Por Carlos Echazú Cortéz-.
Del mismo modo que en octubre del año pasado, cuando una terrible campaña mediática para posicionar en la opinión pública el imaginario de un supuesto fraude electoral, fue la antesala de las masacres de Sacaba y Senkata, hoy se desarrolla, de modo muy infame, otra campaña en los medios de comunicación. Se grita a voz en cuello que los bloqueos de caminos, que ha convocado la Central Obrera Boliviana (COB) en protesta por la ilegal e ilegítima postergación de las elecciones, sería delincuencial y criminal, atentando contra la salud de la población, porque impiden el paso de los transportes que llevan a las ciudades los tubos de oxigeno, así como medicamentos y otros insumos, requeridos en los hospitales que combaten el coronavirus.
La campaña abrumadora, en la que se muestran personas en las puertas de los hospitales, suplicando con llantos, que se dote de oxígeno a sus parientes infectados, tiene el claro objetivo de generar una «opinión pública» que clame por la intervención militar y policial a los bloqueos. Incluso se ha llegado a elaborar estadísticas de muertos ocasionados por la falta de oxígeno en los hospitales.
La caracterización de la protesta social, manifestada en bloqueos de caminos como actos delincuenciales, tiene el claro propósito de deshumanizar a los bloqueadores, de tal modo que la brutalidad con la que actúen militares y policías no sea condenada como violación a los Derechos Humanos. En este marco, el Gobierno ha formulado una demanda contra los promotores, reales e imaginarios, de los bloqueos por genocidio a la población, «en grado de tentativa». En este mismo sentido, se acusa a los bloqueadores de saquear los camiones varados, para consolidar la idea de que efectivamente se trata de grupos delincuenciales.
Más aún, la campaña muestra a personas que acusan al Gobierno de incumplir su misión de resguardar el orden y garantizar la provisión de insumos a los hospitales. Advierten que serán ellos mismos, organizados como «ciudadanos», que se darán a la tarea de realizar los desbloqueos, ya que el Gobierno no tiene voluntad de cumplir con su rol constitucional. Esas declaraciones, provenientes de grupos paramilitares que ya actuaron en el golpe de octubre y noviembre del año pasado, tienen la finalidad de dotar al Gobierno de un argumento más para realizar los desbloqueos y «de ese modo, impedir un enfrentamiento entre ciudadanos».
Así también, se ha dado amplia cobertura a las declaraciones del ministro del terror, Arturo Murillo, en relación a que existirían grupos armados entre los bloqueadores, a manera de adelantar que los muertos que vayan a surgir en los desbloqueos, serán producto de las balas de esos grupos armados y no de las «fuerzas del orden».
Toda la campaña, que obviamente es lanzada por el mismo Gobierno, tiene el objetivo infame de presentarse a sí mismo como un gobierno presionado por «la población» para realizar el desbloqueo de las carreteras que, con mucha probabilidad, desembocarán en masacres contra la población campesina.
Ahora bien, esta campaña es selectiva y se caracteriza por ignorar e invisibilizar otros aspectos del asunto. Por ejemplo, los medios de comunicación del establishment jamás muestran las multitudinarias concentraciones de personas que se realizan en los puntos de bloqueos o en las marchas hacia esos puntos. Allí se puede ver, gracias a los videos caseros que circulan en las redes sociales, a los estratos campesinos más humildes de la población boliviana, aquellos a cuyo nombre hablan todos los políticos, dado que políticamente siempre es fructífero hablar por los más pobres. Pues bien, allí están ellos, hombres, mujeres, niños y ancianos, realizando los bloqueos de carreteras, arriesgando sus vidas, ante las amenazas del gobierno fascista, insistiendo en que ya no están dispuestos a ser burlados una vez más con una postergación de elecciones, por un supuesto pico del virus que persigue sistemáticamente a las fechas de las elecciones. Entienden muy bien que este Gobierno no puede presentarse como defensor de la salud puesto que es responsable de hacer negociados con las compras de los respiradores, por su negligencia en dotar de insumos a los hospitales y por su negativa a rendir cuentas de los recursos obtenidos en el exterior para combatir al coronavirus.
La campaña mediática obvia mostrar cómo los bloqueadores han decidido mediante instructivo de sus dirigencias y de convicción propia, dejar pasar a los transportes que llevan insumos para los hospitales, así como ambulancias. De este modo, la campaña de los medios no solo es mentirosa, sino completamente mal intencionada y está en el claro propósito de estimular una masacre de proporciones muy grandes.
Por otro lado, el representante de la defensoría del pueblo de Cochabamba ha denunciado que el Gobierno hubiera instruido a la empresa PRAXAIR, proveedora de oxígeno, no enviar provisiones a otros puntos del país. Esta denuncia la ha realizado en las puertas de la empresa, desenmascarando que el causante de la escasez de oxígeno es el propio gobierno.
Igual se ha desenmascarado la infame acusación de saqueo de los camiones varados en las carreteras con la presentación de uno de los conductores de esas movilidades, en la que señaló que no hubo ningún saqueo, más bien, él había decidido vender su carga de pollos a las personas que se encontraban en el camino.
Todas las acusaciones de la infame campaña resultan mentiras interesadas para maliciosamente generar una «opinión pública» que no solo apruebe, sino más bien estimule una horrorosa masacre a la población más humilde, pero más consciente del país.
* Militante de la izquierda boliviana
Dale camarada… No hay que guardarse la rabia que nos acecha a todos por esta mentiras infames, que esgrime este gobierno de facto. Que no sabe como prorrogarse en el poder. Pues recibe instrucciones de la embajada . A la que tiene que obedecer.