre el Parlamento, sino también sobre el poder judicial. El argumento que expone para intentar sustentar su afirmación es que la demanda que él y Comunidad Ciudadana (CC) han presentado contra el MAS, por el supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre pasado, no avanza. Entonces sugiere que el MAS estuviera «moviendo hilos» en el poder judicial para que el caso se archive, supuestamente.
Ahora bien, el asunto de las elecciones del 20 de octubre de 2019 es ciertamente un tema no resuelto y de altísima importancia política. Esas elecciones fueron anuladas, sin que hubiera un proceso formal de confirmación, en la instancia competente, que determinara que esos comicios efectivamente fueron fraudulentos. Este solo hecho demuestra que lo que hubo en noviembre del año pasado fue un golpe de Estado.
Por otro lado, la justicia ordinaria no es el ámbito para determinar si hubo o no fraude en aquellas elecciones. La instancia, fijada por norma para esa determinación, es obviamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es decir, este el árbitro. Sin embargo, los miembros del Tribunal, así como de los Tribunales Departamentales, fueron detenidos y varios de sus recintos incendiados. Este es otro hecho, que por sí solo, demuestra que lo que hubo fue un golpe de Estado.
Al respecto se podría argumentar –acá hago de abogado del diablo– que no podría ponerse esa determinación en manos del TSE, puesto que era el acusado de realizar el fraude, es decir, no podía ser juez y parte. Entonces consideraron que lo más oportuno era incendiar sus ambientes y detenerlos. En esa condición de detenidos preventivos, se encuentran desde hace nueve meses, sin que el caso pueda avanzar en la justicia ordinaria, pues esos juzgados no se habían puesto nunca en la situación de determinar si hubo o no fraude, no están hechos para eso. Otra vez, como abogado del diablo, respondo: es que en la justicia ordinaria no se está juzgando el hecho de si hubo o no fraude, sino que está juzgando a las personas por los delitos que presuntamente cometieron dentro del fraude. Ahora se va develando el enredo en el que se encuentran, pues ¿cómo será posible juzgar a alguien por su participación en un delito que no se sabe, en rigor, si existió o no? El problema puede plantearse en los siguientes términos para su mejor comprensión: si no hay un cadáver, pues no se puede juzgar a nadie por asesinato.
¿Donde está la prueba del supuesto delito?, ¿en el informe de la Organización de Estados Americanos (EA)? ¿Alguien puede realmente pretender que eso sea una prueba? Obviamente que no, pues en un 95% ese informe se refiere al TREP, es decir, a material no oficial, y aunque fuera oficial la muestra no es suficiente. Otro 5% de ese informe se refiere efectivamente a actas electorales, pero entonces se trata de una cantidad ínfima, ni siquiera cuantificada, por eso es que el informe habla de irregularidades y no utiliza el término «fraude», en ningún lugar. Y si de irregularidades se trata, pues la ley contempla lo que se debe hacer con esas mesas; anularlas y repetir la votación. En ningún lugar, la ley dice: «de encontrarse irregularidades, incéndiense los ambientes de los tribunales electorales y deténganse a sus vocales».
Como si este entuerto no estuviera ya suficientemente enredado, Mesa lo enmaraña más. Ni siquiera hay prueba material del presunto delito y él introduce una demanda por «autoría intelectual» contra Evo Morales, en un burdo intento por lograr la proscripción del MAS. Después de esto, tiene la desfachatez de quejarse porque el juicio no avanza.
Ahora bien, ante semejante cantinflada, habrá que intentar poner las cosas en su lugar. ¿Existe posibilidad de presentar una prueba material del delito de un fraude electoral? En ese caso, ¿cuál es la prueba? Pues, obviamente, la prueba –de haberse efectivamente realizado un fraude– estaría en las actas electorales. Y el hecho es que Carlos Mesa y su CC, así como los demás frentes que participaron en esas elecciones, tienen copias de las actas electorales de cada una de las 33 mil mesas. Si realmente hubiera existido un fraude en aquellas elecciones, Mesa no tenía más que, ante instancia competente, presentar esas actas y demostrar el fraude. ¿Por qué no lo ha hecho ya en el curso de los nueve meses transcurridos? Pues la respuesta es una sola; él sabe que no hubo fraude, pues tiene la prueba de que no hubo fraude en esas actas electorales.
A raíz de este simple razonamiento, correspondería al MAS presentar una contrademanda contra Carlos Mesa y su CC por calumnias y difamación y, en ese marco, exigirle que presente esas actas electorales. El caso, además, es que no sería suficiente que presente algunas actas con irregularidades, más bien debería presentar una monumental cantidad de actas electorales para demostrar el fraude. El término «monumental» ha sido utilizado por él mismo.
También debería exigirse que Mesa sea responsabilizado por la indebida anulación de las elecciones del 2019, ello implica, entre otras cosas, que deba pasársele la factura del costo de la organización las elecciones, así como de los Tribunales Departamentales incendiados, esto último, por autoría intelectual.
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